El director nacional de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Díaz Hernández, fue sancionado por desacatar una orden judicial para garantizar agua potable a internos de la cárcel de Neiva.
RICARDO AREIZA
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Pese a las numerosas acciones judiciales y los requerimientos realizados por los organismos de control, la cárcel de Neiva, no ha logrado superar definitivamente los serios problemas sanitarios por la falta de agua potable.
Aunque la situación es menos dramática que hace cuatro años, la calidad del líquido sigue entre las grandes prioridades.
La crisis se agravó en noviembre de 2017 al colapsar uno de los dos pozos que suministran el líquido al establecimiento que registra un alto hacinamiento.
El viejo pozo que abastece de agua potable los pabellones No. 1 y 2 cumplió su vida útil y se desplomó dejando sin el servicio a los dos patios de reclusión de mujeres.
Desde esa fecha el penal registra dificultades con el servicio de agua potable. Las obras y reparaciones construidas a punta de tutelas no han logrado superar esa deficiencia.
Una acción popular instaurada en el 2006 revivió la problemática y puede despejar de una vez por todas la solución a esta problemática, agravada por la pandemia y ahora por un brote de tuberculosis.
Según el Inpec, la entidad ha venido garantizando en forma permanente el suministro de agua al personal privado de la libertad a través de la instalación de tanques de almacenamiento en los diferentes patios.
“Hemos mejorado sustancialmente, en comparación con otros años, hay un cambio sustancial”, afirmó el actual director del reclusorio, Jimmy Puentes.
El penal con capacidad para 980 personas privadas de la libertad, registra actualmente 1.252 internos con una sobrepoblación del 27%. El año pasado había 2.050 internos.
“Las celdas diseñadas para dos internos, tenían entre tres y cuatro, lo que refleja el grado de hacinamiento, otra bomba de tiempo. Hoy estamos reduciendo el número de internos por celda”, precisó Puentes.
Abastecimiento
El centro penitenciario, cuenta con dos pozos profundos y tanques de almacenamiento de agua potable, los cuales se lavan mensualmente. El pozo profundo colapsado fue reemplazado por uno nuevo perforado en el 2018.
La impotabilidad fue confirmada durante una inspección realizada por la Secretaria de Salud.
“El suministro de agua si bien es permanente, no es potable, esto es, no es apta para el consumo humano”, afirmó la magistrada Beatriz Teresa Galvis, al fallar un nuevo incidente de desacato.
Mala calidad
La Secretaría de Salud del Huila confirmó las deficiencias en la calidad del agua destinada al consumo, estado de la red de acueducto y las condiciones de salubridad e higiene del penal.
El informe, expedido el 20 de noviembre de 2020 confirmó las dificultades en la prestación regular y calidad del servicio. El agua del pozo es sometida a un tratamiento muy precario e inadecuado. Solo le agregan cloro líquido o granulado.
“Tenemos dos pozos operando, lo ideal es que hubiera otro pozo adicional pero los dos pozos abastecen de agua a los cuatro pabellones, con algunas dificultades, generalmente por las tuberías obsoletas, pero en mejores condiciones que hace tres o cuatro años”, aclaró el actual director Jimmy Puentes.
Impotable
De acuerdo con el informe de inspección de la Secretaría de Salud, la toma de muestras para los meses de marzo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, evidencia que de los seis meses, tres de ellos, indicaron un nivel de riesgo alto.
“En conclusión, el agua no es apta para el consumo humano, más aun, tomando como referencia la última muestra tomada que arrojó un porcentaje IRCA del 70.96%, es claro, que el suministro de agua potable en el centro penitenciario no se está cumpliendo”, estimó la funcionaria.
Alto riesgo
“Si bien, se logró establecer que las condiciones locativas, sanitarias y de seguridad son favorables; no lo son, los resultados arrojados frente a los análisis de la calidad del agua que se usa en el establecimiento penitenciario para el consumo humano, pues la misma señala que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) es de un alto porcentaje”, aseguró el cuerpo colegiado.
Incumplidos
El trámite incidental de desacato se inició con un informe de verificación del cumplimiento a la sentencia fallada hace 15 años, radicado por la Personería Municipal Delegada de Derechos Humanos de Neiva el 17 de octubre de 2018.
Según el reporte las autoridades penitenciarias no han cumplido la sentencia proferida el14 de octubre de 2005, por el Tribunal Administrativo del Huila y adicionada por la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia del 29 de noviembre de 2010.
La acción popular instaurada por el abogado Jorge Ospina Tello contra el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).
La providencia ordenó a la entidad que garantice el suministro de agua potable de manera permanente al establecimiento carcelario y en consecuencia que adelante las gestiones necesarias de carácter administrativo y presupuestal para ejecutar las obras que debieron ejecutarse en el primer semestre de 2006. El plazo no se cumplió.
Adicionalmente dispuso que se apropiaran las partidas indispensables o necesarias para la construcción o reparación de los lavaderos de ropas; lavaplatos; y elementos de aseo y dotación para el personal de internos. Desde entonces las obras se realizaron a cuenta gotas.
Tire y afloje
El trámite del desacato fue iniciado el 10 de diciembre de 2019, contra las dos entidades.
La Uspec aseguró que habiendo sido creada en el 2011, no tenía la obligación de ejecutar esas obras, en la medida que solo produce efectos frente a las entidades que se vieron involucradas en el fallo que fue proferido en el año 2005.
El director regional del Inpec, aseguró que esa responsabilidad recae directamente en la Unidad de Servicios Penitenciario (Uspec) entidad que tiene la competencia para realizar los planes, programas y proyectos en materia logística y administrativa, así como la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y prestación de servicios asociados al adecuado suministro de agua a los internos.
“Lo grave es que estas entidades se tiran la pelota recíprocamente y terminan echándole la culpa a las entidades territoriales”, explicó el personero de Neiva, Kleiver Oviedo.
“En eso quedan las reclamaciones, sin que nadie responda, mientras se agrava la problemática en estos centros de reclusión”, acotó.
La contratación
A punta de acciones judiciales la Uspec celebró el contrato No. 2181135 de 2018 con el Consorcio Huila para el mantenimiento y operación de los sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable, y el sistema de tratamiento de agua residual, habilitación y puesta en funcionamiento, operación y construcción del nuevo pozo.
Además, se construyó un pozo profundo y se encuentra en funcionamiento.
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (antes Fonade) confirmó que la ejecución del contrato No. 2181135 de 2018 estuvo suspendida.
El contrato fue adjudicado para el mantenimiento y operación de los sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y sistema de agua residual en la cárcel de Neiva.
La entidad certificó que los ítems que comprenden el contrato de obra son la operación de la PTA, la PTAR y el mantenimiento general de las redes de las cárceles de Neiva y La Plata con un costo de 989,48 millones de pesos con un plazo de 13 meses. No se cumplió.
El 13 de septiembre de 2019 fue suspendido, lo que dejó en suspenso la terminación de todas las obras de operación, limpieza, mantenimiento de las unidades del sistema y el área de influencia directa, realizando retiro de sólidos en los tanques y el cribado, mantenimiento a las demás unidades de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la toma de parámetros de agua residual ‘in situ’.
Requerimiento
El 18 de febrero de 2021 los magistrados le pidieron una explicación al director de la Uspec Andrés Díaz Hernández, posesionado en octubre del año pasado. El funcionario no respondió el requerimiento y guardó silencio. Por eso fue vinculado al incidente.
“Así las cosas, como la orden impuesta consiste en que se suministre agua potable de manera permanente, considera la Sala que dicha orden no ha sido acatada”, explicó el magistrado. Aunque se ha suscrito un contrato, a efectos de realizar un desarrollo estructural y operacional para efectos de mejorar las condiciones de salubridad y en particular para permitir que los internos cuenten con el servicio de agua para su consumo, está claro que el líquido que abastece al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, no cuenta con las condiciones óptimas, y genera un gran riesgo para aquellos que la tomen, pues la misma, según la inspección realizada por la secretaría de Salud, no es apta para el consumo humano”, concluyó la magistrada Beatriz Teresa Galvis.
En consecuencia de lo anterior, se advierte que la Uspec, en desarrollo de sus funciones como gestor del suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y apoyo logístico y administrativo requerido, no ha cumplido con las obligaciones impuestas en la sentencia de 14 de octubre de 2005,
Por lo tanto, habrá lugar a imponer sanción a dicha entidad en cabeza de su representante legal, Andrés Díaz Hernández.
“De igual manera, dijo, se otorgará a Uspec, el término perentorio de tres meses contados a partir de la notificación del presente proveído, para que proceda a realizar las actuaciones y actividades correspondientes a efectos de cumplir con la orden impuesta por este Tribunal y en específico permitir el suministro de agua potable de manera permanente en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Neiva”.
Sanción
El nuevo desacato se falló con una sanción al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Díaz Hernández.
El funcionario fue sancionado con una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales (aproximados 4,54 millones de pesos) por no cumplir lo ordenado en el referido fallo.
Además le concedió un plazo perentorio de tres meses contados a partir de la notificación para que proceda a realizar las actuaciones y actividades correspondientes a efectos de cumplir con la orden impuesta. “en específico permitir el suministro de agua potable de manera permanente en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Neiva, advirtiendo que se deben tener en cuenta los resultados de los muestreos hechos por la Secretaria de Salud del Huila, frente a los cuales se advirtió que el agua que allí se suministra no es apta para el consumo humano, so pena de iniciarse nuevamente el trámite de incidente de desacato”.
Sin perjuicio del cumplimiento del deber que le asiste la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) debe garantizar en todo tiempo el suministro de agua potable, mientras se realizan las actuaciones y actividades tendientes al cumplimiento de la orden judicial impartida.