La propuesta de “perdón social” realizada por el candidato Gustavo Petro a los condenados por corrupción, generó amplia controversia debido a la sensibilidad que despierta una de las problemáticas más agobiantes que sufre la sociedad colombiana.
En palabras del candidato presidencial, el perdón social implicaría que el país perdone a quienes han cometido estas graves faltas para que haya reconciliación, pues sería la única manera de saldar las heridas. El acto no conllevaría ni la libertad de los condenados ni la impunidad, sino justicia reparativa.
Bajo este contexto sería indispensable precisar algunos aspectos de la propuesta, como la finalidad y su alcance, la forma como se realizaría y, lo más importante, si el país estaría en disposición de perdonar a los corruptos.
Lo primero que hay que precisar es que el perdón a cualquier tipo de falta tiene una profunda dimensión moral que parte del fuero interno de la persona. Implica que el ofendido acepte el pedido de perdón, reincorpore al ofensor en su comunidad y olvide la infracción cometida.
En segundo lugar, todo acto de perdón tiene que comenzar por el arrepentimiento, sin perder de vista el perjuicio que ha sufrido la sociedad por una práctica que se lleva gran parte de los recursos públicos. Por ello, si la ciudadanía llegara a expresar su indulgencia, ello conllevaría a una reparación por el daño.
En tercer lugar, perdonar a un condenado por actos de corrupción, implicaría hacerlo con todos. ¿Se perdonaría por igual a quien robó un millón frente a quien se llevó miles de millones?
Finalmente, se cuestionaría la forma de llevar a cabo el perdón pues, ¿cómo se materializaría? ¿cómo se llegaría a medir si toda la sociedad quiere perdonar? Bajo este contexto práctico, sería una propuesta irrealizable, no solo por la dificultad para establecer si toda la población desea perdonar a los corruptos, sino por el rechazo generalizado que tiene esta clase de conductas. Sería más útil proponer políticas eficaces para enfrentar este terrible cáncer que hasta el momento, ningún Gobierno ha podido detener.