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El plan para apoyar a municipios más afectados por la violencia 1 29 marzo, 2024
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El plan para apoyar a municipios más afectados por la violencia

El Gobierno Nacional, a través de la Consejería para la Estabilización, lanzó ayer en Rivera el Plan Integral para la Implementación de la Política de Paz con Legalidad en Huila, el cual priorizará inversiones y proyectos para beneficiar a los 11 municipios más afectados por el conflicto armado en el departamento.

 

Lucía Sánchez

Temadeldía@lanación.com.co

 

En el Hotel Los Gabrieles localizado en Rivera, donde sucedió una de las masacres que más ha estremecido al Huila, ataque armado en el que 9 concejales fueron vilmente asesinados, ayer la Consejería para la Estabilización y la Consolidación lanzó el Plan Integral que busca reparar a este y a otros 10 municipios, los más afectados por el conflicto armado en el departamento.

Los municipios priorizados para esta iniciativa son Acevedo, Baraya, Campoalegre, Isnos, Íquira, La Plata, Neiva (rural), Pitalito, San Agustín, Tello y Rivera, los cuales fueron seleccionados teniendo en cuenta la afectación de la violencia al analizar distintos indicadores: la presencia de grupos al margen de la ley, el número de víctimas, el Índice de Pobreza Multidimensional, la cifra de personas en proceso de reincorporación y la tasa de homicidios.

El municipio de Algeciras, el único del Huila que hace parte de los 170 municipios de Colombia focalizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), también se beneficiará en gran medida de esta iniciativa que busca saldar una deuda histórica del Estado con el departamento, uno de los más golpeados por la violencia en el país.

“Es un esfuerzo para que la Paz con Legalidad se territorialice en el departamento, como instrumento para impulsar el desarrollo de las regiones afectadas por la violencia y la pobreza, y para cumplir los acuerdos de paz, en sectores clave como atención a víctimas, apoyo a excombatientes, restitución de tierras, programas de sustitución de cultivos, desarrollo rural integral y con enfoque territorial”, puntualizó el consejero Presidencial Emilio Archila, al tiempo que resaltó “esta iniciativa involucra a la  Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y oferta de entidades como el Ministerio de Agricultura, programas de agua, electrificación, vías; así como programas de salud rural y educación”.

Iniciativa fundamental

El gobernador del Huila Luis Enrique Dussán López expresó que este plan es fundamental porque es resultado de la insistencia ante el sinsabor de tener sólo a Algeciras como único municipio PDET, siendo el Huila una región tan afectada por el conflicto armado y ante las necesidades de otras poblaciones.

“Hoy somos el primer departamento del país que construye un Plan Integral para la Implementación de la Política de Paz con Legalidad. Somos piloto en Colombia y trabajaremos en los planes de acción específicos”, sostuvo el mandatario.

Complementó Dussán López que “para seleccionar estos municipios incluimos diversas variables, no solo del histórico sino del presente, porque hay zonas donde todavía tenemos problemas por resolver… con estos municipios queremos tener un plus que compense en algo, lo crítica que ha sido y sigue siendo su situación social y de orden público, la idea es seguir incorporando otros municipios al plan”.

Afirmó además que, pese a que Algeciras es el único municipio PDET del Huila, se trabajará con los alcaldes de 11 municipios seleccionados en el Plan Integral.

De esta manera, el Huila se convierte en la primera región del país con Plan Integral para la implementación de la Política de Paz con Legalidad, piloto nacional que incluye 11 municipios que históricamente han sido víctimas del conflicto armado en el Huila y los prioriza en inversiones y proyectos para superar las barreras que impiden la implementación de los acuerdos de paz.

El Plan Integral

El consejero Emilio Archila sostuvo que la propuesta de la Consejería se articula con el Plan de Desarrollo de la Gobernación del Huila y convoca a todas las entidades del Gobierno para planear, estructurar y ejecutar a 15 años, proyectos en beneficio de las comunidades, con una hoja de ruta que define resultados de corto, mediano y largo plazo.

Esta alianza le da prioridad, según explicó el Consejero Presidencial, a los temas que más requiere la gente: Desarrollo Rural Integral, que hace parte esencial de la Política de Paz con Legalidad para ser implementados en Huila.  “Ello permitirá acceso y uso de la tierra, formalización, catastro multipropósito, áreas de interés ambiental, jurisdicción agraria, ley de tierras y mecanismo alternativo de resolución de conflictos, entre otros”.

Se propone, a partir de estos principios, acciones para que la población vulnerable, tales como víctimas, mujeres rurales y personas en proceso de reincorporación puedan acceder a tierras y así desarrollar proyectos productivos que mejoren sus condiciones de vida, así como generar un plan integral de producción agrícola fortaleciendo el mercadeo, la alimentación y nutrición de la población de estos municipios priorizados.

Una deuda histórica

Para los alcaldes de los 11 municipios priorizados en el Plan Integral, se está empezando a saldar una deuda con sus localidades, históricamente golpeadas por el conflicto armado.

Así lo expresó el mandatario de Íquira, Yabnolver Correa. “Solo Algeciras contaba con el reconocimiento de haber sido afectado por el conflicto armado, a partir de hoy nuestro municipio entra hacer parte de los pocos municipios que a nivel nacional contará con toda la inversión gubernamental e internacional para poder generar desarrollo en nuestras comunidades afectadas por la violencia, hace mucho tiempo esperábamos este anuncio”, indicó.

Dijo, además, que la violencia no se ha ido y es ahora cuando más se necesita de la presencia del Estado. “El centro poblado Río Negro limita con Cauca y es un corredor de narcotráfico y violencia, tras el proceso de paz han quedado grupos residuales, eso nos preocupa, por lo que se requiere de la presencia del Estado”.

En el marco del lanzamiento del Plan Integral para la Implementación de la Política de Paz, el testimonio de los excombatientes llamó la atención de los asistentes, al destacarse los avances del proceso de reincorporación en el territorio en materia de formación y productividad.  Andrea Trujillo, excombatiente de las Farc-Ep, quien adelanta su proyecto productivo en producción y comercialización de café pergamino, en el municipio de Íquira, expresó que cuenta con herramientas y apoyo para tecnificar su cultivo.

Como Andrea, en el Huila hay 500 excombatientes de las Farc-Ep que reciben apoyo del Gobierno en proyectos productivos, explicó Andrés Stapper, director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN, al tiempo que complementó, que el 50% de la población está ubicada en Neiva, Pitalito y Algeciras.

De ellos, 280 excombatientes cuentan con proyectos productivos en los sectores de agricultura, comercio, pecuario, servicios e industria. Y anunció que “se van a fortalecer unidades productivas en los municipios de Rivera, Íquira y Garzón en temas avícolas, caprinos y piscícolas”.

Algunas acciones del Plan Integral

➤Revisar si en los 11 municipios priorizados en Huila se puede acceder a tierras para entregarlas a procesos colectivos de población vulnerable; tales como víctimas, mujeres rurales y personas en proceso de reincorporación, para que puedan desarrollar proyectos productivos.

➤Desarrollar planes para facilitar la comercialización de los productos campesinos.

➤ Generar una línea de crédito especial para compra de tierras, subsidiada y de largo plazo, para población beneficiaria con medidas especiales para las mujeres rurales.

 ➤Consolidar un plan de formalización de la pequeña y mediana propiedad rural.

➤ Promover y apoyar la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin de que las personas que perdieron su tierra a causa de la violencia puedan recuperarla.

 ➤Desarrollar un proceso de formación y actualización del catastro e impuesto predial rural.

 ➤Generar un plan integral de producción agrícola fortaleciendo el mercadeo, la alimentación y nutrición de la población de estos municipios priorizados.

➤ Gestar procesos de caracterización que permitan medir el riesgo de los líderes sociales, defensores de derechos Humanos y personas en proceso de reincorporación, para tomar medidas que salvaguarden la vida de estas personas.