El gobernador Luis Enrique Dussán confirmó que el proyecto declarado de “importancia estratégica nacional” se quedó sin recursos. La obra está paralizada y para terminarla se requiere un monto más alto del que se ha ejecutado en 13 años.
RICARDO AREIZA
Unidadinvestigativa@lanacion.com.co
A pesar de los 227.324 millones de pesos que se han invertido en el distrito de riego Tesalia-Paicol en los últimos 13 años, la obra sigue paralizada.
Aunque parezca imposible, para terminarla y ponerla en operación, tal como fue diseñada, se requiere una inversión similar. Con otro agravante: no hay un solo peso para culminarla.
Los anuncios electorales de la entidad oficial quedaron solo en promesas incumplidas de la pasada campaña. Cero pesos.
Ni siquiera los estudios contratados para evaluar el estado de las obras de protección construidas y valorar las obras pendientes tampoco se cumplieron en los plazos pactados. Terminó el gobierno pasado y la obra declarada de “importancia estratégica nacional”, y clave para la seguridad alimentaria, quedó a la deriva y sin dolientes.
Cero pesos
Después de 13 años el distrito de riego Tesalia-Paicol, clave para reactivar la producción agropecuaria está paralizado, sin esperanzas de su efectiva culminación. Esa es la realidad.
Aunque el Conpes 3556 expedido el 11 de diciembre de 2008, declaró el proyecto de “importancia estratégica nacional” y autorizó a la nación su financiación, hoy no tiene recursos. Contrario a lo que su anterior presidenta anunció en plena campaña, en el presupuesto no quedó ni un solo peso.
La confirmación
Según el gobernador Luis Enrique Dussán la obra está paralizada, pero además desfinanciada.
“El estudio de actualización se hizo, a finales del gobierno anterior supimos que ya estaba hecho, pero no destinaron los recursos”, afirmó ayer el mandatario seccional.
“La información que tenemos es que vale más de 200 mil millones de pesos y lo real es que la plata no está. Vamos a ver que va a pasar y este es uno de los temas que están sobre la mesa”, precisó Dussán López.
No obstante, la Contraloría General de la República reveló que el último plazo concedido para la terminación de la consultoría fue el 25 de agosto del 2022.
A media marcha
Según el último informe de seguimiento realizado por la Contraloría General de la República, la obra diseñada para irrigar proyecto comprendía una extensión de 3.273 hectáreas reporta un avance del 79.5% con una inversión realizada de más $193.990 millones, en su primera fase constructiva, que finalizó en el año 2018, como resultado de la ejecución de los contratos de obra 695 de 2009 y el contrato de obra 939 de 2014.
Puntos críticos
Con otro punto crítico: el deterioro paulatino de las obras ya construidas y los costos adicionales de la recuperación.
Para ejecutar las obras restantes que corresponden al 20.5% se contrataron otras obras de protección, en idéntico deterioro.
Las obras de mitigación de socavación y captación del proyecto fueron ejecutadas por el consorcio Obras Distritos (Contrato 559 de 2019).
El valor final del contrato fue de 5.966,14 millones de pesos, con un plazo de ejecución hasta el 23 de diciembre de 2021.
Las obras complementarias que corresponden a la protección de las márgenes izquierda y derecha del río Narváez, aguas arriba de la estructura de captación con estructura de gaviones, incluyendo revestimiento en concreto reforzado, quedaron paralizadas.
Según la Contraloría, el contrato se ejecutó y se encuentra en proceso de liquidación por parte de la ADR.
Obras pendientes
Según la información suministrada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) las obras faltantes corresponden a la estructura de captación.
En la bocatoma se incluyen obras complementarias de estabilización de margen derecha río Negro de Narváez. Resta el 4% equivalente a 260 metros.
Además, la conducción principal flujo libre (4.655 metros) – Incluye cámara de presurización, faltando 22.2 %, es decir 1.029 metros.
Finalmente la conducción principal flujo presurizado (8.193metros) e instalación de tubería. Solo falta la instalación de 4.271 metros, correspondientes al 52%.
Con la terminación de estas obras se podrán habilitar por lo menos 3.273 hectáreas que se incorporarán a la producción agropecuaria.
Ultima consultoría
Aunque los alcaldes de Tesalia y Paicol han sostenido que era innecesario un nuevo estudio para determinar el resto de obras, que todos conocen, la agencia estatal contrató otra consultoría para determinar el presupuesto restante para terminar las obras complementación, actualización y elaboración de estudios y diseños de detalle para la terminación del distrito de mediana irrigación.
El contrato de consultoría fue suscrito en Neiva el 10 de noviembre de 2020 con bombos y platillos por la presidenta anterior de la Agencia de Desarrollo Rural Ana Cristina Moreno y el Consorcio Diseños TP representado por Michel Alexander Cifuentes.
El plazo concedido era de 13 meses. El contrato inicial costó 2.414 millones de pesos. La contratación fue realizada a través del Patrimonio Autónomo de Findeter (PAF) cuyo vocero y administrador es la Fiduciaria La Previsora.
La interventoría técnica y financiera por 916 millones se contrató con el Consorcio Interventoría Riegos representado por Fernando José Manjarrés Cabas.
A pesar de los anuncios oficiales de segura reactivación, los estudios finales transitaron el mismo calvario.
El acta de inicio fue firmada 11 de diciembre de 2020, es decir, que los estudios y diseños debían entregarse el 11 de enero de 2022. Esta vez el plazo tampoco se cumplió.
Como lo anticipó LA NACIÓN el contratista pidió una prórroga, por retrasos no previstos en la ejecución del proyecto. La solicitud fue hecha en mayo de 2021 argumentando demoras en la obtención de permisos aéreos para captura de la información con fines de topografía detallada, condiciones climáticas con altas precipitaciones y efectos de la pandemia.
El contratista reveló dificultades y retrasos en el componente catastral, supuestamente ocasionado por el paro nacional, y finalmente desacuerdos con las comunidades indígenas que se oponían exigiendo la revisión de la consulta previa.
Componentes
En la primera etapa, la consultoría debió realizar toda la verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto, al nivel de la etapa de pre-inversión, sub etapa de factibilidad y el anexo técnico de alcance, revisión y actualización de estudios y diseños.
En la fase dos, sin terminar, la actualización y complementación de los diseños existentes y elaboración de diseños detallados con los respectivos anexos técnicos.
El plazo de ejecución de la Fase I fue prorrogado por el término de 45 días, a partir del 11 de agosto de 2021 hasta el 24 de septiembre de 2021.
De acuerdo con la primera prórroga autorizada, la nueva fecha de terminación del contrato era el 24 de febrero de 2022. Tampoco se cumplió. El gobierno terminó y los estudios quedaron inconclusos.
Consulta previa
Según la Agencia de Desarrollo Rural las gestiones para la consulta previa no han dado resultados.
La comunidad indígena Picwe Tha Fiw del municipio de Páez (Cauca) insiste en que la consulta previa no es válida por posibles irregularidades en la suscripción de los acuerdos consultados, y exigen nuevos acuerdos. Los acercamientos con el consorcio TP tampoco dieron resultados.
Esta limitación, en el nuevo gobierno, podrá remediarse, en un proceso de reactivación agropecuaria.
Anomalías
A pesar de las evidentes anomalías durante las dos primeras fases de la obra, incluidos sobrecostos y recursos entregados y jamás amortizados, las investigaciones avanzan a paso de tortuga.
El primer contrato 695 fue adjudicado el 5 de noviembre de 2009 al consorcio Interriego, uno de los grandes socios del Grupo Nule por un valor de 78.652 millones de pesos y un plazo de 25 meses. La obra inició el 19 de febrero de 2010.
Ese contrato quedó ejecutado en un 47 por ciento y las inversiones alcanzaron los 95.000 millones de pesos. De éstos el Gobierno Nacional aportó 55.000 millones y la Gobernación del Huila colocó otros 40.000 millones con recursos de vigencias futuras.
Después de ocho años de haberse liquidado el contrato (4 de marzo de 2014) los contratistas no han devuelto 16.191 millones de pesos, sin intereses, que cobraron por obras que nunca ejecutaron.
El 22 de diciembre de 2014, el Incoder, al borde de la liquidación, firmó un segundo contrato con el consorcio Tesalia 2014, supuestamente para terminar la obra en 12 meses.
El contrato de obra 0939, resultó otro tremendo descalabro. Tuvo un costo inicial de 81.553 millones de pesos. Sin embargo, la inversión total alcanzó otros 114.353 millones de pesos, el 26,74% más de lo presupuestado inicialmente.
Lo inconcebible, a pesar de los 227.324 millones de pesos invertidos durante los últimos 13 años en el 79,5% del proyecto, para terminar el restante 20,5% se requiere una suma superior.