La Nación
EDITORIAL

Editorial – Riego de dudas

El próximo 16 de febrero de 2012, esto es en apenas 10 días, debería entregarse completamente terminada la más grande El próximo 16 de febrero de 2012, esto es en apenas 10 días, debería entregarse completamente terminada la más grande obra pública que se está ejecutando en el Huila: el Distrito de Riego Tesalia – Paicol, en el que se invierten cerca de $100.000 millones de los contribuyentes. Y debería puesto que ya nos anuncian que no, que no será en febrero sino en octubre próximo, ocho meses después. La alerta de nuevo está al rojo. Una y otra vez los funcionarios a cargo nos dijeron que no había problemas, especialmente el subgerente de Adecuación de Tierras de la Dirección de Infraestructura del Incoder, Rodolfo Acevedo Strauch. A mediados de 2011, cuando LA NACIÓN expresó su preocupación por la inminente quiebra del grupo H&H Arquitectura, una de las dos firmas que se ganaron el multimillonario contrato, el señor Acevedo dijo textualmente: “… el hecho de que uno de los miembros del Consorcio Interriego, H&H Arquitectura,  se acoja a la Ley 1116 de 2006, no tiene impacto sobre el desarrollo del proyecto de riego de mediana escala Tesalia- Paicol”. Y afirmó que se estaba cumpliendo el cronograma, que el 16 de febrero de 2012 la obra sería entregada y que a julio de 2011 el avance de la obra era del 36,9 por ciento. Hoy, más de medio año después, nos dicen que la obra va en el 42 por ciento pero el Alcalde de Tesalia, que está en el epicentro del proyecto, afirma que no se ve más del 20 por ciento. Y aún si fuese cierto lo del 42 no parece probable que en apenas 8 meses vayan a ejecutar lo que no se ha hecho en más de 2 años. Peor si se tiene en cuenta que H&H Arquitectura, el socio colombiano de los españoles Mondragón Soluciones S.L. en la obra, se declaró en quiebra y en este momento está en proceso de reestructuración empresarial a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Y no es de poca monta el asunto, considerando que H&H tiene el 47% de las acciones del consorcio. Nuestros gobernantes y líderes en el Congreso deben exigir plena claridad del avance de la obra. El Incoder no puede mentir de nuevo y afirmar que no pasa nada con una empresa que se declaró en bancarrota, tiene que presentarles al Huila y al país un informe serio de cómo va el proyecto, a su vez que, junto con la Gobernación del Huila, tendrá que compeler, si ya no lo ha hecho, a la firma interventora Inar Asociados S.A., contratada por más de $4 mil millones, para que se pronuncie frente a esta grave alerta lanzada por las autoridades locales y el mismo senador Hernán Andrade, quien ha sido el principal impulsor ante el Gobierno Nacional de la trascendental obra. Estamos ad portas, lastimosamente, de otro lío monumental similar al ya ocurrido con la vía Isnos – Paletará – Popayán, que terminó también en los enredos del tristemente célebre Grupo Nule. En los dos proyectos enormes recursos del Departamento comprometidos e incumplimientos derivados de la quiebra de las empresas responsables. El Huila no soporta otra mega obra atrasada, versiones difusas e informes acomodados, cuando lo que está en juego es el futuro de miles de familias.