Aunque parezca insólito, el juez segundo de garantías profirió medida de aseguramiento contra el fallecido Germán Garrido, cuya muerte no fue certificada. Juan Manuel Barrero, será detenido en centro carcelario, el ganadero Eugenio Fernández tendrá detención domiciliaria.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanación.com.co
Si Germán Garrido no hubiese muerto, a partir de hoy estaría preso. Increíble pero cierto.
El juez Segundo Penal Municipal de Garantías de Neiva le dictó medida de aseguramiento con detención efectiva en centro carcelario como “probable determinador” del crimen de la ex jefe de la Dian, Celia Escobar, ocurrido hace siete años.
Además, ordenó la privación de la libertad para los otros dos imputados, José Manuel Barrero Baquero, a título de coautor y al ganadero Eugenio Fernández Polanía, en calidad de cómplice.
Aunque los dos han negado su participación, ayer se definió su situación jurídica por su eventual participación en el crimen ocurrido el 10 de mayo de 2013.
“La medida resultan adecuadas, necesarias y proporcionales porque los implicados resultan un peligro para la sociedad”, insistió el juez.
La decisión aunque parezca insólita fue proferida ayer al término de una audiencia que se prolongó durante ocho horas en una nueva fase de la investigación, que podría comprometer a otras personas, incluyendo a funcionarios de la propia Dian.
Garrido Osorio, el principal imputado, murió el 14 de octubre en la clínica Medilaser donde permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos afectado por la pandemia.
El polémico empresario, de 57 años recién cumplidos, no logró sobrevivir al covid-19. Sin embargo, su fallecimiento no ha sido certificado y por lo tanto, “sigue vivo en el expediente judicial”.
Aunque parezca imposible, al no estar documentalmente certificado su fallecimiento, el juez de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía y ordenó al Inpec, que una vez en firme, haga efectivas las medidas de aseguramiento.
Con antelación, el apoderado de Garrido informó que no tenía en su poder el certificado de defunción, ni el acta de levantamiento para probar que Garrido estaba muerto.
¿Otros implicados?
Al no estar probado su deceso, el funcionario judicial avanzó en la judicialización, argumentando que en esta nueva fase de la investigación “aún hay mucha tela por cortar y son muchos más los implicados, incluyendo a funcionarios de la Dian.
Al formular la imputación, el fiscal anunció que solo descubrió el diez por ciento del material probatorio y evidencia física que comprometería a otras personas, incluyendo a los tres imputados.
Según los funcionarios judiciales, el crimen se planeó en el parque temático Huiláfrica con la participación de por lo menos dos funcionarios de la Dian y de otras personas que ayudaron en la consumación del crimen.
“Además de los dos condenados por el crimen hubo otros involucrados, contratados por el señor Germán Garrid, al parecer ya fallecido, quien canceló por el execrable crimen, la suma de 40 millones de pesos, que se entregaron a los autores materiales en la segunda fase”, precisó el juez.
También hubo otros participantes en la fase previa de ideación, planeación y preparación. “Lo cierto es que otras personas hicieron parte del plan criminal y se pagó mucho más de lo referido”, acotó el juez.
“Está establecido -agregó- que la persona que planeó, ideó y diseñó el itinerario de la conducta punible fue el empresario Germán Garrido Osorio, conocido en la actuación como autor intelectual del crimen de la funcionaria de la Dian”
“Bajo promesa remuneratoria contrató a los sicarios para la ejecución del lamentable hecho, cuya planeación tuvo lugar en una de sus propiedades, en el parque temático conocido como ‘Huiláfrica’, insistió el juez de garantías al sustentar la medida de aseguramiento.
Valoración probatoria
“Si bien el testigo incluyó en múltiples contradicciones, no son trascendentales como para desestimarlo”, anotó el juez respondiendo los cuestionamientos de la defensa para impugnarle credibilidad.
“No solo con la declaración del testigo se soportó la inferencia. Se confrontó con otros elementos materiales probatorios”, insistió.
Baquero habría estado en el sitio donde ejecutaron a la funcionaria. Según una testigo, el imputado estuvo ese lugar.
“No es cierto que Fernández Polanía no tuviera nada que ver. Los dos no fueron ajenos al hecho. No tiene vocación de prosperidad el argumento que el señor Eugenio Fernández es totalmente ajeno a los hechos investigados”, anotó el togado.
En el caso concreto, si excluimos a Fernández Polanía, se logra colegir con meridiana claridad que sin su participación de toda manera el crimen se hubiese consumado.
El aporte de Eugenio no fue necesario ni esencial, por eso le asiste razón a la Fiscalía que le imputó cargos en calidad de cómplice.
Sin embargo, a José Manuel Barrero la Fiscalía, el imputó coautoría agravado por haber estado en momentos previos en el sitio donde ocurrió el crimen, dejando en claro, que simplemente lo vieron en el sitio.
“De ello no hay ninguna discusión. La contribución no fue relevante, para ser coautor”, explicó.
El juez estimó que las declaraciones previas de dos de los tres imputados, inculpando a otras personas, supuestamente para desviar la atención, no son suficientes para considerar que afectan el debido ejercicio de la administración de justicia.
Tampoco son latentes las amenazas y agresiones a los testigos como Juan Camilo García y César Badillo, ocurridos hace varios años.
“Además, dijo, la Fiscalía no aportó elementos que permitieran corroborar los ataques de que fueron víctimas estando presos, ni soportó las medidas de protección que se adoptaron”.
Un peligro
Sin embargo, al hacer la valoración sobre el peligro para la sociedad, estimó que existen elementos que permiten establecer que la medida de aseguramiento privativa de la libertad, resulta adecuada al fin constitucional, necesaria y proporcional.
Con estas consideraciones, profirió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el empresario, Germán Garrido, ya fallecido por los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas.
La misma medida con detención carcelaria fue impuesta a José Manuel Barrero Baquero como probable coautor. En cambio, al ganadero Eugenio Fernández Polanía, le impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria, bajo caución estimada en un salario mínimo, que deberá cumplir en su finca ‘Papayal’ en Teruel.
Además, ordenó al Inpec que en firme, haga efectiva las medidas o en su defecto librará las órdenes de captura. La Fiscalía, la Procuraduría y los abogados de las víctimas respaldaron las medidas.
Apelación
En cambio los abogados de la defensa, apelaron de inmediato la decisión del juez de garantías.
El apoderado de Garrido se opuso a la medida carcelaria. De entrada señaló que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta, persistió en acusar a otras personas, no imputadas por la Fiscalía y pidió que se revoque.
“El juez no tuvo en cuenta las argumentaciones, solo confirmó las incoherencias de la Fiscalía”, anotó.
Además, estimó que hubo una manipulación de la Fiscalía con los testigos.
“A pesar de que mi defendido está muerto, no tenía móvil para matar a la señora Celia, no existía ningún motivo para pagarle a varias personas para asesinarla”, insistió.
El abogado Sebastián González puso en duda los testimonios del testigo estrella, cuestionó el material probatorio y pidió que se revoque la medida.
El fiscal Farid Plata reiteró los soportes de su imputación y respaldó las medidas.
“Resulta temerario que el defensor de Garrido, siga vinculando a otras personas sobre las cuales la Fiscalía no tiene ninguna razón”, expresó.
¿Amenazado fiscal?
“Ganó la corrupción en la Fiscalía con Farid Plata, aseguró el imputado José Manuel Barrero al término de la audiencia. Luciendo un tapabocas con un letrero “Falso Positivo”.
La misma frase fue remitida en un mensaje de wasap al fiscal Farid Plata, que interpretó como una amenaza.
“No me dejo intimidar, señor Barrero. Este mensaje coincide con lo que usted acaba de anunciar. Y no lo voy a permitir, aquí no ha ganado nadie, estamos en una primera fase y hay que dar el debate probatorio”, insistió.
Las imputaciones
Aunque el gestor del parque temático Huiláfrica Salvaje, siempre negó cualquier participación en este atentado criminal y se declaró inocente, la Fiscalía le imputó cargos como autor intelectual.
Por este homicidio también fueron vinculados en calidad de coautor José Manuel Barrero Baquero y en calidad de cómplice el agricultor Eugenio Fernández Polanía.
El primer imputado, de 55 años, tiene dos condenas por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, proferidas en el 2016 y la última en marzo del año pasado, sentenciado a dos años y seis meses de prisión. Tenía detención domiciliaria.
Barrero Baquero negó reiteradamente su participación. Durante las audiencias sostuvo que la imputación “es una farsa”.
El segundo imputado es el agricultor de Yaguará, de 60 años, Eugenio Fernández Polanía. También negó los cargos. Ninguno se allanó.
Garrido Osorio fue señalado directamente por César Augusto Badillo Galvis, uno de los dos sicarios que perpetraron el crimen cuando la ex funcionaria arribaba a su residencia en el barrio ‘Los Cámbulos’, coincidencialmente, cerca a la vivienda de Garrido.