¿Quién está desmontando las Empresas Promotoras de Salud? Durante el actual gobierno, la Superintendencia de Salud, liquidó 13 EPS en graves aprietos financieros y operacionales, que han puesto en alto riesgo la prestación de los servicios de salud. Y otras están en la ‘lista negra’.
RICARDO AREIZA
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Uno de los grandes viacrucis, ventilados antes de Semana Santa, es sin duda, la eliminación de las Empresas Promotoras de Salud. Pero en realidad, ¿quiénes quieren acabar las EPS? La primera pista la dio la Superintendencia Nacional de Salud.
La entidad confirmó que en el actual gobierno (2018-2022) se ordenó el retiro del mercado 13 EPS, entre ellas, Cafesalud EPS (Resolución 7172 de 2019). Manexka, Comfacor, Emdisalud, Cruz Blanca, Saludvida, Confacundi, Comfacartagena, Ambuq, Comparta, Coomeva, Comfanariño y Medimás.
El superintendente, Fabio Aristizábal Ángel, explicó que las decisiones están soportadas, entre otras razones por la inviabilidad financiera, el alto endeudamiento con red de prestadores y el riesgo en la atención de usuarios vulnerables
El funcionario, odontólogo de profesión y especialista en Gerencia Hospitalaria, con una larga trayectoria en el sector, explicó que durante el actual gobierno, se han tomado el todo tipo de medidas administrativas, preventivas y correctivas para proteger la vida y la salud de los usuarios.
“Una de las más drásticas es la liquidación o revocatoria total de la habilitación, que se ha ordenado sobre trece Entidades Promotoras de Salud, debido al riesgo al que sometían la prestación de servicios a sus usuarios y al creciente endeudamiento que tenían con sus redes de prestadores y proveedores de servicios”, explicó Aristizábal Ángel.
El balance está contenido en el último número la revista digital Monitor de Salud, publicada por la Superintendencia de Salud.
“La intervención forzosa para liquidar busca frenar lo que técnicamente se denomina un daño sistémico, es decir el negativo efecto de contagio que puede generar el mal comportamiento de una EPS sobre el resto de los actores del sistema de salud en un territorio determinado”, acotó.
Durante el mandato de Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2018, se liquidaron por lo menos ocho, entre ellas, Saludcoop.
En ‘lista negra’
Según Acemi, otras están en capilla como la EPS de la Caja de Compensación Familiar del Huila, en graves aprietos financieros.
La Caja de Compensación Familiar del Huila, no logró liberarse de la asfixia presupuestal provocada por su EPS,
La entidad reporta pasivos totales por 360.931 millones de pesos, críticos indicadores de solvencia financiera y altos niveles de endeudamiento, poniendo en duda su fiabilidad en el corto plazo y en alto riesgo la garantía de prestación de los servicios a sus 554.527 afiliados.
Según la Superintendencia Nacional de Salud, la EPS Comfamiliar del Huila no cumple con los indicadores de capital mínimo desde el 2016, ni los indicadores de patrimonio adecuado para los cierres 2016 a 2020 y noviembre de 2021.
Según el reporte auditor la EPS Comfamiliar no cuenta con la adecuada aplicación de la metodología para el cálculo de las reservas técnicas, registra un alto endeudamiento y serios problemas de liquidez y por lo tanto un alto riesgo de insolvencia. Estos indicadores han sido recurrentes desde hace seis años.
En la vigencia 2021, el programa de salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila refleja una tendencia negativa de sus indicadores de índice de siniestralidad, rentabilidad y margen operacional.
Las pérdidas acumuladas, superiores a los 276.742 millones de pesos, absorbieron las utilidades y excedentes de los demás negocios y programas, colocando en alto riesgo la estabilidad financiera y sostenibilidad de Comfamiliar Huila en el corto plazo,
En febrero pasado, ante esta incertidumbre, la Superintendencia Nacional de Salud decidió extender hasta el 26 de agosto de 2022, la medida cautelar de vigilancia especial, decretada hace seis años.
Pero este sombrío panorama no es único d Comfamiliar Huila. El mismo cuadro lo reportan las otras EPS, en graves aprietos financieros, que las están volviendo inviables.
Hallazgos
Durante los procesos de auditoría realizados a las EPS en el país se encontraron graves falencias.
Entre otras razones para liquidar las EPS están las causales de inviabilidad de esas entidades como aseguradoras en salud, la crisis financiera y los riesgos en materia de prestación de servicios.
“Dos de las EPS retiradas definitivamente este año tenían deudas acumuladas con sus redes de prestación por montos cercanos a los dos billones de pesos cada una, no contaban con las reservas técnicas que les permitieran respaldar esas obligaciones y venían incumpliendo sistemáticamente los planes de capitalización a los que se habían comprometido”, reveló la Superintendencia de Salud.
En componente asistencial, estas EPS liquidadas ocupaban los primeros lugares en volumen y tasa de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, tutelas y desacatos, lo que evidenciaba la desatención de sus usuarios.
Pero además, los auditores de Supersalud identificaron otras desviaciones igualmente alarmantes en los indicadores de prestación de servicios especializados, en el suministro de medicamentos y en la autorización de procedimientos y tratamientos a sus poblaciones más vulnerables, como pacientes de cáncer, hemofilia y Sida.
“Con este diagnóstico, y sin que demostraran con hechos reales que quisieran corregir el rumbo, la Supersalud decide poner freno a estas situaciones que se vuelven insostenibles para el sistema y para la vida de los afiliados”, consignó Supersalud.
Sin claras señales
Según el organismo de control, no dieron señales de mejorar sus indicadores a pesar de las múltiples prórrogas sucesivas que les dio en los últimos cinco años.
En el caso del Huila, la vigilancia especial fue impuesta desde el 4 de agosto de 2016 y se ha venido prorrogando en forma sucesiva ante la imposibilidad de enderezar su rumbo.
“Eran malas pagas. Tenían altísimas carteras con sus redes de prestación, lo que amenazaba con provocar un daño sistémico”, revela el informe de Monitor.
“Se volvieron ‘campeonas’ en PQRD y tutelas. Ocupaban los primeros lugares en quejas sin resolver y en desacatos y realizaban maniobras no santas. Acudían a tutelatones y a jueces para revocar las decisiones. También recurrían al desprestigio en redes sociales y a pagar publirreportajes para desinformar sobre las causas reales de su liquidación”, subrayó el informe.
Las 13 EPS liquidadas, acumularon pérdidas e incumplían el capital mínimo y el patrimonio adecuado, incluso se comprobó que algunas utilizaban recursos de la salud para patrocinar reinados, equipos de fútbol o mantenían caletas secretas.
Caso Medimás
A la crítica situación técnica y administrativa que registra la empresa Medimás, la última EPS liquidada, se sumaron las irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema de Seguridad Social.
Según la Contraloría Delegada para el Sector Social, Medimás pagó por servicios médicos valores superiores a lo previsto en su regulación, canceló servicios médicos a personas fallecidas, a no afiliadas y entregó anticipos injustificados a contratistas. Después de la reorganización administrativa la entidad giró recursos superiores a los servicios prestados, realizó pagos dobles a IPS y contratistas.
También se evidenció que a pesar de las regulaciones de los precios de medicamentos y dispositivos médicos no fueron modificados manteniéndose el precio inicialmente pactado.
Si no se hubiera optado por las liquidaciones de estas 13 EPS la cartera por cobrar de las IPS a las EPS hubiera pasado de 15.44 billones a $25.8 billones y el déficit de solvencia habrìa llegado a 10.1 billones de pesos.
Como consecuencia de las liquidaciones de13 EPS efectuadas durante el actual periodo de Gobierno, alrededor de 9,3 millones de usuarios de la salud fueron trasladados a EPS receptoras.
“No vamos a permitir que ningún vigilado juegue con la salud de los usuarios o ponga en riesgo la atención que requieren la población infantil y los pacientes más vulnerables”, subrayó Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente Nacional de Salud.
Según Gustavo Morales Cobo, ex presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), las liquidaciones se convirtieron en un arma de doble filo.