A cuentagotas, el Huila se ha venido enterando durante los últimos meses del escándalo de corrupción al interior del hospital de Hobo. Lo que empezó como la pérdida de unos pocos miles de pesos, ya va en más de $158 millones sustraídos de las arcas del centro asistencial de este municipio del centro del departamento.
La historia es calcada de robos electrónicos similares ocurridos en el pasado en tesorerías de alcaldías y otras entidades oficiales huilenses. Para este caso, tal como lo ha venido denunciando LA NACIÓN, el dinero fue sustraído en transacciones hechas de la cuenta oficial del hospital de Hobo en el Banco Caja Social a cuentas de otras entidades financieras el 5 y 9 de julio pasado.
La propia entidad bancaria ya certificó que las transferencias se llevaron a cabo desde una IP del centro hospitalario: “Las transferencias se efectuaron desde la IP 138.117.84.180, la cual, según nuestros registros, fue utilizada en transacciones anteriores que no fueron rechazadas por su entidad. Esto significa que la mencionada IP es recurrente”.
Las 7 transferencias, objeto de investigación, fueron por montos de $8,5 millones; $28,5 millones; $29,8 millones; $27,8 millones; $28,5 millones; $25,4 millones; y $9,5 millones. Como consecuencia de estos hechos, las directivas del Hospital de Hobo han decidido relevar de su cargo al tesorero del centro asistencial, Lisandro Ortíz Ortíz.
Evidentemente, ante este caso de corrupción, urge que las autoridades se movilicen de manera diligente para investigar, recaudar pruebas y sancionar fiscal, disciplinaria y penalmente a los responsables de este desfalco millonario.
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría General de la República están llamadas en el Huila a mostrar más efectividad en la lucha contra los deshonestos que aprovechan las fallas en los controles, la cultura de la ilegalidad y la permisividad social para enquistarse en las entidades oficiales y hacer de las suyas. Una institucionalidad que escudriñe y sancione a los delincuentes garantizará que la sociedad sea menos tolerante con los corruptos en los municipios.
