RICARDO AREIZA
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El ex contralor de Neiva, José Hildebran Perdomo, detenido por corrupción, direccionó personalmente su elección y la de su amiga, la ex personera, Heidy Lorena Sánchez Castillo.
Según las revelaciones hechas por la Fiscalía durante las audiencias preliminares, Perdomo Fernández, quien renunció al cargo, no habría actuado solo.
Por lo menos, esa parece ser la otra línea de investigación priorizada por la Fiscalía, en una segunda fase de la investigación.
Perdomo Fernández, quien también compró su puesto, en otro amañado proceso realizado por el Concejo, manipuló los dos concursos y pagó por ellos.
Y no solo con dinero en efectivo. También con puestos presionados con amenazas de investigaciones o archivando procesos como también ocurrió, en entidades como Empresas Públicas de Neiva.
Este como otros casos aparecieron en las interceptaciones ordenadas y realizadas por la Fiscalía, y son objeto de rigurosa evaluación.
Manipulación
En el caso de la Personería, Perdomo en coordinación con otros funcionarios de la Universidad Surcolombiana majaron irregularmente el concurso de méritos para otorgarle, sin merecerlo, un mayor puntaje en las pruebas de conocimiento, experiencia profesional y trayectoria académica.
Las interceptaciones telefónicas legalmente recaudadas por la Fiscalía, utilizando la plataforma ‘Esperanza’, develan por ahora, el rol protagónico que jugó Perdomo Fernández quien se desempeñaba como jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Surcolombiana.
Otros actores
Desde esta posición, antes y después del cuestionado concurso, siguió marcando el ritmo del también cuestionado Grupo de Proyectos Especiales Institucionales (GPIE), encargado en este caso de realizar el concurso de méritos en Neiva y en otros 34 municipios del país.
El convenio como quedó evidenciado durante estas tres semanas, fue firmado por el rector de la Usco Pedro Reyes, y el presidente del Concejo Luis Eduardo Penagos el 12 de noviembre de 2015. La firma se hizo sin autorización de la mesa directiva de la corporación y sin que la Usco estuviera habilitada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para realizar estas pruebas de selección de personal.
La ejecución del convenio le fue delegada a la Vicerrectoría de Investigaciones a cargo de Ángela Magnolia Ríos Gallardo, quien fungía como coordinadora de los concursos.
La entidad su vez le delegó esa responsabilidad al Grupo de Proyectos, creado para la venta de servicios especializados a cargo del médico Luis Antonio Medina Arias, el único vinculado al proceso penal y a quien le dictaron medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
Medina Arias además de ser el supervisor del convenio, estructuró los convenios, actuaba como coordinador, seleccionaba el personal, respondía las reclamaciones y terminó interviniendo en la calificación de las pruebas.
La Fiscalía lo señaló como el supuesto responsable de alterar los puntajes y ocultar documentos del proceso de calificación, “para impedir que se detectara cualquier adulteración o manipulación…”.
Aunque Medina Arias ejercía funciones públicas, delegadas de un contrato de prestación de servicios, inesperadamente, la juez de garantías, le decretó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
El GPIE
En el mismo Grupo de Proyectos Institucionales Especiales (GPIE) laboraron Carlos Eduardo García Cruz (actual Jefe Jurídico de la Usco nombrado en reemplazo de José Hildebran Perdomo, poco después de su posesión en la Contraloría) y Juan David Gil Ruíz, actual asesor jurídico de la Personería de Neiva, del Sistema Estratégico de Transporte (Sept) y de la Secretaría General, entre otras asesorías.
Las grabaciones develadas por la Fiscalía, pusieron en evidencia que Perdomo Fernández, por fuera de la Usco ejerciendo su cargo en la Contraloría seguía mandando la ‘parada’ en el Grupo de Proyectos Especiales.
Desde esta posición, gestionaba indebidamente otras actividades, ajenas a su ejercicio y tramitaba contratos y nombramientos. Entre otros aparecen contratos en Empresas Públicas de Neiva en la época de Cielo Ortiz Serrato, Empresa Social del Estado, Sept, y en entidades como Infihuila, Comfamiliar del Huila, Terminal del Transporte. Además, aparentemente presionaba con auditorías a otras entidades como el mismo Sept y Secretaría de Hacienda.
En una de las grabaciones con el empresario René Cantillo, aparece el esposo de la gerente de una empresa de salud, comentándole los resultados de sus “gestiones”.
‘Vlacho’
El abogado Vladimir Fernández Andrade (‘Vlacho’), primo del ex contralor, también apareció en varias referencias, aconsejándolo sobre las “embarradas” que se descubrieron en la amañada calificación de las pruebas que presentó la detenido ex personera de Neiva. ‘Vlacho’, actual secretario General de la Federación de Departamentos, cargo que asumió en febrero pasado tras haber renunciado a la Procuraduría General, fue su apoderado en el trámite de la acción de nulidad electoral, tanto en el Tribunal Administrativo del Huila como en el Consejo de Estado. También asesoró a la actual contralora departamental, Adriana Escobar en una demanda similar.
El abogado, en diálogo con LA NACIÓN, explicó que su actuación está circunscrita a su ejercicio profesional como apoderado.
La Fiscalía investigará estas “relaciones tormentosas” con otras entidades públicas y privadas como Alcanos de Colombia.
Según el director seccional de Fiscalías, Justino Hernández en los próximos días, la entidad compulsará copias para que se investigue a otras personas relacionadas con este escandaloso episodio, incluyendo a servidores de la Rama Judicial.
“Esta semana se hará la compulsa de copias y la continuación de otras indagaciones como consecuencia de este caso bochornoso de corrupción”, explicó el funcionario.
Podemos decir que existen otras líneas de investigación y en estas vincularemos a otras personas”, recalcó.