Cuatro integrantes de la comisión de disidentes ‘Manuel Marulanda Vélez’ de las Farc, fueron condenados por extorsión y desplazamiento forzado, entre otros delitos. Los delincuentes además deberán pagar una multa de 47 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Rafael Rodríguez C.
Una multa de 46 mil millones de pesos deberá pagar cuatro miembros del grupo de disidentes ‘Manuel Marulanda Vélez’ de las Farc, condenados por extorsionar a comerciantes y enviar panfletos al entonces alcalde de Gigante, un funcionario de la Personería y dos docentes, para que pagaran ‘vacunas’.
La sentencia fue emitida por el Juez Primero Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento, luego de aprobar el preacuerdo que suscribieron los disidentes con la Fiscalía Especializada.
“Con la categórica aceptación al suscribir el acta de preacuerdo, admitieron realizar una declaración de culpabilidad al considerar que la prueba tienen la fuerza probatoria suficiente…”, dijo el togado, al condenarlos a 12 años y 3 meses de prisión.
Se trata de Williams Andrés Bohórquez Tovar, alias ‘Mona Gringa’; Víctor Hugo Mazabel Álvarez, alias ‘Mono Pito’; Maximino Sánchez Chacón, alias ‘Maximino’ y Rulber Albeiro Sánchez Chacón, alias ‘Rulber’, quienes además deberán pagar una multa de 47.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($46.090.879.000) a favor del Tesoro Nacional.
Los cuatro disidentes fueron hallados responsables de los delitos de concierto para delinquir para cometer delitos de extorsión, extorsión agravada y desplazamiento forzado. “Se logró establecer interacciones entre los integrantes de la organización criminal, que demuestran el rol delictivo que cumplía cada uno de ellos…se dedicaban a constreñir a las personas víctimas para que les hicieran entrega de las exigencias económicas que ellos les hacían”, manifestó el juez.
El grupo disidente delinquía en los municipios de Algeciras, Campoalegre y Gigante.
Hasta funcionarios públicos
Los trabajos de investigación permitieron a los efectivos del Gaula de la Policía identificar a cada uno de los miembros de la comisión de disidentes ‘Manuel Marulanda Vélez’ de las Farc, su papel dentro de la ‘empresa criminal’ y judicializarlos.
Los uniformados lograron conocer los movimientos de la banda de disidentes a través de interceptaciones telefónicas y seguimientos. “Se confirmó su participación a través de la actividad investigativa. Se obtuvieron audios en los que se escuchan conversaciones incriminadoras entre los diversos integrantes de la organización…”, dijo el togado en la sentencia.
Las investigaciones dejaron al descubierto que Bohórquez Tovar, Mazabel Álvarez y Sánchez Chacón, se encargaban de la recolección de información sobre potenciales víctimas a extorsionar; la distribución de panfletos extorsivos “citando a las diferentes víctimas para que acudieran a las reuniones con el cabecilla, en las cuales ellos también participaban y les servían de guía para llevarlos hasta el punto de encuentro en la zona rural”, señaló la Fiscalía.
Los tres además eran los encargados del recaudo de los dineros producto de las exigencias extorsivas. “Se comunicaban telefónicamente entre sí con varios miembros del grupo delincuencial con el fin de planear la ejecución de las exigencias indebidas a las diferentes víctimas”, indicó el ente acusador.
Sobre Sánchez Chacón, agregó que además estaba encargado de la exploración de nuevas zonas para extorsionar en el Huila. “Participaba muy activamente en las reuniones que las diferentes víctimas sostenían con el cabecilla alias ‘James’, fijando los sitios de encuentro, el momento oportuno y la forma como debían llegar a ellas; y se comunicaba telefónicamente de manera continua con los diferentes miembros del grupo delincuencial con el fin de planear la ejecución de las exigencias indebidas a sus víctimas y les distribuía las funciones o tareas que cada uno de ellos debía ejercer o realizar”.
Las pesquisas revelaron que un comerciante de Gigante pagó $700.000, en julio de 2018; el propietario de una ferretería también en la Capital Cacaotera del Huila le entregó $300.000 en julio del 2019; otro comerciante del mismo municipio pagó $1.000.000 también en julio de 2019; otro más canceló $600.000 en mismo mes; un matarife de la localidad pagó $145.000 en agosto de 2019; un docente de la vereda Potrerillos entregó $500.000,en septiembre de 2019 y otro docente de la misma vereda $1.000.000 en Septiembre de 2019.
La Fiscalía estableció además que citaron al entonces alcalde de Gigante Josue Manrique, un funcionario de la Personería de Gigante, comerciantes, al rector y la coordinadora del Colegio de Potrerillos y líderes comunales.
Durante el operativo de desarticulación de la banda de disidentes, las autoridades incautaron un sello para la elaboración de panfletos y boletas extorsivas, alusivo a las extintas Farc. Además de un radio de comunicación, dos celulares, libretas y agendas que contenían información de posibles víctimas de extorsión y objetivos de la organización.