Montealegre Cárdenas reclamaba no solo el reintegro al cargo sino, adicionalmente, el reconocimiento y pago de los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir por el intempestivo relevo del cargo en enero de 2009.
Las dos decisiones no prosperaron. El Tribunal Administrativo del Huila, resolvió desfavorablemente las reclamaciones en un proceso jurídico por la insólita excursión que organizó con recursos públicos para los empleados de la entidad.
El caso ya había sido resuelto en primera instancia el 30 de octubre de 2015 por Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión. Sin embargo, Montealegre persistió en la demanda y la perdió.
TODO INCLUIDO
La pomposa gira a la Costa Caribe, Santander y Boyacá fue organizada por el Comité de Bienestar Social de la entidad “para mejorar el ambiente laboral de los empleados de la entidad”.
La excursión con los gastos pagos se programó durante dos semanas entre el 8 y el 19 de diciembre de 2008, cogiendo el primer puente decembrino. El plan turístico aseguraba pagos de transporte, alimentación, alojamiento y entrada a los sitios turísticos, sufragados por la entidad oficial.
El paquete turístico ‘todo incluido’ a Cartagena, contemplaba visitas a Islas del Rosario, visita al show de delfines y tiburones en el acuario San Martín; desplazamiento al castillo de San Felipe en Bocachica y paseo a Bocagrande en la Isla de Tierrabomba.
El tour a Santa Marta incluía recorrido por el Parque Tayrona en las estribaciones de la Sierra Nevada y Playa Cristal. Además, contemplada un recorrido por sitios turísticos de Santander y Boyacá.
Los servicios turísticos fueron contratados con la agencia Viajes y Turismo representada por Flor Bonilla González por 9,6 millones de pesos. El contrato tuvo un anticipo del 99 por ciento, superior al legalmente establecido (50%), además no constituyó ninguna póliza ni tenía seguros.
Según una investigación adelantada por la Personería, tres contratistas se beneficiaron del paseo, quienes llenaron los cupos de los empleados que no asistieron.
Por estos hechos, el funcionario fue sancionado en primera y segunda instancia por la Personería y la Procuraduría Regional, respectivamente.
Las tutelas que interpuso contra estas decisiones tampoco prosperaron. La Corte Suprema de Justicia rechazó el año pasado otro recurso de amparo por una sanciones convertible en multa. Otros procesos todavía se adelantan en los organismos de control.
EL PLEITO
El galeno fue designado el 30 de mayo de 2008 (Decreto 030) al ocupar el primer lugar en un concurso público de méritos y se posesionó el primero de junio de ese mismo año para un periodo de cuatro años prorrogables, según la normatividad vigente en ese momento.
Sin embargo, sólo ejerció el cargo seis meses. El galeno fue relevado el 15 de enero de 2009 (Resolución 006). El alcalde declaró la vacancia por abandono del cargo y designó gerente en provisionalidad a la fisioterapeuta Lina María Vásquez.
La decisión fue soportada con un oficio que le remitió la asesora externa de control interno, donde denuncia el abandono del cargo por la polémica excursión realizada entre el 8 al 19 de diciembre de 2008. Montealegre calificó la medida de “arbitraria e injusta”.
En efecto, el 30 de diciembre, la junta directiva de la entidad lo escuchó en una audiencia de descargos. El galeno aseguró que no tenía la obligación de avisar ni solicitar permiso a la junta directiva para ausentarse y mucho menos debía dejar encargado a funcionario alguno.
ENTIDAD ACÉFALA
“Lo delicado no es que no haya pedido permiso sino que no dejó a ninguna persona encargada del puesto de Gerente de la ESE, dejando a la entidad totalmente acéfala y en cierta manera entorpeciendo el servicio de consulta externa, porque en esos días no se prestó y fue muy deficiente la atención”, expresó el alcalde de la época, Alfredo Perdomo Sánchez.
“Ese fue uno de los motivos por los cuales me vi obligado a declarar la vacancia por abandono del cargo”, anotó.
Contrario a las quejas que se presentaron por deficiencias en la prestación del servicio de consulta externa, el funcionario explicó que previamente a la pomposa gira, había delegado en el resto de empleados, generalmente vinculados por contrato, el funcionamiento de la entidad.
Montealegre argumentó que no se podía hablar de abandono del cargo cuando estaba en una actividad de bienestar social de la institución propia del ejercicio del cargo. “Eso no significa que ello constituyera abandono del cargo, sin importar que la actividad fuera un paseo”, alegó su apoderado.
“Aunque el abandono del cargo es una causal autónoma de retiro del servicio, al demandante se le garantizó el debido proceso previo a la expedición del acto administrativo cuestionado”, alegó la administración local.
“El acto administrativo que declara el abandono y vacancia del cargo no tiene recursos. Una vez configurada y confesada como en el presente caso, o acreditada la causal se procedió de inmediato al retiro del servicio”, precisó la administración.
En su criterio “se le dio la oportunidad de defenderse y contradecir las pruebas y luego se adoptó la decisión”.
DENEGADO
“Estableciéndose así que el abandono del cargo comporta efectos autónomos distintos, pues, verificado el hecho, sin que se evidencie causa razonable que justifique la ausencia por parte del empleado, la administración, de manera autónoma, sin perjuicio de la potestad sancionatoria, puede disponer el retiro definitivo del servicio por declaratoria de vacancia del cargo”, concluyó el magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida.
Además, destacó que la ausencia de un funcionario encargado de la dirección, conducción y orientación de las políticas y funciones de la institución desencadenó problemas en la prestación del servicio de salud en la entidad. Por esa razón dejó sin piso la argumentación y negó de plano la solicitud de reintegro y el pago de las indemnizaciones demandadas por el médico Montealegre.
El otro rollo
El paseo pagado con recursos públicos fue apenas la gota que rebosó la copa, según lo precisó el entonces alcalde de Rivera, Alfredo Perdomo Sánchez, quien lo retiró del cargo. Ese no fue el único motivo que lo obligó a tomar esa decisión.
Dos meses después de haber asumido el cargo, en agosto de 2008, Montealegre Cárdenas se duplicó el sueldo sin autorización de la junta directiva, homologó los demás cargos e incrementó injustificadamente los salarios de todos los empleados.
El salario pactado fue de 2,2 millones. Sin embargo, sin autorización de la junta directivo lo incremento a 4,7 millones. “De esto nos enteramos después, a finales de septiembre. Hicimos las investigaciones, buscamos conceptos jurídicos y fuimos hasta el Departamento de la Función Pública y nos dijeron que teníamos que denunciar esto a la Procuraduría, a la Personería y a la Contraloría. Así lo hicimos a mediados de diciembre”, afirmó el exalcalde Perdomo Sánchez.
La escandalosa gira, programada para todos los empleados de planta de la entidad incluyó Cartagena, Santa Marta, Santander y Boyacá.
