Dos cercanos alfiles del ex presidente Alvaro Uribe, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, fueron condenados por la campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, que se inició en la capital huilense.
El miércoles 12 de septiembre de 2007, durante un desayuno en el Club Metropolitano, Bernardo Moreno Villegas llegó con una orden contundente: La Presidencia de la República tenía cuatro requerimientos específicos, el más importante: Recopilar información de la Corte Suprema de Justicia. Bernardo Moreno ejercía como secretario General de la Presidencia.
La orden fue para María del Pilar Hurtado, directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En la reunión celebrada en un sitio reservado también estuvo Fernando Tabares, jefe de Inteligencia.
Los dos funcionarios atendieron de inmediato, sin reparos, la orden de la Casa de Nariño. El proyecto fue bautizado como “Proyecto Escalera”. De inmediato asignaron recursos y personal.
Así comenzó la gigantesca operación de interceptaciones ilegales para desprestigiar a magistrados, periodistas y dirigentes de oposición, que investigaban la vinculación de políticos con grupos paramilitares de extrema derecha.
Los pormenores de la conspiración quedaron evidenciados en un nuevo fallo que condenó a 63 meses de prisión, a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, alfiles del gobierno de Uribe.
“Hay suficientes indicios para determinar la existencia de un pacto delictivo. Un pacto para cometer delitos indeterminados con una persistencia temporal y un gran despliegue logístico”, expresaron los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, cuyo fallo fue confirmado por una sala de conjueces.
Atendiendo las instrucciones de la Casa de Nariño, el organismo de seguridad, ubicó fuentes humanas en la Corte. La misión: recopilar información distinta a la que registraba la prensa. Para hacerlo se usaron grabadoras espías, escondidas en las oficinas de los magistrados y en las salas de audiencia. La otra labor: extraer ilegalmente copias de expedientes que podrían ser de interés para el gobierno de Álvaro Uribe.
El complot
Ese complot contra la Corte Suprema de Justicia, según Yesid Ramírez comenzó con la orden de captura que libró contra el senador Mario Uribe Escobar por sus presuntos vínculos con grupos ilegales de autodefensa (Radicado 27.918).
El complot estaba dirigido principalmente contra el presidente de la Corte Yesid Ramírez Bastidas. Igual ocurrió con los magistrados María del Rosario González, César Julio Valencia Copete y su abogado Ramiro Bejarano Guzmán.
Fernando Tabares, ya condenado por las chuzadas, confesó que Bernardo Moreno le dijo a Pilar Hurtado que Uribe estaba interesado en estar permanentemente informado de la Corte Suprema, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronell, como otros “blancos políticos”.
Dos días después de la reunión secreta en el reservado del Metropolitan Club de Bogotá comenzó en firme el complot.
“Ese fue el punto de partida de la acción ilícita y el comienzo de esta infamia” relató a LA NACIÓN Ramírez Bastidas.
Punto de partida
Bernardo Murillo, el hombre que dirigió en el 2008 las misiones secretas, confesó los detalles de esa conspiración secreta que comenzó en Neiva.
La operación la iniciaron en el año 2008 funcionarios del Grupo de Observación Nacional e Internacional (GONI) adscrito a la Subdirección de Contrainteligencia del DAS.
El ex funcionario relató todas las labores de inteligencia que desplegó y las indagaciones sin autorización judicial que dispuso sobre el homenaje al magistrado huilense en junio de 2006, dos años atrás.
Pacto delictivo
Luego, según lo reseñó la propia Corte Suprema de Justicia, bajo la fachada de una supuesto infiltración del narcotráfico, se activaron los “ciclos de inteligencia”. La primera tarea asignada además a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
La directora del DAS impartió instrucciones al jefe de Inteligencia Fernando Tabares Molina para centrar su actividad en los blancos escogidos.
Varios funcionarios del DAS se desplazaron a Neiva para recopilar información personal de Ramírez Bastidas.
Los funcionarios del organismo de seguridad recopilaron abundante información en tres carpetas (Paseo I, Paseo II y Paseo III), producto de reiteradas presiones del alto gobierno para obtener resultados. “Estas presiones también llevaron a tres reuniones en la Casa de Nariño”, precisaron los magistrados.
La primera fue el 21 de abril de 2008. El subdirector del DAS entregó información a José Obdulio Gaviria y a César Mauricio Velásquez.
La segunda fue el 24 de abril. Participaron Bernardo Moreno, Jorge Mario Eastman, María del Pilar Hurtado, José Obdulio Gaviria, Edmundo del Castillo y dos funcionarios de la UIAF.
Al día siguiente, se reunieron con Lagos y Tabares para que reconocieran una fotografía de Ascencio Reyes.
Esa información fue filtrada a varios periodistas para desprestigiar a la Corte. Incluyó una foto falsa de Ascencio Reyes.
Blancos políticos
Bernardo Murillo fue el coordinador y supervisor del Grupo Anticorrupción de la Dirección Operativa del DAS. El funcionario confesó los detalles de la conspiración.
Durante su ejercicio en este cargo, dirigió, coordinó y le hizo un seguimiento detallado de las actividades ilegales contra los servidores públicos clasificados como “blancos políticos”.
El exfuncionario, ordenó y controló la realización de indagaciones particulares contra el magistrado Yesid Ramírez Bastidas y las surgidas con ocasión de alguna información relacionada con el desplazamiento de los magistrados a Coveñas, Neiva e Isla Margarita.
“En esas condiciones participó en la expedición de órdenes verbales y escritas manifiestamente ilegales orientadas a obtener información reservada y privada e interceptar comunicaciones de los mencionados servidores públicos”, relató el magistrado Pedro Elías Díaz Romero de la sala encargada de definir las situaciones jurídicas de los actores involucrados en el conflicto armado colombiano.
Exaltación
Yesid Ramírez, fue el blanco principal de esa misión ilegal.
Poco después de haber asumido la presidencia de la Corte, la sociedad huilense le hizo una exaltación el 9 de junio de 2006. El magistrado Yesid Ramírez Bastidas, era el primero en este siglo y el segundo huilense en alcanzar esa posición después de José María Rojas Garrido en 1870.
Esa exaltación se convirtió, paradójicamente, en su peor pesadilla. El ágape, lo coordinó el huilense Ascencio Reyes Serrano, bautizado en los círculos judiciales como “el mecenas de la justicia”. Ascencio fue el pretexto de la confabulación.
Reyes, según Yesid Ramírez, tenía muchos conocidos en la DEA. Fue compadre de un ex director de la DEA. “Era amigo de Leo Arreguin, exdirector de la DEA, muchos años antes de haber llegado yo a la Corte. El mismo Ascencio anunciaba sus relaciones amistosas con muchos asesores de la DEA”.
Pesquisas ilegales
En desarrollo de estas actividades investigativas se consultaron sin autorización judicial, las bases de datos reservadas de algunos magistrados sobre transacciones cambiarias, transacciones en efectivo, actos notariales, salud de los “blancos estratégicos”, compra y venta de vehículos y bienes, a través de la información disponible de la estatal Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esa unidad oficial es la encargada de detectar las prácticas asociadas con el lavado de activos.
Murillo Cajamarca ordenó búsquedas selectivas de información en empresas de transporte aéreo nacional, para identificar los vuelos, registros y demás datos de las personas que viajaron a Neiva para asistir al homenaje. Igualmente ordenó búsqueda selectiva de información en bases privadas no solo de Ramírez Bastidas, sino también de todas las personas que asistieron al homenaje en Neiva.
La subdirección de Fuentes Humanas en esa misma época contactó y ubicó personas de la Corte para que obtuvieran información reservada y privilegiada de los magistrados y obtuvieron ilegalmente varias piezas procesales. Mientras tanto, otros funcionarios del Gobierno, entre ellos varios huilenses, abogados afines e informantes particulares consultaban los archivos de prensa, buscaban fotografías, eventos sociales, exploraban las actividades personales de Ramírez Bastidas y su círculo familiar, buscando cualquier pista escandalosa que pudiera afectar su trayectoria.
Querían enredarlo
El director de inteligencia capitán Fernando Tabares (ya condenado) escribió con su puño y letra los ocho puntos por averiguar y las dependencias que debían ejecutar las órdenes.
Además, declaró que Joaquín Polo, director encargado del DAS, le pidió localizar un polémico video sobre la captura de algunos abogados implicados en la millonaria defraudación en la Caja Nacional de Previsión (Cajanal) para enlodar a Ramírez Bastidas.
“Me ordenó que fuera personalmente y los buscara a la Fiscalía ya que quería tener copia de los mismos ya que ahí se evidenciaría que el magistrado Yesid Ramírez tenía relación con el caso Cajanal más exactamente con los hermanos Cabrera Polanco”, confesó Murillo Cajamarca. Se trataba de los hermanos Armando y Omar Cabrera, condenados por la defraudación ocurrida en 1989.
“Estos videos nunca me fueron puestos de presente ya que siempre que los solicitaba en la Fiscalía siempre me manifestaban que no los encontraban”, recordó.
Misiones secretas
La conducta criminal, según la justicia, se concretó en las misiones secretas sin autorización judicial. Entre ellas la misión de trabajo 042 del 3 de junio de 2008, que Murillo Cajamarca impartió a la detective Edith Mazo García para realizar labores investigativas a fin de verificar información allegada a la dirección general operativa, dicha misión comportó la actividad que consta en el documento plan de trabajo en el que la detective trazó como objetivo: “Obtener información relacionada con el señor Yesid Ramírez, Asencio Reyes, identificado plenamente, cuál es la actividad que desarrollan…”
Igualmente autorizó la Misión de Trabajo 014 del 28 de abril de 2008. El coordinador del grupo GONI ordenó “todas las actividades de inteligencia que permita obtener información relacionada con Ascencio Reyes Serrano, un conocido lobista huilense, asociado por los organismos de inteligencia con la mafia, pero según Ramírez Bastidas, era informante de la DEA.
Nueva condena
El martes pasado 3 de diciembre una sala de nueve conjueces condenó a 63 meses de prisión a los dos alfiles de Álvaro Uribe; el ex secretario jurídico Edmundo del Castillo y el ex secretario de prensa César Mauricio Velásquez, por el delito de concierto para delinquir.
Edmundo del Castillo fue investigado además por abuso de función pública y utilización indebida de información oficial privilegiada. Incluye otras actuaciones concretas como recepción de información reservada y privilegiada, participación en actividades encubiertas de filtración de dicha información e intermediación de una fuente humana.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo emitido del 8 de septiembre de 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá.
A pesar de todas las acciones judiciales interpuestas para obtener impunidad, los dos ex funcionarios de alto rango, fueron condenados a 63 meses de prisión por concierto para delinquir.
Bernardo Moreno, fue condenado por este caso a ocho años. Permanece con detención domiciliaria. Lo mismo ocurrió con los directores de ese organismo María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera Cotes y Andrés Peñate. También fueron sentenciados Jorge Alberto Lagos, jefe de Contrainteligencia; Fernando Tabares, director de Inteligencia; Martha Leal, subdirectora de Operaciones y Gustavo Sierra, subdirector de Análisis, entre otros.
Chivo expiatorio
El expresidente de la Corte, Yesid Ramírez, quien dejó el cargo en el 2010 por periodo cumplido, celebró el nuevo fallo y se declaró víctima de esa conspiración.
“Simplemente ahí quedó al descubierto una vez más la persecución con campaña de descrédito contra la Corte Suprema que investigaba lo de la narcoparapolítica que tanto asustaba a las altas esferas del legislativo y ejecutivo”, afirmó.
“Ahí quedaron en evidencia las más altas imbricaciones, que todavía escapan por el miedo de algunos jueces a implicar a las más altas cifras de esa política de Estado aplicando la teoría de los Aparatos Organizados de Poder que en 2006 diseñó el alto tribunal y que provocó los delitos del DAS y de la Presidencia de la República”.
“Fui el chivo expiatorio porque era el Presidente de la Corte y era conocida mi posición de liderazgo para extirpar ese cáncer derivado de la socorrida Seguridad Democrática que hoy penaliza también la JEP”, subrayó Ramírez Bastidas.
