Uno de los hechos de la semana fue el anuncio del Comité Nacional de Paro de un cambio de estrategia en las protestas contra el Gobierno del presidente Iván Duque.
Como es de conocimiento público, los líderes del Comité decidieron suspender las marchas, reconociendo, entre otras cosas, que estas eran alimento para los contagios de coronavirus. Anunciaron además que presentarán su pliego de peticiones por la vía de proyectos de Ley en el Congreso de la República. Harán un diálogo con distintos sectores y se apoyarán en académicos para elaborarlos y el próximo 20 de julio, cuando inicie una nueva legislatura, harán una movilización para presentarlos. “Aspiramos a que los congresistas no les fallen a los colombianos así como les ha fallado el presidente Duque”, fue lo que dijo el martes pasado Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Aunque tardía, la decisión del Comité de suspender las movilizaciones es racional. El país entero es testigo de cómo los muertos y contagios diarios por coronavirus siguen en aumento. Lamentablemente y para nadie es un secreto que las marchas generaron numerosas aglomeraciones que alimentaron la propagación de la enfermedad.
Respecto a la protesta social en sí, es sumamente válido que se quiera seguir con ella. El mismo dirigente de la CUT lo advirtió: “Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia, esta va a continuar porque las causas que la generaron se mantienen vigentes”. Eso está bien. Sin embargo, en el cambio de estrategia no pueden tener cabida los bloqueos viales que tanto daño le hicieron a la economía de los colombianos. Tampoco se pueden permitir los hechos de vandalismo, los saqueos, las quemas de peajes y bancos y episodios de violencia que sumieron en el caos y el desgobierno a varias ciudades, incluida Neiva.
Los males de este país nunca se resolverán promoviendo acciones violentas.