Sergio Felipe Salamanca Borrero
La semana inició con una fuerte polémica generada con ocasión de la expedición del Decreto No. 131 de 31 de mayo de 2020 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, todo debido a que el parágrafo primero del artículo segundo y el artículo tercero del Decreto establecían la obligación, para toda persona que fuera a circular bajo el amparo de una de las pocas excepciones establecidas por el Gobierno Nacional en el Decreto 749 de 2020, de registrarse en la aplicación de Gobierno Abierto -GABO- o por medio de un aplicativo dispuesto en la página web de la Alcaldía.
De una revisión conjunta a lo dispuesto por el decreto y a la información publicada en la página de la Alcaldía, se puede concluir fácilmente que la medida se encuentra orientada a centralizar la información, facilitar los procesos de acreditación y de inspección, así como de coadyuvar en el proceso de “vigilancia epidemiológica y gestión de movilidad segura”, tal como lo señala la Alcaldía en su sitio web. A pesar de lo anterior, las críticas no se hicieron esperar, las cuales tuvieron un especial enfoque en el carácter obligatorio del registro, calificándola entre otras, de intrusiva, totalitaria e incluso de orwelliana. Las críticas llegaron a tal punto, que la Alcaldía tuvo que expedir un nuevo Decreto, el No. 134 de 2020, mediante el cual modificó el carácter obligatorio del registro, dejándolo voluntario.
Si bien las críticas formuladas tienen pleno fundamento en situaciones normales, no podemos perder de vista los siguientes aspectos: i. Actualmente no disponemos de una vacuna que permita romper la cadena de contagio; ii. El número de unidades de cuidados intensivos y de ventiladores es limitado, lo que podría suponer un colapso del sistema en caso de presentarse casos graves de forma masiva; iii. Se requiere reactivar las actividades económicas; iv. Los colombianos no nos hemos caracterizado durante la emergencia sanitaria por el estricto cumplimiento, ni por la obediencia de las medidas; y v. Nos encontramos en el rango de los mil contagios diarios desde hace unos días.
Por lo anterior considero que este tipo de medidas deberían conservar su carácter obligatorio, con el fin de que nuestros alcaldes puedan disponer de información actualizada y suficiente para la toma de decisiones e implementación de medidas, eso sin olvidar que contamos con la garantía constitucional de poder solicitar la eliminación de nuestros datos.