La Nación
El Gobierno nos dejó manicruzados: Contralor 3 28 marzo, 2024
INVESTIGACIÓN

El Gobierno nos dejó manicruzados: Contralor

El agente fiscalizador objetó por razones de ilegalidad, inconveniencia e inconstitucionalidad el proyecto de presupuesto para el próximo año. Los recortes inconsultos truncarán sus procesos misionales. La Secretaría de Hacienda se defiende.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

 

Por primera vez y en menos de un año de haber asumido el cargo, el contralor del Huila, Amaury Luis Flórez declaró  el primer choque contra el gobierno departamental. Y por plata.

El funcionario, objetó por inconstitucional, ilegal e inconveniente el presupuesto proyectado para el próximo año, por los recortes presupuestales que, en su opinión, limitarán los procesos misionales.

Argumentó que la administración seccional recortó injustificadamente su presupuesto de funcionamiento, dejándolo ‘manicruzado’ para cumplir con su función fiscalizadora.

Pero además, recriminó al equipo económico porque, en su criterio,  no tuvo en cuenta las proyecciones realizadas, apartándose del ordenamiento legal y vulnerando, el debido proceso.

“El presupuesto demostrado y presentado por la contraloría a la Secretaría de Hacienda es superior al plasmado en el proyecto final lo que representa un recorte que limita nuestra misión fiscalizadora”, afirmó.

“Nos recortaron por ejemplo el presupuesto de gastos que ya estaban programados como alquiler de equipos y telecomunicaciones, servicio de internet, banda ancha, esencial en esta coyuntura”.

“Por otro lado, -acotó- nos recortaron los gastos de viáticos y desplazamiento del personal adscrito a la Contraloría que debe realizar las respectivas auditorías en los municipios y otros sujetos de control. También nos  limitan la realización de diligencias y recaudo de pruebas en los procesos de responsabilidad fiscal y  actuaciones administrativas a cargo del ente de control”.

Aunque parezca insólito, para pago de sentencias y conciliaciones judiciales, solo les dejaron 896.000 pesos cuando en un solo proceso debe cancelar 800 millones de pesos por un reintegro.

“Con este dinero no podría llevar a cabo ni siquiera una conciliación, quedamos manicruzados”, anotó el Contralor. Mañana presentará su argumentación ante la Asamblea.

 

Las cuentas del Contralor

El presupuesto para atender la nómina para el año 2021 debía incrementarse en un 5% (dos puntos porcentuales por encima de la inflación esperada en el país a diciembre de este año).

Sólo para atender netamente la nómina el gasto asciende a la suma de 4.663,34  millones de pesos.

La actual nómina consta de 49 funcionarios 8 jefes de oficina tres asesores 17 profesionales universitarios nueve técnicos cinco secretarios dos auxiliares administrativos dos conductores dos auxiliar es de servicio generales y el contralor

Además, al total del presupuesto están inmersos los costos de bienestar social (2%) y el de capacitación (2%) respectivamente, que arrojaría otros 205, 69 millones de pesos.

La sumatoria alcanza 4.869 millones que equivaldría a un 94.44% del presupuesto necesario.

“El restante 5.6% que corresponde a 273,36 millones de pesos garantizarán el amparo de nuestros bienes para lo cual establecemos las respectivas pólizas; además, mantenimiento de muebles y equipos;  mantenimiento de vehículos; gastos de aceites y combustibles para los vehículos de desplazamiento de funcionarios;  telecomunicaciones y tecnología, materiales de oficina, viáticos y gastos de transporte para los auditores, instructores y demás personal vinculado a la entidad”.

En conclusión, la Contraloría Departamental del Huila para su normal funcionamiento requiere un presupuesto por lo menos de 5.142 millones de pesos, como quedó consignado en el anteproyecto que nunca fue objeto de debate.

 

Los reparos

“Si bien es cierto que la Secretaría de Hacienda es la encargada de presentar el proyecto de presupuestos a la Asamblea, ésta debe hacerlo análogamente con base en los anteproyectos que presenten los órganos que conforman este presupuesto”, enfatizó Flórez Reino.

Y para hacerlo, la misma normatividad contempla que el gobierno tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos y los principales y los principios presupuestales para la determinación de los gastos que se pretenden incluir en el proyecto de presupuesto.

En concordancia con lo anterior el gobierno departamental por intermedio de la Secretaría de Hacienda preparara anualmente el proyecto de presupuesto general del departamento con base en los anteproyectos presentados por los órganos y dependencias que lo componen según la ordenanza 15 de 1997, situación que no se hizo.

“Es más, la Secretaría de Hacienda nunca objetó nuestro proyecto, sino solamente lo presentó ante la Asamblea reduciendo gastos importantes para el cabal funcionamiento, violando el debido proceso en la elaboración del presupuesto”, anotó el Contralor.

 

Tijeretazo

El agente fiscalizador aseguró que el recorte unilateral e inconsulto afectamente gravemente el funcionamiento de la Contraloría.

El presupuesto mínimo solicitado para poder  funcionar fue calculado en 146,95 millones de pesos. Sin embargo el recorte fue del 67,71%

El ‘tijeretazo’ fue por la suma de 99, 50 millones de pesos. Solo este rubro  pasó de 141,75 millones de pesos presupuestado a tan sólo 42,24 millones de pesos.

“Con este recorte abrupto obligan a la Contraloría del Huila a lo imposible, violando principios constitucionales relacionados con el ejercicio de los cargos públicos y obstaculizando  el ejercicio de nuestras funciones públicas e institucionales como órganos de control”.

“El recorte inconsulto en nuestro presupuesto ataca los gastos de comisiones bancarias, bienestar social y capacitaciones de personal administrativo. Para el primero nos asignaron 50.000 pesos, y 13,85 y 13,30 millones de pesos respectivamente.

 

Bajos ingresos

Los gastos de funcionamiento de la Contraloría Departamental corresponden al 96% del presupuesto solicitado. El 4% restante corresponde a gastos determinados por la ley donde un 2% es destinado al bienestar social y el restante 2% para capacitación del personal el presupuesto para la contraloría presentado por la Secretaría de Hacienda ante la Asamblea Departamental evidencia que los gastos necesarios para el normal funcionamiento serán superiores a los gastos proyectados.

El indicador de Ley 617 de 2000 define los límites de los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales y fija un indicador máximo del 80%, frente a los ingresos corrientes de libre destinación, que permite el fortalecimiento fiscal y la racionalización del gasto público.

Un indicador bajo en este aspecto significa menos gasto y mayor capacidad de inversión.

Lo claro es que el presupuesto presentado por la Contraloría, supera los topes establecidos en la Ley 617 de 2000 sobre ajuste fiscal, entre otras razones, por la caída de ingresos, ocasionados por la pandemia.

“Respecto a los ingresos corrientes de libre destinación se pudo evidenciar una reducción significativa en los ingresos directos, especialmente los provenientes del impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos.  También por concepto de impuesto de registro de vehículos”, según un estudio realizado por la entidad.

Por ende cumple la primera condición señalada en el decreto legislativo que permite la utilización de recursos de capital.

Respecto a los gastos de funcionamiento estos no disminuye sino que por lo menos se mantienen y por lo tanto el ente territorial se encuentra en la posición de los gastos superan los ingresos.

Se hace necesario advertir como primera medida que el decreto legislativo fue expedido dentro de la declaratoria de emergencia sanitaria lo que significa que la validez y legalidad a la fecha de expedición del presente escrito está vigente.

El 28 de agosto de 2020, la Secretaría de Hacienda notificó a la Contraloría el techo presupuestal preliminar estimado por concepto de transferencia que le correspondería por ley para la vigencia 2021,

Un mes después, el 28 de septiembre la agencia fiscalizadora  aseguró que a pesar del incremento al techo presupuestal por $518 millones de pesos no alcanzaría para sufragar los gastos de funcionamiento. Por lo tanto,  reclamó un incremento en $160 millones adicionales.

Según el contralor los gastos de funcionamiento ascienden a $5.155, 32 millones de pesos. El proyecto con este cálculo fue radicado el 8 de octubre pasado.

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Alternativas

Para garantizar el presupuesto necesario requiere la Contraloría propuso dos alternativas: utilizar mayores ingresos corrientes de libre destinación o utilizar recursos de capital como lo autorizó el Decreto 678 de 2020 expedido al amparo de la emergencia sanitaria.

Invocando el principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado el Contralor solicitó expresamente que esa medida excepcional se aplique en este caso.

La norma con fuerza de ley, proferida en mayo pasado, autoriza a los gobernadores a liberar los topes de gastos de funcionamiento establecidos en la exigente normatividad sobre ajuste fiscal.

En efecto, la norma  establece que “durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, las entidades territoriales que como consecuencia de la crisis generada por los efectos de la pandemia presenten una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación y producto de ello superen los límites de gasto de funcionamiento definidos en la Ley 617 de 2000 no serán objetos de medidas establecidas por el incumplimiento a los límites de gasto”.

Además, el decreto legislativo previó la posibilidad que los entes territoriales pudiesen superar límite de gastos de funcionamiento definidos en la Ley 617 de 2000.

Facultades

El decreto faculta a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación específica y modificar el presupuesto. Además, tendrán la facultad para reorientar rentas de destinación específica para financiar gastos de funcionamiento de la respectiva entidad territorial, sin perjuicio de las normas vigentes sobre la materia.

Para los mismos fines se pueden reorientar recursos del balance, excedentes financieros y utilidades que no estén constituidos por rentas cuya destinación específica haya sido determinada por la Constitución Política.

Es decir que sin exceder el plazo señalado por esta medida excepcional y mientras éste se encuentre vigente se puede reorientar rentas con el fin de poder financiar los gastos de funcionamiento para salvaguardar el funcionamiento de la contraloría.

Sin embargo bajo los mencionados principios se deberá analizar los alcances frente a la suerte presupuestal para el correcto funcionamiento de la contraloría departamental.

Para no tener que compensar las posibles diferencias entre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente con los que se proyectaron para la vigencia actual será potestativo del gobierno departamental determinar si para salvaguardar el normal y efectivo funcionamiento de la contraloría le giraría el porcentaje del 3.2% sobre los ingresos corrientes de libre destinación efectivos, o en su defecto,  reorientar alguna renta o las que considere necesarias para poder soportar el gasto de funcionamiento l organismo de control.

 

La otra cara

La secretaria de Hacienda, María Alexandra Toro, se defendió argumentando que los cálculos están legalmente soportados y se enmarcan  dentro de los límites que dispone la misma Ley 617 de 2000.

En estas condiciones, las contralorías territoriales no podrán superar el porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre destinación del respectivo departamento

“El proyecto de ordenanza presentado a la Asamblea cuenta con el soporte legal y por tanto está ajustado a derecho por respetar los lineamientos legales que regulan la proyección de presupuesto”, explicó la funcionaria.

El Gobierno nos dejó manicruzados: Contralor 11 28 marzo, 2024
Alexandra Toro, secretaria de Hacienda

En principio, el Departamento debía proyectar para el órgano de control como máximo el 3.2% de los ingresos corrientes de libre destinación proyectados para la vigencia 2021.

“Teniendo dicho referente, dentro del proyecto de ordenanza presentado estaríamos girando más del porcentaje establecido por el legislador.

Estimó que el valor que en principio le correspondería de acuerdo con el porcentaje del 3.2% sería de $3.084 millones de pesos, más el 0.2% de las cuotas de auditaje que sumarían $1.392 millones.

“Es decir, que el techo presupuestal para la vigencia 2021, sería de $4.477, 32 millones y no la cifra que propuso el Contralor”, explicó.

Es más, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimó que a las contralorías se les deben trasferir los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones legales.

En este caso el porcentaje de ICLD que establece la ley para las contralorías departamentales dependiendo de la categoría de la entidad territorial.

Sin embargo, por disminución de los ICLD de la entidad territorial, el porcentaje a transferir según lo establecido en la Ley 617 de 2000 no sea suficiente para atender los gastos de las contralorías, para que estas puedan cumplir sus competencias legales, las entidades territoriales podrán utilizar más ICLD sí disponen de ellos, o redestinar los recursos de capital como lo dispuso el Decreto 678 de 2020 para financiar los gastos de funcionamiento.

“Es claro que esta opción no se puede utilizar para incrementar el gasto, que antes no estaba previsto en las contralorías”, destacó.

“Se puede concluir con total certeza, que el actuar del Departamento del Huila – Secretaría de Hacienda –, es ajustado en derecho, por cuanto ha respetado los postulados legales sobre presupuesto y sobre todo, en proteger los sagrados recursos públicos orientando y estructurando de manera adecuada y proporcional el presupuesto del departamento para la vigencia fiscal del 2021, respetando todos los principios del presupuesto así como los derechos y principios conexos a éstos y por sobre sobre todo, teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad y estabilidad financiera”.