San Luis y Aipecito, corregimientos del occidente de Neiva denominados zonas de posconflicto, hoy reclaman presencia institucional. Sus habitantes advierten que el microtráfico en la zona es una problemática social que requiere atención, además,denuncian la llegada de grupos armados que están sembrando temor en los pobladores, y no quieren un nuevo ciclo de violencia.
Leidy Marcela Arias Pulido, corregidora de Aipecito, manifestó su preocupación por el panorama de la población, tras un año de despachar desde la ciudad de Neiva luego de haber recibido amenazas por parte de una banda delincuencial que se dedicaba al microtráfico en el lugar.
“Tengo que hablar sobre una situación que hemos venido denunciando desde hace un año, precisamente el tiempo que llevo fuera del territorio debido a amenazas que recibí por cuenta de sujetos dedicados al microtráfico en la localidad. Estas denuncias se han realizado ante las diferentes entidades como el Ministerio Publico y la Fuerza Pública, para que adopten medidas y así mitigar los efectos de este flagelo sobre la población
juvenil”, manifestó la corregidora de Aipecito.
Según la funcionaria, si bien en 2018 estuvo álgido el flagelo de expendio y consumo de alucinógenos en la población, este año la problemática disminuyó por la presunta llegada de sujetos armados a la región.
“La presencia en el sector de sujetos armados que se autodenominan disidencias, es lo que ha venido denunciando la población y líderes de la región. Lo mismo se ha puesto en conocimiento de la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas. La llegada de unas personas que han venido ocupando el vacío que dejó en el territorio la exista Farc-ep, y hasta donde no llegó la institucionalidad; apenas empieza el proceso del posconflicto, comienzan a aparecer estas problemáticas de microtráfico, delincuencia común y abigeatos”, agregó Arias Pulido.
Y es que el miedo generalizado en el corregimiento, se da principalmente por los asesinatos que se han presentado en lo corrido de este año en límites entre Huila y Tolima, pues la comunidad se siente muy cerca a la zona de conflicto que está a solo 40 minutos. “Fueron muertes de muchachos relacionados con temas de microtráfico, otros que supuestamente hacían parte de una banda, y dos excombatientes, la población quiere saber quiénes están detrás de esos homicidios, a nuestros líderes les preocupa porque todo ocurre muy cerca”, explica la líder.
Por lo anterior, Marcela Arias le pide a la institucionalidad que dirija la mirada al sector rural, pues asegura que en la zona todo empezó a regularse al estilo del tiempo de las Farc-ep, la gente se acuesta temprano, a los expendedores ya se les está poniendo límites y empezó a restablecerse un orden “que es lo que genera pánico en la comunidad”.
La corregidora advierte su preocupación en que se agudice la situación de inseguridad y problemas en la jurisdicción, toda vez que los presidentes de juntas y población del sector le piden que regrese, pues hace falta su presencia.
Sin embargo, Leydi no puede volver a la zona donde recibió amenazas en mayo del 2018, cuando en Aipecito estaba álgido el consumo de alucinógenos y, según ella, a la Institución Educativa llegaban personajes dedicados al tema, ante la presencia de estos actores comenzó a trabajar con la junta de acción comunal para evitar que estas personas llegaran a los niños, y cuando estaba en ese proceso de recuperar el colegio, la amenazaron.
En ese momento la decisión institucional para proteger a la corregidora fue traerla a despachar desde Neiva. “Al sacarme de la comunidad hubo un retroceso, pensé que iban a buscar los mecanismos para que me quedara allá, a la única representación del Estado que ejerce la figura del corregidor, la población quedó sola. La gente está mandando memoriales para que haya presencia de las instituciones, sin ninguna autoridad en el lugar lo más seguro es que se vayan agudizando las problemáticas”, expresó.
La funcionaria que lleva diez años enfrente del cargo dice que la presencia institucional va más allá de mejoras en infraestructura, esta debe darse mediante programas para recuperar a los jóvenes, recursos que deben llegar ahora. “El llamado a las instituciones es a que nos rodeen, que conozcan nuestras problemáticas, que nos reconozcan como un territorio de paz”, finalizó.
En San Luis
En el corregimiento de San Luis el panorama no es distinto. Luz Ángela Camacho Reina corregidora de la población desde hace cuatro años, asegura que la falta de autoridad en el lugar generó muchos problemas en la juventud, respecto a expendios y consumo de alucinógenos.
Ángela también fue amenazada por la misma situación, solo que ella sí conocía al joven que la intimidó. “En el mes de mayo se presentó un inconveniente con un chico que consume alucinógenos, él me amenazó a raíz de que veníamos haciendo control con la Policía sobre los expendios, yo puse el tema en conocimiento de las autoridades porque
vivo con mi hijo de 7 años en el lugar y me dio miedo”, manifestó.
La funcionaria estaba preocupada por la amenaza, pero asegura que en julio de este año el grupo de jóvenes fue llamado por sujetos armados cercanos a la zona, y les dieron un tiempo para que se arreglaran o salieran del corregimiento, por lo que la situación ha cambiado.
“Se ha sobredimensionado la situación”
Óscar Húber Zúñiga personero de Neiva, se refirió a las advertencias y denuncias de las corregidoras. En primera medida, precisó que no hay un actor de amenaza directa sobre las funcionarias.
Respecto al tema de orden público, dijo que desde el año pasado ha venido señalando en los consejos de seguridad y convivencia ciudadana la necesidad de que el Estado haga presencia en los corregimientos, no solo con fuerza pública, sino con programas de educación, salud, vías.
Frente a los sujetos armados y los homicidios que se han presentado en el último año, el funcionario precisó que el problema es en Planadas Tolima, no en Neiva. “Esa no es nuestra jurisdicción y los homicidios no han sido en hechos que involucren a personas víctimas, es un conflicto de ese departamento”, puntualizó.
Finalmente, dijo que en San Luis hay presencia de policía y se dispuso de una camioneta, la cual está haciendo unos recorridos de vigilancia en los otros corregimientos cercanos, también el ejército ejerce controles.
“Es posible que haya un temor generalizado en las personas del sector, que hacen que se sobredimensione la situación, pero no hay estadísticas de drogas, hurtos, muertos en nuestra jurisdicción, sé que el Estado no ha llegado como uno desea, pero tampoco puedo llegar a crear alarma”, concluyó Zúñiga.
Zona de paz
En mayo del presente año los habitantes de Aipecito, con ayuda del Ministerio Público en Neiva, la Oficina de Las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, realizaron la señalización humanitaria a la iglesia, la escuela y al salón comunal de la zona rural, dejando en claro a los actores que provocan la guerra no tocarlos y ser declarados como zona de paz, debido a que ese sector ha sido golpeado por el conflicto armado.
Planadas, Tolima, que limita con Aipecito, registró una ola de asesinatos a comienzos de este año, hechos que preocupan a las entidades que defienden los derechos humanos de la población. Según varias denuncias, en el corregimiento han resurgido los grupos armados ilegales que provienen de distintas zonas del país, lo que ha ocasionado, en cercanías estos actos violentos durante esta vigencia.