Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el gobierno de ese país estrechó sus alianzas con Google para apoderarse de la información de todos los usuarios de las redes sociales. Bajo el pretexto de la seguridad, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) suscribió un contrato con Google en 2003 para conseguir asesoría sobre cómo sofisticar sus motores de búsqueda y almacenar grandes cantidades de datos. Una suerte de estado de excepción ha abierto el camino para que las compañías privadas negocien con la información que extraen sin ningún consentimiento.
Las normas que protegían la privacidad de los ciudadanos de cualquier nación democrática comenzaron a ser pisoteadas y el matrimonio público – privado sirvió para trasgredir la legalidad. El Estado norteamericano utilizaba a las empresas para que extrajeran datos sin ningún tipo de consecuencias. Estas últimas reclamaron el derecho a la autorregulación, la doctrina neoliberal caía como anillo al dedo a la pretensión y, como no bastaba con esto, las normas se han ido adaptando paulatinamente a la medida de los intereses de los multimillonarios que conducen Facebook o Google. Muchos de los cerebros pasan de las administraciones estatales a trabajar para los tiburones del ciberespacio y viceversa. Son variados los sectores que han entrado a hacer parte del entramado mercantil de los datos en la web. Mandos militares, élites políticas, empresarios de Silicon Valley y reconocidos profesores de las más importantes universidades norteamericanas ponen todo su empeño para mejorar el rendimiento de la extracción de información, con el objetivo de influir en las conductas de los ciudadanos y para encubrir unas actuaciones que bajo la óptica de los derechos y las libertades son reprochables y, en un Estado Social de Derecho, ilegales.
En el plano político, Obama disfrutó de las mieles de la extracción de los datos a los navegantes del ciberespacio. Gracias a esto, la campaña podía saber los efectos de las actuaciones del candidato sobre cada votante y conducir las decisiones electorales en un determinado sentido. El lobby de los gigantes de la información se lleva a cabo y son miles de millones de dólares los que se invierten en las campañas para seguir reinando en la realidad virtual. Un asesor de Obama decía lo siguiente: “Sabemos a quién va a votar la gente antes incluso de que lo haya decidido” (Zuboff, 2020, p. 171).