Ha hecho bien la Procuraduría General de la Nación en llamar a cuentas a la Alcaldía del municipio de Isnos, en el sur del Huila, por la realización del ‘Carnaval de Negros y Blancos’, en momentos en que el país está enfrentando un aumento de casos de coronavirus relacionado con la circulación de la variante ómicron.
A través de una comunicación formal, el ente de control le ha solicitado a la administración municipal sureña un completo informe sobre las medidas sanitarias adoptadas en ese evento para controlar eventuales contagios y los riesgos asociados a esa actividad presencial masiva.
Dentro de lo requerido por el Ministerio Público está el plan de acción de las ferias y fiestas, número de participantes y estrategias de orden público para control de aforos, así como de distanciamiento aplicados durante las celebraciones. De igual manera, pidió allegar los permisos otorgados por la Alcaldía y datos sobre la capacidad de toma diaria de muestras en el municipio, el promedio de contactos rastreados por cada caso confirmado en noviembre y diciembre comparado con el promedio en lo corrido de enero. En la misiva, la Procuraduría pidió también dar a conocer la capacidad instalada de infraestructura para atención de urgencias, un informe desagregado con los esquemas completos de vacunación en Isnos y la relación del personal de salud contratado para adelantar acciones de rastreo y vigilancia epidemiológica.
Las administraciones municipales y los mandatarios deben entender que en estos tiempos de coronavirus cualquier decisión relacionada con la salud pública y el bienestar de toda una población debe ser sopesada minuciosamente. La salud es un servicio básico esencial.
La Procuraduría está en mora de llamar a cuentas a otras administraciones municipales huilenses que durante las últimas semanas autorizaron eventos masivos en pleno incremento de contagios.