En medio de la controversia nacional por los recientes resultados electorales, el Huila confirmó un fraude del que se venía hablando: el de las elecciones de 2019 a Asamblea Departamental.
Tras un fallo del Consejo de Estado, quedó demostrado que hubo evidentes irregularidades en los escrutinios realizados en 21 mesas de 13 municipios del Huila. Las irregularidades en el conteo de los votos fueron detectadas el 5 de noviembre de 2019 cuando la Comisión Escrutadora General declaró la elección de los 12 nuevos diputados del Huila.
Fue la dirigente de Cambio Radical Clara Inés Vega Pérez quien denunció una “falsedad” en el reconteo de los votos obtenidos el 27 de octubre de 2019. Ella puso al descubierto la alteración de los registros electorales en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, Acevedo, Guadalupe, Oporapa, Tello, Tesalia, La Plata, San Agustín, Timaná y Algeciras. En su caso, le desaparecieron 72 votos. A su compañero de lista Rodrigo Amaya Culma, misteriosamente, le adicionaron otros 32 votos, sin ninguna justificación. Esa diferencia le aseguró la credencial.
Al probarse la alteración de los guarismos electorales sin ninguna justificación, el Consejo de Estado confirmó la configuración del fraude y por lo tanto despejó la controversia.
El Código de Procedimiento Administrativo establece como causal de nulidad electoral, que los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales. La diferencia entre los formularios E-14 y E-24, según la jurisprudencia, es una forma de falsedad que encuadra dentro de dicho supuesto, siempre que no exista una justificación para ello, tradicionalmente señalada en el acta general de escrutinios.
Es lamentable para la democracia que se presente este tipo de fraudes y más grave aún que haya transcurrido más de dos años para que se le restituyera la credencial a la afectada. La Registraduría debería tomar nota y darle explicaciones a la opinión pública de este hecho puntual.