Por: Marcos Silva Martínez
Las causas y dinámicas del conflicto interno colombiano son políticas y socioeconómicas. Las causas que lo generaron y mantienen tienen relación directa con negación de derechos sociales y económicos legítimos. Son las causas que motivaron el surgimiento de organizaciones armadas ilegales, como las organizaciones guerrilleras, motivadas por el propósito de defender el derecho a la propiedad de la tierra, el trabajo y la vida.
Colombia es la única nación del hemisferio que superó el medio siglo en guerra contra unas guerrillas a las que el estado no pudo vencer por medio de las armas. El reconocimiento de esta realidad, propició los acuerdos para la superación del conflicto, entre Estado y las FARC, los cuales fueron suscritos fundamentados en términos políticos, económicos, sociales y de integración de sus miembros al ordenamiento legal.
Un alto porcentaje de integrantes de las FARC, aceptaron dichos términos y durante más de cuatro años los han cumplido.
El proceso de desarrollo y cumplimiento de los términos acordados, exige tiempo para su implementación y demanda voluntad y responsabilidad política del gobierno de turno, para cumplir las obligaciones asumidas por el estado. Ahí está el talón de Aquiles de los acuerdos de paz colombiano (Ver informe ONU 21-01-2021 sobre violencia en Colombia).
Desde el 7 de agosto de 2018, hay posición ambigua y rechazo por parte del gobierno del Sr. Iván Duque y su partido político en el poder, sobre contenidos y alcances de dichos acuerdos.
La esencia de la posición del gobierno, se fundamenta en el no reconocimiento de las causas del conflicto y al rechazo a medidas y acciones para superarlas, porque afecta intereses económicos y políticos de los eternos usufructuarios del poder político-económico colombiano.
Por ejemplo, sobre propiedad de la tierra: No ha sido posible desarrollar una reforma agraria integral. Es imprescindible. El 0,4 de propietarios poseen el 52 por ciento de las mejores tierras, con predios de más de 500 hectáreas, mientras el 20 por ciento de propietarios solo dispone del 35 por ciento de la tierra titulada y no son de la mejor calidad. 993.000 propietarios son dueños de predios menores de 3 hectáreas. Entre 1960 y el 2010, los latifundios pasaron de 0,4 por ciento a 1,6 por ciento. Incluye el período de la carnicería ejecutada por criminales al servicio de los narcoparapolíticos para realizar una contrarreforma agraria, con los efectos socioeconómicos y de violencia conocidos.
Según la Comisión Interamericana de Juristas, desde el 2002 hasta el 2007 hubo 1.259 denuncias de desaparición forzada de dirigentes campesinos, simpatizantes de izquierda, defensores de derechos humanos, sindicalistas y estudiantes. Asfaddes registró 1.362 desaparecidos en el 2002 y 1.189 en el 2003. Cerca de 68.000 desapariciones y crímenes de lesa humanidad, cometidos desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, denuncia la revista ‘Criminalidad 50 años’, de la Policía Nacional. Y en los años posteriores a la firma de los acuerdos, se agudizó la carnicería, contra desmovilizados y líderes sociales, con tendencia a agudizarse en el presente gobierno, como lo demuestran las cifras del informe de hoy (21-01.2021), de la ONU, sobre la paz en Colombia.
Hay más de 4 millones de desplazados internos. Más de 6 millones de hectáreas robadas. El Gobierno y la justicia, hasta hoy, nada concreto han hecho para identificar a todos los responsables (no son solo los narcoparacos armados; hay burócratas y empresarios impunes), condenarlos y devolver a las víctimas lo que les corresponde, en derecho, es la obligación.
La desigualdad, la pobreza, la miseria, el desempleo y la violencia no ceden. Mientras el índice Gini medio latinoamericano es del 0,50, el de Colombia es de 0,56. Colombia es el país más inequitativo socioeconómicamente, del hemisferio, después de Haití.
En cifras reales: antes de los efectos socioeconómicos de la pandemia, más del 60 por ciento de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. Más del 60 por ciento de la población apta para trabajar está desempleada o en la informalidad. Al menos el 40 por ciento de la población tiene algún nivel de desnutrición.
Son efectos del conflicto, que deben superarse para poder comenzar a construir paz y desarrollo con equidad.
El presidente Santos se comprometió a negociar la solución del conflicto. Logró la concreción de términos y la firma de acuerdos, para la solución.
De parte del gobierno actual, solo hay renuentes e incipientes acciones para la implementación.
La ley de víctimas y restitución de tierras, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz, pueden dinamizar el proceso, si actúan a profundidad, imparcialidad y oportunidad. Desafortunadamente, el actual gobierno, representado por el presidente Iván Duque Márquez, no ha demostrado voluntad para apoyar y hacer efectivo el cumplimiento integral de los acuerdos.
El cumplimiento de los acuerdos de paz, es un desafío gigantesco por la magnitud y complejidad de intereses políticos y económicos en juego y el inocultable poder político-económico de quienes detentan el poder económico-político y de quienes deben devolver las tierras despojadas a sus verdaderos propietarios.
Las reclamaciones y procesos de reconocimiento de derechos de propiedad, tienen que tramitarse ante una institucionalidad fundamentada en un laberinto jurídico y controvertido marco legal, estructurados bajo el poder de la politiquería, el clientelismo, la corrupción administrativa generalizada y los enemigos de los acuerdos de paz, visibles y/o agazapados, en la empresa privada y en la burocracia.
Para que los acuerdos de paz, puedan lograr sus objetivos, es imperativo que el Gobierno en general, en representación del Estado, acepte y reconozca la complejidad del problema, el origen y causas que lo generaron y alimentan y la realidad político-económica y cultural de Colombia.
La solución del conflicto exige superar las causas que lo originaron y sustentan. Sin superar las causas no puede haber paz real y desarrollo socioeconómico integral.
La paz se construye, no se decreta. Negociar y superar las causas del conflicto exige reconocer derechos legales y legítimos. Para los usufructuarios del poder político y económico colombiano, ceder es perder poder y riqueza. Ahí está el nudo gordiano.
Para construir los cimientos de una Colombia civilizada, socioeconómicamente equitativa, con paz y justicia social reales, se requiere que todas las organizaciones políticas y con ellas la sociedad en general, sean conscientes y reconozcan las causas del conflicto, y los gobiernos correspondientes sean responsables y capaces de asumir las responsabilidades que demanda construir democracia con equidad socioeconómica. No bastan leyes y retórica sobre supuestas buenas intenciones. Se necesita remover y superar mezquindades, egoísmo de políticos, gobernantes y dueños del poder económico y político.