Vale la pena leer con detenimiento el llamado que están haciendo las altas Cortes, a propósito de la gran tensión que ha surgido por la petición del presidente de la República Gustavo Petro del levantamiento de las órdenes de captura de voceros de grupos ilegales en el marco de la ‘paz total’.
Dicen las Cortes, entre otras cosas, que “la independencia judicial, en particular, es esencial para que los jueces y fiscales ejerzan a cabalidad las funciones públicas de administrar justicia, investigar y sancionar los delitos; misión dirigida a garantizar que los ciudadanos, agentes oficiales e instituciones respeten y obedezcan la Constitución Política y la Ley”. Y agregan: “La independencia judicial, en particular, es esencial para que los jueces y fiscales ejerzan a cabalidad las funciones públicas de administrar justicia, investigar y sancionar los delitos; misión dirigida a garantizar que los ciudadanos, agentes oficiales e instituciones respeten y obedezcan la Constitución Política y la ley. Así, colaboración armónica e independencia confluyen en el necesario equilibrio del diálogo y la acción conjunta de las autoridades para avanzar en los intereses comunes del bienestar general, sin que ello elimine, bajo ningún concepto, la línea divisoria entre las distintas ramas del poder público, ni implique injerencias indebidas”.
El pronunciamiento de las altas Cortes se produce de cara a la reunión que sostendrán el presidente Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien se ha opuesto rotundamente a que criminales peligrosos salgan de las cárceles bajo la sombrilla de la ‘paz total’, y es, claramente, una recordación a la separación de poderes que existe en Colombia y la cual nutre el estado de derecho, clave para que en un país se tomen decisiones transparentes, legales y sin arbitrariedades.
La sociedad no quiere a un gobernante que busque ‘premiar’ a los criminales y pretenda pasar por encima de la institucionalidad. Lo que la ciudadanía espera es que entre las instituciones del Estado haya armonía y una gran coordinación para el propósito colectivo de salvaguardar la vida, honra y bienes de todos los colombianos.