Juan David Huertas Ramos
Economía y Estado son dos variables clave del análisis económico. De hecho, su interacción ha suscitado importantes reflexiones teóricas. Entonces, ¿Cuál debería ser el rol de Estado en la Economía?
Empecemos por indicar que, tal como lo afirmó Charles-Jean Bonnin en su Ciencia administrativa, “el interés público no es otra cosa que la reunión de intereses privados para la ventaja común”. En ese sentido, el asunto a defender de la participación del Estado en la Economía no debe ser otro que la “ventaja común”.
Ese interés público puede ser algo tan difuso como la famosa “utilidad social”. Por ello, conviene definirle como el objetivo de desarrollo de todo un pueblo. En esa línea, René Coste, indica en Moral Internacional que “la prosecución del bien común constituye la razón misma de ser de los poderes públicos”.
En otras palabras, la razón última del Estado debe ser la consecución del desarrollo.
Así las cosas, recurrimos de nuevo a Bonnin, pues asegura que “no podría concebirse el Estado sin convenciones sociales”, es decir, el Estado requiere de la existencia de un conjunto de normas de tradición social que regulan la vida en comunidad. Como consecuencia, la moral pública resulta un valor esencial para el desarrollo de los pueblos en tanto cohíbe el funesto precepto de que “el fin justifica los medios”.
La “cultura del todo vale” debe castigarse socialmente si el fin común es el desarrollo. Frente a lo cual, es preciso aclarar que esa expresión maquiavélica ha sido la bandera de las guerrillas en América Latina que disfrazan sus intereses bajo el precepto de “lucha social”, tal como se advierte en los casos del M-19, las FARC y el ELN en Colombia.
A contraposición, no todo puede valer. Socialmente, los Estados-nación tienen la obligación de incentivar el esfuerzo individual, el trabajo arduo, la conducta decente y el mérito propio como valores que protegen el objetivo de desarrollo.
Ahora bien, el debate en torno a la participación económica del Estado surge, según dicen algunos, ya que la institucionalidad debe controlarlo absolutamente todo, incluso las libertades individuales, a fin de lograr un fin colectivo que han denominado “revolución”, “lucha popular”, “progresismo”, entre otras.
Del otro lado del espectro, están quienes piensan que el Estado debe garantizar las libertades por encima de todo, proceso en el cual la libertad económica y el derecho a la propiedad privada significan valores inquebrantables del objetivo de desarrollo, cuyo deber de protección reside en la sociedad.
En suma, la participación del Estado en la Economía es una decisión política que está bajo la soberanía popular y sus efectos trascienden lo económico hasta llegar al plano de la libertad. En ese sentido, es preciso recordar que Amartya Sen asegura que la función primigenia del Estado es la garantía de las condiciones democráticas en su territorio, pues estas hacen florecer las libertades individuales como fin y medio del desarrollo.
Así las cosas, un error político, un yerro electoral, podría comprometer no solo la economía de todo un país sino su libertad.