Uno de los grandes logros de la Constitución Política de 1991 es la creación de la acción de tutela como mecanismo extraordinario para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, mediante la intervención de un juez que en un término perentorio de 10 días hábiles, debe decidir sobre su vulneración y en consecuencia, tomar las medidas pertinentes para contrarrestar dicha violación.
En un inicio, esta herramienta fue toda una novedad debido a su rapidez, eficiencia, economía y facilidad para acceder a la justicia. Su carácter informal y la no exigencia de abogado la hizo muy popular, al punto que se desbordó el número de acciones aumentando la congestión judicial y a su vez creando apropiación en el ciudadano por su Constitución.
Existía igualmente un gran respeto hacia las decisiones de tutela proferidas por los jueces y su cumplimiento se acataba de manera inmediata ya que, en caso de no hacerlo, el violador del derecho podía ser objeto de multas o de arresto por su incumplimiento.
Sin embargo, la euforia y el entusiasmo ciudadano se ha ido desvaneciendo paulatinamente ante la reiterada inaplicación de las decisiones. Según el Ministro de Justicia, los fallos expedidos por los jueces reflejan un grave problema de inobservancia. En 2021, más del 50% de estas providencias no se cumplieron y dieron origen al incidente de desacato para obligar a su acatamiento.
En muchos ámbitos, especialmente en la salud, las acciones de tutela son abundantes y el incumplimiento de los fallos por parte de los diferentes agentes prestadores es ostensible. Pareciera que el respeto hacia la orden de un juez, o incluso el miedo que antes generaba un posible arresto, ya no los motiva para el cumplimiento.
Es por ello que la iniciativa de reforma legislativa para darle “más dientes” a la acción de tutela es bien recibida. Se pretende que este desacato dé lugar a una sanción penal por fraude a resolución judicial.
No obstante, lo que se requiere es que los ciudadanos tengan un mayor respeto por las decisiones de los jueces. Ese es el fundamento de un Estado de Derecho.