Por: Piero Emmanuel Silva Arce
Con 1.891.034 casos confirmados de covid-19 en Colombia, 48.256 muertes, 1.711.924 recuperados y 150.570 casos activos, el virus sigue avanzando de manera acelerada. La ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de las ciudades ya están llegando a su tope, la situación económica desmejora notablemente y el Gobierno trata de disfrazar su incapacidad y negligencia administrativa cacareando muertes y capturas de delincuentes de bandas criminales. Esta situación, sumada a la voracidad de las compañías farmacéuticas, que tienen de rodillas a los Estados, hace del presente un panorama desolador que exige una comprensión profunda de la realidad y un plan de acción política con un horizonte de justicia social.
El modelo de mercado neoliberal, implementado con ahínco después de la década de 1980 como estrategia del desmonte del Estado de Bienestar, generó una privatización paulatina de los derechos fundamentales. Pagar por estudiar, por ser atendido en un consultorio, por la comida y por la vivienda, se fue naturalizando; en esencia, la posibilidad de vivir entró en la lógica mercantil, el que tiene dinero vive, el que no, muere. En Colombia, por ejemplo, el modelo de medicina prepagada es indigno e insultante, solo unos privilegiados tienen acceso a especialistas de forma rápida mientras la mayoría de ciudadanos viven largos procesos de cita en cita, lo cual implica un deterioro constante de la salud. Esta perversa lógica obedece al orden del mercado internacional y es por eso que la pandemia se ha convertido en un problema de gran magnitud. Hoy todo el mundo debate sobre la rapidez de los Gobiernos para adquirir las vacunas, pero pocos se preguntan por qué esa vacuna se tiene que comprar. Detrás solo hay un negocio multimillonario y con ello un aumento de la pobreza y la marginación a nivel planetario. En lo local, la administración de Duque se está contradiciendo desde diciembre con los tiempos de las compras de los medicamentos y con el inicio del plan de vacunación; las mentiras constantes solo han producido confusión, desconcierto y, también, han reafirmado lo que algunos advertían sobre su compromiso con la corrupción, a costa del bienestar general.
Cuestionar el orden establecido es un deber si se está a favor de la vida. La comunidad internacional, en la línea de los Derechos Humanos, debería exigir que la vacuna sea un bien público. La ciencia debe avanzar para garantizar la vida digna en el planeta, sin embargo, la lógica del mercado la pone al servicio de unos pocos. Seguir de rodillas no es la solución.