El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, anunció que el Gobierno “será absoluta y totalmente respetuoso de la independencia judicial, de la autonomía de la rama y, por lo tanto, de todas las sentencias, autos, fallos y determinaciones del poder judicial. El compromiso es erradicar el miedo del funcionamiento del Estado”.
El pronunciamiento del titular de la cartera de Justicia tuvo lugar durante su participación en el panel ‘La Constitucionalización del derecho: logros y desafíos’, el cual dio inicio al XVII Encuentro Todos Somos Jurisdicción Constitucional, que se desarrolla en Villa de Leyva (Boyacá) y en el que envió un mensaje de reconocimiento a la labor actual e histórica de la Corte Constitucional.
“La Corte ha sido garante de construcción de nuestra Carta Magna, de protección de los derechos y libertades de todos los colombianos y de avance en la construcción de un derecho mejor para nuestra sociedad”, afirmó.
Insistió el ministro que desde el Ejecutivo habrá “respeto, protección y admiración por las personas que ejercen el poder judicial: por su vida privada, labor decisiones, posturas políticas y forma de ver el derecho”.
Así mismo, dijo que “el Gobierno está decidido a presentar las reformas normativas que sean necesarias para adaptar, de verdad, el derecho disciplinario del país a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asignándole a la Rama Judicial aquellos procesos disciplinarios que según la Convención no le pueden corresponder a autoridades que no son judiciales. Eso, dentro de un proyecto de reforma un poco más amplio con la Procuraduría General de la Nación en el que estamos empeñados”.
HUMANIZACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL
El ministro explicó que el principal proyecto de la cartera a su cargo es el de superar el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte Constitucional en materia penitenciaria, para lo cual tiene pensadas varias reformas: descriminalizar algunas conductas innecesariamente delictivas; ampliar el principio de oportunidad, el principio de mediación y otras formas de aceptación anticipada de cargos; y hacer una pequeña reforma legal para eliminar la penalización de la protesta social.
También se espera establecer penas no privativas de la libertad como penas principales, proponiendo un proyecto de ley que amplíe la pena de prestación de servicios de utilidad pública en sustitución de la prisión. Esto pensando siempre en reparar a la víctima y restaurar el tejido social.
“Además, queremos ampliar la prisión domiciliaria reformando el artículo 38B del Código Penal para que se pueda acceder a ese beneficio en delitos con una pena relativamente baja y aplicar, con más audacia de como se ha hecho hasta ahora, algunos subrogados penitenciarios. Claro que los delitos graves no serán merecedores de esos beneficios”, precisó Osuna Patiño.
El ministro finalizó diciendo que se espera abrir un diálogo con la sociedad y con el Congreso de la República para ver qué tanto de todo lo mencionado se puede aprobar. “El ánimo de la política penitenciaria no es otro que superar el vergonzoso estado de cosas constitucional que la Corte Constitucional ha señalado a lo largo de más de 20 años”, concluyó.