Germán Palomo García
Tres proyectos aprobados en el cierre de las sesiones ordinarias del Congreso tocan con el empresariado en momentos en que todo el país está inmerso en la reactivación económica por lo que uno de ellos ha causado gran polémica, aunque todos tienen que ver con ella: El incremento de la llamada “Ley María” que amplía la licencia de paternidad de ocho días a cinco semanas para vincular a los padres al cuidado de los recién nacidos; la llamada “Ley de la comida chatarra” que obliga a incorporar en el etiquetado de los alimentos información real sobre el contenido calórico y de grasas para productos comestibles y bebibles y el que reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera gradual comenzando en 2023 con una primera reducción de dos horas. Si bien es claro el beneficio para los trabajadores que ven reducidas las horas de trabajo cuya liberación puede facilitar la realización de actividades de integración familiar sin menoscabo de sus ingresos laborales no hay garantía de que esto se logre y, por lo contrario, puede alentar tradicionales problemas del mercado laboral aunque todo requiere un tiempo más referido al largo plazo.
Los gremios, al unísono, ven en esta decisión un mayor costo para las empresas, una contradicción frente a la recuperación económica y mayor informalidad y desempleo. Vamos por partes. El mayor costo para las empresas parte del supuesto de que no se mejorará la productividad por lo que esas horas que ya no laborarán los trabajadores tendrán que sustituirse por más empleados o “negociar” con los mismos unas horas extras cayendo en la informalidad. Para la ANDI, no se generarán nuevos empleos y las empresas se limitarán a la capacidad de producción de la nueva jornada laboral y estima que se perderían 500.000 empleos.
La clave está en la productividad integral, es decir, no solo la que aportan los trabajadores sino las herramientas con que cuentan para realizar su trabajo. Este interrogante es muy difícil de responder. Personalmente, no creo que los trabajadores puedan generar la misma producción en la jornada de 42 horas por lo que habrá que contratar empleados para mantener los volúmenes de producción durante los primeros años de vigencia de la medida generando, por supuesto un mayor costo. Esta decisión hay que verla como un gran reto para el empresariado colombiano. Es necesario afrontarlo social y económicamente.
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