Sergio Felipe Salamanca Borrero
Desde el año pasado, en el mundo y especialmente en Latinoamérica, han tenido lugar una serie de estallidos sociales, que a pesar de haber sido interrumpidos por las restricciones a la movilidad a causa de la pandemia, han logrado que sus reclamos resuenen y perduren a lo largo y ancho del continente. Reclamos que tienen raíz en profundas desigualdades sociales en materia educativa, laboral y de acceso a la salud, así como en la desconexión existente entre los Gobiernos y las realidades a su cargo.
Lo paradójico de la situación, es que a pesar de ser reales las causas que generan la movilización social, ha sido poca o nula la atención que han recibo los clamores sociales. Desde mi punto de vista, esta falta de atención puede conllevar a dos posibles escenarios: I. Que continúen las movilizaciones sociales con algunos brotes e incluso escaladas de violencia. Escenario dentro del cual, los gobiernos tienen margen de previsibilidad y de respuesta; o II. Se acuda a mecanismos de naturaleza constitucional, con el fin de darle literalmente, una revolcada al ordenamiento jurídico y cambiar completamente las reglas del juego, escenario que no es posible apaciguar con balas de goma y bolillo.
Dicho lo anterior, podemos tener un acercamiento a un caso, que además de reciente, me resulta profundamente llamativo por la serie de cuestionamientos e implicaciones que plantea, me refiero, al caso chileno. Tal como lo habrán visto en diversos medios, el pueblo chileno, por medio de plebiscito, decidió embarcarse en la aventura de construir una nueva constitución, enterrando así, uno de los grandes legados de la dictadura de Pinochet, la Constitución actual, la cual data de 1980.
Ahora bien, a pesar de que también se haya decidido que será una Convención Constituyente, compuesta por ciudadanos elegidos por voto popular, la encargada de redactar la Constitución desde cero, considero que es un momento en el que además de cautela, debe apostarse por una reforma estructural y efectiva a la educación. Pues, por más que se modifique la Constitución, la estructura del Estado y el modelo democrático de un país, el poder siempre tendrá que estar en cabeza de una o muchas personas. Personas que ojalá, cuenten con la formación suficiente para conocer el pasado de su país, así como las necesidades presentes y futuras, para que al fin, y como dice la canción, muchos puedan dejar de estar “pateando piedras”.