Sergio Felipe Salamanca Borrero
La semana pasada se generó polémica en torno a un proyecto de ley que supuestamente pretendía censurar y limitar la libertad de expresión en el país. Frente a esto, decidí indagar más a fondo, con el fin de corroborar el verdadero enfoque y alcance de la iniciativa. El proyecto en cuestión es el PL 339 de 2020, por medio del cual se buscaba llevar a cabo una modificación del actual Código Penal (Ley 599 de 2000), para incluir un nuevo grupo de delitos informáticos, tales como: la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual, Grooming, ciber-acoso y falsedad personal usando medios tecnológicos, entre otros.
De una revisión a la estructura del proyecto en comento, es posible apreciar que este contaba con un enfoque orientado hacia la protección de los menores de edad, respecto de conductas que pueden ser cometidas por medios digitales, lo cual es destacable. Ahora bien, a pesar de que el proyecto en términos generales contaba con un buen enfoque e intención, fue uno de sus artículos, el que desató la avalancha de criticas y reacciones por redes sociales.
El artículo de la discordia pretendía crear el delito de falsedad personal usando medios tecnológicos, en los siguientes términos: “El que, sin consentimiento del sujeto pasivo, y valiéndose de medios tecnológicos, creare imágenes o videos en los que se simula el rostro de otra persona, y posteriormente los difundiere o publicare o a través de cualquier medio o red de información o de comunicación, con el propósito de obtener algún provecho económico, social o político, incurrirá en prisión (…)”
Como se puede apreciar, resulta bastante llamativa la inclusión del elemento político dentro de los motivos que llevan a la comisión de la conducta sancionada. Considero que, si tomamos en cuenta el momento político por el que se encuentra pasando el país, así como la caricaturización y sátira de la cual ha sido objeto este gobierno, podríamos identificar visos de censura en la norma propuesta.
Ahora bien, no podemos perder de vista el hecho de que existen países, en los que es común recurrir a montajes o morphing, como parte de la estrategia electoral. Países y contextos en los que sí tendría sentido un tipo penal con la inclusión de elementos políticos. Para tranquilidad de muchos, los autores del proyecto solicitaron su retiro debido a la presión social ejercida en redes sociales.