Editorial – Reforma electoral

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Ardila Ballesteros, insistió en la urgencia de una reforma electoral de fondo acorde a las nuevas realidades políticas y jurídicas que vive el país. Durante una visita a Neiva anunció por ahora dos proyectos, uno para definir mediante una ley estatutaria la revisión de los escrutinios y otro para darle autonomía administrativa y financiera al organismo electoral. Aunque la primera iniciativa busca retomar las facultades que le quitó el Consejo de Estado para la revisión de los escrutinios, no es suficiente para replantear el obsoleto Código Electoral. Es más, debería de ser una de las prioridades que deberá asumir a partir de esta semana el Congreso, al lado de proyectos de alto impacto como las reformas a las corporaciones autónomas, pensional, salud, fuero militar, reformar el Código Penitenciario y Carcelario, Código Militar, estatuto de antidrogas, además de otras iniciativas económicas. Sin duda, la reforma electoral es una urgencia más allá de reglamentar la financiación y publicidad de las campañas políticas, las encuestas o precisar las funciones tanto de la Registraduría como del Consejo Nacional Electoral. La reforma electoral, en este caso debe ser integral, profunda y no cosmética, como los proyectos de alto impacto que se debatirán a partir de esta semana en el Congreso. Lo ideal es asegurar la incorporación de mecanismos que permitan una mayor inclusión y participación de la ciudadanía en el sistema político, limitada actualmente por el umbral que tiene al borde de la desaparición a pequeños partidos. La reforma debe abarcar otros aspectos como las causales de reclamación de  los resultados electorales, el rol de los testigos electorales, la doble militancia, la rendición de cuentas de contabilidad electoral, el voto preferente, la oralidad de los procesos judiciales electorales y la efectiva persecución de los delitos electorales, entre otros. La revisión del umbral del tres por ciento para las próximas elecciones tiene en vilo a las pequeñas colectividades y a las minorías, los grandes perdedores con la pasada reforma política. La aspiración de los diversos actores es la revisión de los mecanismos de gestión y control electoral existentes, como parte de la agenda de reforma la creación de instrumentos efectivos para la tutela de los derechos políticos fundamentales a través de la jurisdicción electoral, el fortalecimiento y la exigencia de democratización interna de los partidos políticos y el establecimiento de controles y garantías de transparencia en materia de financiamiento. Pero además es urgente la revisión de las normas que regulan el proceso democrático especialmente la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, así como con las personas naturales y jurídicas que intervienen como sujetos activos. La reforma debe conducir a una mayor participación política de los ciudadanos en los procesos democráticos, el fortalecimiento de los partidos y del otorgamiento de plenas garantías. También debe garantizar el acceso de los ciudadanos a los mecanismos que les permitan el ejercicio, con plenas garantías de su participación, tanto al interior de los partidos, como en los procesos políticos. La regulación de la revocatoria del mandato, por ejemplo, debe quedar como un principio fundamental para el ejercicio de la ciudadanía activa.