“Usted debió estar vigilante, fue negligente, fue omisivo, y permitió que se cometieran las conductas punibles…”, fue el señalamiento que le hizo el fiscal al exalcalde de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez Escobar, al imputarle dos delitos por presuntas irregularidades en dos contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
El exmandatario deberá responder ante la justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo e interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y sucesivo.
Los graves delitos fueron imputados también ayer por el Fiscal 13 Seccional, a Euclides Dussán García, exjefe de contratación; Enrique Vargas Leyva, exsecretario de Educación; los exinterventores María Cristina Forero Vargas, Daniel Francisco Alvira Trujillo y Luisa Fernanda Flores Rincón, representante legal de la empresa contratista Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda.
La diligencia judicial fue adelantada ante el Juez Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, ante quien el mandatario y sus compañeros de causa, no aceptaron los cargos endilgados por el delegado del ente acusador. “No se está cuestionando la perdida de dinero, no se está cuestionando sobrecostos…”, dijo el exmandatario.
Las presuntas irregularidades
La Fiscalía recordó al exmandatario Ramírez Escobar y los demás procesados, que la investigación se encuentra dirigida a esclarecer presuntas irregularidades en adiciones a los contratos 626 del 4 de agosto del año 2009, por valor de $1.506.960.000 y 385 del 12 de julio del año 2010 por $1.746.244.500.
Los contratos fueron adjudicados por el entonces jefe de Contratación de la Alcaldía de Neiva, Dussán García, quien fue designado por el entonces alcalde Héctor Aníbal para la contratación. “Usted, Héctor Aníbal Ramírez, delega la contratación estatal en el jefe de la oficina de contratación y él con base en esa delegación abre proceso de adjudicación pública para la adjudicación del plan de alimentación escolar”, manifestó el fiscal.
Recordó el fiscal que, el entonces alcalde Ramírez Escobar como jefe de la Administración Pública hizo el proceso de licitación pública 01 para alimentación escolar para 19 mil beneficiarios y producto del proceso el contrato para plan de alimentación escolar 192 de 2008 fue adjudicado la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, en el que se establecía en la cláusula segunda que llegado el 31 de diciembre había que liquidar el contrato de común acuerdo.
Agregó que Dussán García, con base en la delegación para contratar, abre un proceso de adjudicación pública para la adjudicación del plan de alimentación escolar y terminó con la adjudicación del contrato 626 de 2009 de agosto 4 con la misma cooperativa por valor de 1.506.960 pesos, 69 días lectivos y con la misma clausula segunda de liquidar el contrato.
Según el fiscal, el 20 de noviembre de 2009, hay una solicitud de adición al contrato, por la interventora María Cristina Forero Vargas y la representante de la cooperativa Luisa Fernanda Flórez Rincón.
Sin embargo la interventora y la contratista señalan que quedaban 12 días de estudio por lo que había que suspender el contrato y continuarlo en enero. “Cuando la cláusula segunda decía que había que liquidarlo”, indicó el fiscal.
El contrato fue reanudado el 2 de febrero de 2010, y hacen el acta de inicio para fines de febrero y por solicitud del secretario de Educación Enrique Vargas, y de la interventora María Cristina, “abrieron una solicitud de adicionar, toda vez que faltaba por ejecutar los doce días del periodo…se hizo una adición al contrato 626 por valor de 677 millones 40 mil pesos”, explicó el funcionario judicial.
El segundo contrato, 385 del 12 de julio del año 2010 por $1.746.244.500, es adjudicado nuevamente a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, representada por Luisa Fernanda.
Cuatro meses después, el 17 de noviembre del mismo año, el interventor designado Daniel Francisco Alvira, y la representante de la cooperativa, Luisa Fernanda Flórez, hacen un acta de suspensión “aduciendo que hacían falta días y que se justificaba”, señaló el fiscal.
El contrato, se reinicia el 16 de enero de 2011 entre el Secretario de Educación y Luisa Fernanda, y el 17 de enero el funcionario y el interventor Ardila Trujillo hacen la solicitud de al jefe de la oficina contratación Dussán García para que haga una adición a dicho contrato, y se adicionan 861 millones 782 mil pesos.
Las adiciones que fueron hechas a los dos contratos, son las que tienen ante la justicia al exmandatario Ramírez Escobar, los exfuncionarios, la representante de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda y los interventores.