Una verdadera prueba de fuego es la que ha tenido que enfrentar el presidente Juan Manuel Santos y su equipo de las Fuerzas Armadas y de seguridad en general Una verdadera prueba de fuego es la que ha tenido que enfrentar el presidente Juan Manuel Santos y su equipo de las Fuerzas Armadas y de seguridad en general, ante el insólito desafío lanzado por bandas criminales o “bacrim” en siete departamentos del país, con epicentro en Antioquia, provocando parálisis de muchas actividades, incluso en Medellín, y la zozobra y el miedo a punta de amenazas. La caída de un líder de “bacrim” a manos de las autoridades desencadenó lo que los sociólogos denominan fenómeno de masas y el aire de un pánico colectivo con notables consecuencias sociales y económicas. El paro, que no fue armado sino a punta de panfletos y apelando al miedo ante la incertidumbre, ha puesto a prueba la capacidad de reacción del actual Gobierno Nacional ante la arremetida de grupos que sólo obedecen a sus intereses delictivos y terroristas, sin dirección política ninguna ni orientación social. Son criminales, narcotraficantes, traficantes de armas, contrabandistas y expoliadores de recursos oficiales, pero han logrado una fuerza de intimidación notable con apenas divulgar sus intenciones. Lo complejo del fenómeno es que no cuentan con líderes reconocidos ni una organización unificada que permita identificar su línea central; son grupos aislados, con jefaturas pequeñas o medianas que no se unen ni coordinan; operan sin uniformes, a encubierto, de civil, con milicianos o mimetizándose entre la población. No tienen áreas claras de ubicación ni campamentos. E ahí la dificultad para combatirlas. Quizá el fenómeno de paro comenzando el año fructificó precisamente porque los líderes políticos, gremiales y sociales no están en plena actividad, en tanto el grueso de las Fuerzas Armadas tenía toda su concentración frente a la seguridad general de la población en plan de descanso, y pudieron haber sido tomadas por sorpresa. De todos modos enfrentar un fenómeno de pánico colectivo, provocado por fuerzas amorfas, es casi imposible y sólo se normaliza la situación cuando los ciudadanos perciben que sí pueden salir, moverse y desarrollar sus actividades con normalidad. Muchos en el país aún añoran el personalismo y el carácter frentero con que el entonces presidente Álvaro Uribe hacía frente a muchos fenómenos de delincuencia, y a amenazas como las vividas la semana que pasó. Quizá también esperaban actuación similar del presidente Santos, cuyos estilo y personalidad difieren mucho y se orientan más a dejar la responsabilidad operativa en los generales y comandantes que en ocupar sus puestos. Las bandas de criminales son, más que en el paro pasado, una real amenaza para la precaria estabilidad del país, y tendrán que hacer uso de toda su creatividad nuestros organismos de seguridad y defensa para contrarrestar sus peligrosos efectos. Se nutren, como toda la guerra colombiana de los recientes 30 años, de la mafia en general, de aquella narcotraficante y contrabandista y traficante; operan en los sitios donde es menos visible la autoridad del Estado, se inmiscuyen en los procesos democráticos locales y los infiltran para nutrirse de recursos de la salud, especialmente, y de las regalías en buen número. Terminan entonces en una simbiosis de delincuentes natos con corruptos avezados. Tiene el presidente Santos un real desafío, más oscuro y confuso que el que significa la misma guerrilla y los rezagos del paramilitarismo. Está a prueba su liderazgo.