Durante la firma del pacto ciudadano el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz anunció la compra de dos drones de reconocimiento facial, que detectarán rostros en la capital y que llegarán a la ciudad en los próximos dos meses, que, al mejor estilo de una película de acción, prometen ayudar a disminuir el tiempo en el que las autoridades localizan el paradero de un delincuente y garantizar la seguridad ciudadana. Se espera que esta medida, que por primera vez se va a implementar, sea efectiva y los números convenzan aunque el anuncio ya sumó detractores.
Y es que todavía no se habrían definido temas importantes como: los protocolos de funcionamiento de los drones, o cuál será el software de reconocimiento facial que se implementará ni las zonas específicas que sobrevolarán entre otros temas. Otra pregunta que surge es de dónde saldrá el ‘dataset’ sobre el cual van a comparar los rostros que capturen las cámaras de las aeronaves que estarán a cargo de la Policía.
Para Francisco Olaya, experto en el manejo de estos dispositivos, ésta podría convertirse en una millonaria inversión con escasas cifras sobre su efectividad para combatir la delincuencia. “Esta estrategia carece de estudios serios que permitan establecer la efectividad de la misma. El drone, que sería el hardware y el reconocimiento facial que sería el software, se adquieren por separado y tienen un elevado costo. En cuanto a los drones no se ha establecido qué referencia sería. Puede ser uno de los más económicos con las prestaciones mínimas para este servicio, el DJI de la serie Matrice 200, el cual dependiendo el tipo de cámaras y accesorios que se incorporen puede tener un costo mínimo de $60.000.000. Pero no solo basta con comprar el equipo, sino asumir los costos de operación y mantenimiento, es decir, se debe destinar un rubro mensual para la persona encargada de operar el drone, quien debe cumplir con lo establecido en la Norma 04201 de la Aeronáutica Civil que regula el uso de las UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada)”, dijo.
“Adicional a esto, el drone tiene una autonomía de vuelo limitada de aproximadamente 30 minutos, sin hablar de su cobertura geográfica que también es limitada por el mismo relieve, arquitectura de Neiva y el aeropuerto en medio de la ciudad, es decir que hay que aterrizar/elevar varias veces en el día, lo cual implica también la inversión en baterías cuyo precio oscila sobre los $2.000.000. En cuanto reconocimiento facial, es de resaltar que como lo mencionaba antes es un software, que funciona de manera independiente al drone. Este software hay que adquirirlo y su costo es elevado, adicionalmente también se debe contar con una base de datos amplia de rostros para que los resultados sean óptimos y una sede operativa para el análisis”, argumentó.
“Hay ejemplos de implementación de drones para reconocimiento facial en otros países y los resultados no son contundentes para la inversión realizada. Se puede correr el riesgo de que una vez implementada esta estrategia de seguridad, los equipos terminen engavetados en una oficina convirtiéndose así en detrimento patrimonial”, finalizó Olaya.
Protección de datos
Por otro lado, para Juan Pablo Puentes, abogado, especialista en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías y magíster en Derecho y Tecnología la puesta en marcha de este sistema, implica “una afectación de la privacidad”.
“El reconocimiento facial implica necesariamente la captación de los datos de los neivanos y la Ley de Protección de Datos colombiana establece que estos son de índole “sensible”, son datos delicados, que permiten identificar a una persona. Esto por su puesto afecta la privacidad de las personas y al derecho Habeas Data que lo consagra el Artículo 15 de la Constitución Política. Sin embargo, desde el punto de vista legal es válido porque la norma le permite al Estado usar los datos personales de los ciudadanos para actividades legítimas. Pero estos sistemas se prestan para que se puedan usar para otros fines y pueden representar un riesgo, para los derechos humanos, para la intimidad y la privacidad. Es un sistema muy riesgoso que necesita medidas de seguridad muy estrictas, protocolos, porque cualquier filtración pondría en riesgo la seguridad de los ciudadanos”.
“¿Cómo se van a recolectar los datos? ¿Quién los va a manejar? ¿Cómo los van a usar? Esto requiere una verdadera veeduría para que esto no termine siendo una fuente de vulneración de los derechos humanos, estaríamos muy expuestos. Yo considero que sería mejor acudir a otros mecanismos, que no generen tanto riesgo y no sean tan costosos”, concluyó.