El nuevo alcalde Ramiro Cabrera Rivera asumió ayer y reclamó el desmonte de la confrontación entre sectores políticos. La resistencia civil ejercida desde el parque central fue levantada. Retornó la calma.
RICARDO AREIZA
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El joven dirigente conservador Ramiro Cabrera Rivera asumió ayer a última hora como alcalde encargado de El Agrado, poniente fin a una tensa interinidad desde el primero de enero.
Su nombre fue presentado desde el 17 de enero pasado como integrante de una terna conservadora para reemplazar transitoriamente al alcalde elegido pero no posesionado Carlos Alberto, actualmente detenido.
El presidente de esa colectividad, Omar Yepes Alzate presentó también los nombres de Jenny Carolina Chávarro y Adolfo Chávarro Carvajal para ocupar el cargo mientras se resuelve la situación jurídica del mandatario electo, actualmente privado de su libertad en la cárcel Las Mercedes del Circuito Judicial de Garzón.
El nombramiento fue hecho por el mandatario seccional mediante Decreto 094 de 2020, poniendo punto final al polémico encargo de su asesor, Andrés Mauricio Muñoz, quien no pudo ejercer a plenitud el cargo, ante la masiva oposición de los ganadores de la contienda electoral.
Cabrera Rivera, una vez fue notificado del acto administrativo por correo electrónico asumió el cargo ante el notario de la localidad. “Lo hicimos inmediatamente para evitar nuevas sorpresas”, afirmó ante decenas de manifestantes que permanecían en resistencia civil en el parque principal. Al mismo tiempo le pidió a la Policía que retire al Esmad y las vallas colocadas frente a la Alcaldía para facilitar el restablecimiento total de la tranquilidad. Múltiples aplausos.
“La crisis terminó. Ahora tenemos un alcalde encargado que jugará como local, escocido de la terna, como lo veníamos reclamando sin ser escuchados”, afirmó el dirigente Adolfo Chávarro Carvajal, quien hizo parte de la terna.
El encargo
El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, no tuvo otra opción que acabar con el encargo y designar de la terna como lo requirió la Comisión Nacional de Control Electoral de la Procuraduría General de la Nación, y luego por el Consejo Nacional Electoral.
El Ministerio del Interior había fijado una posición similar ante la no posesión del alcalde elegido por “razones de fuerza mayor” y por una “ausencia forzada involuntaria” del mandatario elegido Carlos Alberto Murcia Méndez detenido el 12 de diciembre de 2019 con la alcaldesa Waldina Losada Vega y la concejal Bertilda Ramírez Valderrama por una supuesta compra de votos.
En el mismo decreto dio por terminada la actuación administrativa de su asesor, Andrés Mauricio Muñoz, nombrado desde el 19 de febrero (Decreto 059), sin haber podido ejercer a plenitud con el encargo.
Celebración
En la misma plaza central objeto de choques esporádicos con la fuerza pública, el alcalde encargado, llamó a la concordia y la unidad en estos tiempos de aguda confrontación.
“El Agrado- dijo- nunca había estado en una situación de crisis administrativa y política como la que hoy vivimos. Por eso les pido un acompañamiento permanente.
“No sé cuántos días voy a estar, pero estoy seguro que espero entregarle el cargo a Carlos Murcia. Por eso les pido tranquilidad y tolerancia para acabar con estos enfrentamientos”, exclamó en una improvisada disertación, a la que asistió Fernando Murcia, hermano del alcalde no posesionado.
“Vamos a desescalar este conflicto que hemos vivido, sin agraviarnos, sin ofendernos. No podemos seguir con este conflicto. Jamás habíamos sonado tanto, negativamente por este conflicto, no queremos más enfrentamientos entre liberales y conservadores”, afirmó ante la multitud que lo aclamaba.
Cabrera Rivera permanecerá en el cargo hasta que se resuelva la situación jurídica del alcalde elegido. Aunque apeló la medida de aseguramiento proferida el año pasado, el recurso sólo se resolverá a finales de abril próximo en audiencia pública.
Según la Procuraduría, la no posesión del alcalde elegido Carlos Alberto Murcia fue ocasionada por fuerza mayor, consistente en la privación de la libertad, ordenada como medida preventiva por autoridad judicial, lo que genera vacancia temporal del cargo.
Mientras no se resuelva este recurso se le debe garantizar al electo mandatario la presunción de inocencia, prerrogativa que solo podrá ser desvirtuada en caso que se produzca sentencia debidamente ejecutoriada.
Esa posición de la Procuraduría fue respaldada por el Consejo Nacional Electoral.
En su criterio, la no posesión por medida de aseguramiento, es constitutiva de un eximente de responsabilidad como lo es la fuerza mayor, debido a que se cumplen los presupuestos en cuanto es imprevisible, irresistible y ajena a su voluntad.