Germán Alfonso López Daza*
La reciente declaratoria de guerra por cuenta de los líderes disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC -Santrich, Márquez y el Paisa-, revive el temor por parte de la población, del renacimiento de hechos terroristas que tanto marcaron la vida de los colombianos durante el siglo XX.
Las amenazadoras advertencias de rearmarse y unirse –supuestamente- con el ELN, generaron sentimientos de rechazo, tanto entre quienes apoyaron de forma indiscutible el proceso de paz, como entre los detractores, principalmente de las toldas uribistas. Estos últimos se concedieron la razón frente a sus advertencias de que el proceso de paz era una farsa y ahora exigen desmontar lo acordado con la guerrilla.
Todo este panorama ha generado gran confusión, discusiones y acusaciones entre ambos sectores frente a su mutua responsabilidad por haber llegado a este punto que nunca se previó. Muchos críticos no entiende cómo la JEP, habiendo tenido en sus manos la posibilidad de procesar a Santrich por sus nexos con narcotraficantes, haya optado por ordenar su libertad, y hoy después del comunicado, emita una orden para su captura y las de sus compinches.
Frente a estas amenazas de recrudecimiento de actos terroristas, el Estado debe tener firmeza y preparar su fuerza pública para asegurar la vida y derechos de todos los habitantes. La paz y tranquilidad lograda en el 2016 debe ser defendida a toda costa, pues es mucho lo que se ha avanzado pero también mucho lo que falta por recorrer. Es imperativa la protección de los desmovilizados de la guerrilla, así como el cabal cumplimiento de lo acordado en La Habana y en el Teatro Colón. No debe haber lugar a declaraciones de guerra en contra de la paz, que aunque incipiente y con debilidades, debe ser preservada por los colombianos y sus dirigentes.
El Estado debe honrar la palabra cumpliendo como lo ha venido realizando, desplegando más protección a los líderes sociales, efectuando más inversión social en las regiones azotadas por las FARC y haciendo un llamado a la comunidad internacional para que respalde su política de paz. No queda otro camino. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).