Sergio Felipe Salamanca Borrero
El proceso de preparación de la columna de esta semana estuvo marcado por dos sucesos muy interesantes. Por una parte, tuve la oportunidad de tener acceso a una sentencia hito en materia ambiental, pocas horas después de haber sido proferida, y por otra, tuve el honor de conversar con una persona que ha tenido participación activa en la protección del medio ambiente en Bogotá, en casos como este y otros, la concejal María Fernanda Rojas.
En concreto, el fallo al cual quiero hacer referencia es la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del proceso adelantado por Gladys Cifuentes y Sandra Patricia Bohórquez, contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual concluyó nada más y nada menos, que con la declaratoria de nulidad de todo el Decreto 565 de 2017, acto administrativo, mediante cual se llevó a cabo la modificación de la política de humedales del Distrito Capital, con la finalidad de brindar una base jurídica que hiciera posible la construcción de obras urbanísticas duras en los humedales bogotanos, haciendo que existiera una regresión en la protección de este tipo de ecosistemas.
Aunado a lo anterior debe llamarse la atención sobre el hecho de que el Decreto 565 de 2017 fue expedido con el desconocimiento del derecho que tiene la ciudadanía de intervenir en asuntos medioambientales, que en el presente caso, se materializaba en la función consultiva que desempeña el Consejo Consultivo Ambiental, instancia que no fue tenida en cuenta dentro del proceso, llevando a que se configurara la nulidad por la infracción y el desconocimiento de disposiciones de rango legal y constitucional.
Ahora bien, es en este punto donde uno tiene que cuestionarse cómo un acto administrativo con este enfoque y alcance pudo haber nacido a la vida jurídica, más aún cuando nos encontramos en un ordenamiento jurídico rico en disposiciones encaminadas a la protección de la naturaleza y en particular, de este tipo de ecosistemas, siendo Colombia signataria de la Convención de Ramsar, instrumento internacional encaminado a la conservación de humedales. Pero eso no es todo, además de los aspectos legales e institucionales considero que, como ciudadanos debemos preguntarnos qué hemos hecho y qué vamos a hacer para salvar nuestros humedales, que en el caso particular de Neiva, han estado agonizando a la vista de todos, durante años.