El viejo adagio de que la Justicia cojea pero llega se ha aplicado en todo su rigor en el caso del saliente personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, a quien la Procuraduría acaba de destituir e inhabilitar por 12 años para ejercer cargos El viejo adagio de que la Justicia cojea pero llega se ha aplicado en todo su rigor en el caso del saliente personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, a quien la Procuraduría acaba de destituir e inhabilitar por 12 años para ejercer cargos públicos por no declararse impedido para actuar en los procesos que se adelantaban contra la pirámide DMG y su promotor David Murcia Guzmán, de quien recibió abundante dinero. Pero la decisión disciplinaria, drástica y contundente, deja un evidente mal sabor ante una opinión pública que conoció, desde hace más de 4 años, de las relaciones del Personero capitalino con el entramado fraudulento de Murcia Guzmán. Lo que acaba de dictaminar la Procuraduría contra Rojas Birry es, como dicen en los pueblos, cuento viejo que apenas ahora se viene a resolver pese a que las pruebas, testimonios y otras evidencias se conocieron con muchísima anticipación. Pero al parecer no se enteraron de ello en el Ministerio Público sino apenas ahora. Y lo que es peor: el ex constituyente Rojas Birry, uno de los indígenas que más alto ha llegado en la estructura de poder del Estado colombiano, pudo desempeñar su cargo de primer Personero del país sin ningún traumatismo, guardando bajísimo perfil y moviendo a sus anchas los hilos de una entidad que cuenta con casi mil funcionarios y maneja un presupuesto anual de más de 70 mil millones de pesos. Ante esta tardía decisión, con hechos que se revelaron incluso antes de la posesión del Personero bogotano, cabe la pregunta de cuánta justicia y cuánto resarcimiento a la sociedad existe en este caso en el que, por razones que bien valdría que la Procuraduría explicara, hubo una demora excesiva, una dilación. Mientras, por ejemplo, del escándalo del carrusel de contratación que se conoció hace dos años ya hay numerosas personas en la cárcel, incluso condenadas, otras destituidas y muchas más investigadas, en este caso particular de Rojas Birry sólo ahora, justo cuando el alto funcionario va a hacer entrega de su cargo tranquilamente, salta el ente disciplinario y anuncia la sanción. El concepto de justicia ha sido maltratado en este caso. No puede llamarse así un hecho en el que la oportunidad de aplicarla se venció, no jurídica sino moral y socialmente, hace mucho tiempo a la vista de toda la comunidad. Un altísimo funcionario, que debería reunir las más excelsas calidades de probidad, transparencia, antecedentes limpios, entorno social respetable y méritos del mejor nivel, pasa por su cargo con mucha más pena que gloria, sub iúdice tanto penal como disciplinariamente, manchada su trayectoria por dineros mal habidos que llegaron a sus manos producto de negocios oscuros y, lo que es más grave, plata que fue resultado de la más grande estafa a miles de colombianos, la mayoría humildes engañados por la seducción del dinero fácil. Una Justicia inoportuna no sólo es coja sino que poco tiene de justa.