Así como se lee. Todo en política se volvió dinero, hasta para acceder a un cargo cuyo nominador es una corporación pública. En enero de 2008, me referí a este mismo tema, cuando fungía como colaborador de otro medio de comunicación. Hoy debo referirme nuevamente a estos episodios de la política regional, porque ya hizo carrera, donde con las excepciones de rigor, se impuso la costumbre detestable en la política regional, de pagar para ser elegido en una dignidad en la administración pública. Se comenta que exigen dinero a los candidatos para ser elegidos como personeros, y en otros cargos cuya elección es competencia de las corporaciones públicas. Semejante aberración. Los nominadores exigiendo a los candidatos, dinero para ser elegidos. Donde queda la autoridad moral de los concejales involucrados en estas conductas, para exigir el cumplimiento de las responsabilidades a los elegidos, dentro del control político. Exigen gruesas sumas de dinero a los candidatos. No se conoce actividad alguna de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, tendiente a dar con los responsables de estas mañas, que deterioran aún más la maltrecha democracia nuestra. Pero también es cierto, si por las altas esferas del Estado llueve por acá no escampa; es el ejemplo que por lo malo cunde, ni siquiera se ve la preocupación de la reducción de la corrupción en estos escenarios, acudiendo a la máxima filosófica del Ex presidente, de reducir la corrupción a su “mínima expresión”. Hay corporaciones que están exigiendo hasta trece millones de pesos por la elección, todo depende de la categoría de Municipio y la voracidad de los miembros de la corporación; las victimas desde luego, personas egresadas de las Universidades Locales de sus facultades de Derecho, que necesitan hacer su judicatura para optar por su título o ya graduados que desean iniciar un periplo por la administración pública, y desde sus inicios, ya son víctimas de este proceder. ¿Qué significa adicionalmente todo esto? Qué se le puede exigir a un funcionario elegido en estas condiciones, producto de la corrupción, que investigue la conducta de los servidores públicos del respectivo Municipio, cuando la cuna de su elección nació de un acto por excelencia absolutamente viciado. Defender y promover los Derechos Humanos desde las Entidades Territoriales, vigilar la conducta oficial, y defender el interés público, función propia del Ministerio Público, representado en los Municipios por los Personeros tiene un precio en dinero, miserable actitud que debe ser castigada con la mayor severidad. Todas estas conductas hacen que el ciudadano no crea en las instituciones, que nazcan propuestas para reformar estos concejos, modificar la forma de designación de los personeros y contralores.