El perdón es "indispensable" para lograr la paz en Colombia, azotada por un conflicto armado de más de medio siglo y en medio de negociaciones con la guerrilla FARC, según indicaron ocho de cada diez colombianos en un sondeo revelado este miércoles.
"Los resultados de este sondeo muestran que la gran mayoría de los colombianos (82%) cree que el perdón es indispensable para el logro de la paz", señaló el estudio de la firma Cifras y Conceptos, ordenado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación para la Reconciliación.
Para los interrogados, el perdón y la reconciliación en el país son importantes para finalizar el conflicto armado, el más antiguo del continente, y no basta únicamente con la firma de un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), en el marco de las negociaciones con el gobierno colombiano que avanzan en La Habana desde noviembre de 2012.
Los 3.848 encuestados en las cinco principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga) respondieron además que están más dispuestos a perdonar a la guerrilla de izquierda (60%) que a los paramilitares de derecha (54%) y al Estado (56%), todos partícipes de la conflagración que ha dejado al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.
Sin embargo, frente a la pregunta "¿Los colombianos somos más propensos a la venganza o al perdón?", las posiciones se mantienen en empate técnico, con un 47% que se inclinó por la primera opción y un 46% hacia la segunda.
"Esto muestra que una cosa es lo que (los ciudadanos) consideran se necesita para la paz, y otra muy diferente su percepción frente a la disposición del país a perdonar", según un comunicado de la FIP.
El sondeo se realizó entre el siete y el 12 de septiembre, cuando el gobierno y las FARC aún no habían anunciado el histórico acuerdo sobre justicia transicional, revelada hace una semana en La Habana.
Ese consenso establece que quienes reconozcan su responsabilidad en crímenes relacionados con el conflicto armado y cooperen con la justicia tendrán penas de hasta ocho años de privación de libertad. Quienes no lo hagan y sean declarados culpables, enfrentarán hasta 20 años de prisión ordinaria.