La Fiscalía reiteró ayer su solicitud de medida de aseguramiento carcelario contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por irregularidades en la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE). “Se muestra ese interés marcado de su parte y de los demás funcionarios de la administración para direccionar el contrato para favorecer al colaborador de su campaña”. El 27 de mayo la juez de garantías anunciará la medida.
Rafael Rodríguez C.
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“No importa de qué lado estemos, es el alcalde, yo como contratista él me ayudó y tengo que cuidarle la espalda a él”, dijo el exconcejal de Tumaco (Nariño), Haiden Otoniel Vergara Quiñonez al hoy gerente del Sept, Juan Carlos González Mejía en una conversación telefónica.
La charla fue la última revelada ayer por el fiscal Séptimo Seccional de Neiva, Juan Carlos Durán Cujar, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento a la Juez Séptima Penal Municipal de Neiva con Funciones de Control de Garantías.
En la diligencia estuvieron conectados el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, el exsecretario de Educación de Neiva, Giovanny Córdoba Rodríguez; el exconcejal de Tumaco (Nariño) Vergara Quiñonez; los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda, representante legal de Asoformando Colombia y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, representante legal de Colombia Florece y los asesores jurídicos externos Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo.
El grupo es investigado por la adjudicación, al parecer, irregular del contrato 0698 del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Neiva por valor de 5.250 millones de pesos para 105 mil raciones en tres mensualidades, suscrito con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando Colombia), con domicilio en el municipio de Tumaco (Nariño).
El alcalde, el exsecretario de Educación, los contratistas y los exasesores jurídicos fueron imputados de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Los próximos 26 y 27 de mayo se reanudará la audiencia y se conocerá la decisión de la juez de acoger o no la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el mandatario y los demás vinculados al proceso.
Devolvería el favor con contratos
El fiscal Durán Cujar reiteró ayer la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, al manifestar que se cuentan con las pruebas documentales, testimoniales y técnicas para sustentar la inferencia razonable de autoría o participación de cada uno.
Sobre el alcalde Muñoz Calderón señaló que en su condición de servidor público “tenía la capacidad de comprender los hechos constitutivos para la infracción penal y quiso su realización. Además tenía la capacidad de entender y autodeterminarse para el atentado contra la administración pública que finalmente le fue enrostrado en la formulación de imputación”.
Sostuvo el delegado del ente acusador que las pruebas dan cuenta que la campaña de Gorky Muñoz para la Alcaldía de Neiva recibió financiación económica de parte de Vergara Quiñonez, político reconocido en el municipio de Tumaco (Nariño) y concejal en ejercicio en ese año. “Habiéndose pactado que una vez usted asumiera la administración municipal como Alcalde, devolvería a través de procesos de contratación pública la financiación que se habría obtenido por su campaña”.
Indicó el fiscal que fue el mismo mandatario municipal quien se encargó de adelantar el proceso de contratación el pasado 6 de abril del 2020. “Usted como representante legal del municipio de Neiva y ordenador del gasto, en compañía de Geovanny Córdoba Rodríguez, secretario de Educación Municipal y Juan Felipe Molano Perdomo, Andrés Camacho Cardozo, asesores jurídicos de la Secretaría de Educación, aparecen suscribiendo los que serían los estudios previos, inicialmente del contrato de suministro 0698 de 2020”.
Precisó el funcionario judicial que en el manual de funciones de la Alcaldía no existe registro, que se relacionen con la elaboración de estudios previos por parte del Alcalde municipal, “por lo que se tiene inferencia de su presunto interés marcado de su parte en el direccionamiento que intercedía finalmente en el primer contrato de suministro alimentario celebrado el marco del programa PAE que se suscribió el día 6 de abril del 2020”.
Las pesquisas permitieron a los investigadores establecer que la etapa de planeación, maduración, o de estudios previos en contratación estaba desconcentrado y delegada en las secretarías de despacho y que finaliza con el visto bueno de viabilidad por la oficina asesora o jurídica del municipio.
“Revisado de esta manera el contrato de suministro 0698 del 6 de abril de 2020, se advierte que no aparece, no se cuenta, con el visto bueno del decreto 522, pero además de ello no hay un acto administrativo, no se ubicó pronunciamiento de la administración en el cual se haya revocado la delegación y concentración de funciones en cabeza del secretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez…”, explicó el fiscal Durán Cujar.
Los dos contratos el mismo día
Precisó además el delegado de la Fiscalía que para la contratación celebrada bajo el marco de la urgencia manifiesta declarada por la pandemia del COVID-19, se estableció que para adquisición de bienes, productos, o servicios, no era necesario los estudios previos, no se requerían, “sin embargo se muestra ese interés marcado de su parte y de los demás funcionarios de la administración municipal para direccionar el contrato, ese primer contrato de suministro, dirigido a favorecer al colaborador de su campaña”.
Sostuvo que para el 6 de abril del 2020 y bajo el marco de la normatividad especial de contratación se suscribió el contrato 0698 del PAE del municipio de Neiva con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando Colombia) representada por Carmen Rosaida Castillo Arboleda.
Ese mismo día se elaboraron estudios previos y adicionalmente el contrato de interventoría 703, con la fundación Colombia Florece, representada legalmente por Miguel Alfonso Banguera Jaramillo. “Como jefe del área de Educación y sus asesores en desarrollo de las etapas de maduración, planeación y ejecución, dieron paso finalmente a la elaboración de dichos contratos, contando para ello con su intervención como Alcalde, la que desborda la órbita de sus funciones, pero adicionalmente y cotejadas las minutas del contrato de interventoría y de suministro del PAE podemos apreciar que copiaron los mismos errores aritméticos visibles”.
Reiteró el funcionario judicial que “se cuenta con esa inferencia razonable de autoría y participación en calidad de contratistas de manera indebida” del alcalde Gorky Muñoz Calderón; el secretario de Educación, Geovanny Córdoba Rodríguez y los asesores jurídicos externos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo. Además de la ejecutora del PAE, Carme Rosaida Castillo, representante legal de Asoformando y el interventor del contrato Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, representante de Colombia Florece.
“Con el objetivo criminal, definido y claro de atentar contra la administración pública, poniendo está al servicio de un particular en este caso el señor concejal de Tumaco Haiden Otoniel Vergara Quiñonez quien había fungido como uno de los financiadores y colaboradores de la campaña política de Gorky Muñoz Calderón”.
El interventor mintió
El fiscal manifestó que Miguel Alfonso Banguera Jaramillo se encontraba inhabilitado para suscribir el contrato de interventoría para la vigilancia del PAE toda vez que era socio de la empresa a la que se le adjudicó dicho contrato. “Claramente Miguel Alfonso reunía condiciones respecto de ejecutor e interventor del PAE de manera simultánea”.
Banguera Jaramillo habría mentido para lograr quedarse con el contrato. “Había declarado bajo la gravedad de juramento en la etapa precontractual que no está inmerso en ninguna circunstancia de inhabilidad y ratificado dicho compromiso con la suscripción del contrato 703 de 2020 que no ostentaba esa doble calidad”, señaló el representante de la Fiscalía.
Sostuvo el fiscal que “nos encontramos actuaciones dolosas dirigidas a atentar contra la administración pública, valiéndose de actos corruptos dirigidos a favorecer a una sola persona, esto es a Haiden Otoniel Vergara Quiñonez, concejal del municipio de Tumaco (Nariño), quien por demás figura en varios actos de las organizaciones vinculadas a esta actuación”.