El proyecto de escisión para separar el programa de salud no es la panacea ni la tabla salvadora para rescatar a la Caja de Compensación Familiar del Huila de la crisis financiera. Según Supersubsidio, la propuesta es incierta y de largo plazo.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
El Plan de Reorganización Institucional (PRI) presentado por la Caja de Compensación Familiar del Huila ante la Superintendencia Nacional de Salud como tabla de salvación terminó convertido en el Talón de Aquiles.
El plan comprometía recursos por saldos, utilidades y capitalización de programas y servicios sociales de entidad, conservando las amenazas sobre la efectiva prestación.
Además, contemplaba un empréstito de 70.000 millones de pesos (pagaderos en 13 años) que le generan intereses por 18.000 millones de pesos, sin tener un respaldo financiero sólido. Así de sencillo.
La operación frenaría inversiones futuras para los afiliados y dispararía como los misiles del creciente endeudamiento. Y lo más grave: pondría en riesgo la garantía del sistema de subsidio familiar.
La iniciativa, avalada sin reparos por el consejo directivo, casi vitalicio, a juicio de la Superintendencia de Subsidio Familiar, resulta incierta a corto plazo y no constituye una solución definitiva ni efectiva para conjurar la grave crisis.
Primeros impactos
El pago del millonario empréstito que se contratará dentro del proceso de reorganización institucional propuesto se realizará con el 80% del saldo para obras y programas hasta el año 2035.
“Esto significa que en los próximos 13 años la Caja de Compensación no podrá incluir en sus inversiones la fuente de financiación el saldo para obras y programas, lo que implica que la corporación verá reducidas sus inversiones para el beneficio social de los afiliados en un alto porcentaje”, estimó el Comité de Medidas Especiales. Esa incertidumbre generaría otra amenaza que precipitó la medida cautelar.
Contingencias
Adicionalmente, la Superintendencia Nacional de Salud encontró una diferencia en el cálculo de las reservas técnicas por valor de 13.896 millones de pesos, y un menor valor calculado por la Caja de Compensación lo que indica que los pasivos estarían subestimados en la cifra observada por la Superintendencia de Salud.
A esta situación se sumaría el preocupante endeudamiento que posee el programa de salud EPS tanto en el régimen subsidiado como contributivo.
Al término de la vigencia 2021 y más teniendo en cuenta que existen recursos de los fondos de ley y del 4% que encuentran embargados por valor de 7.496,9 millones de pesos y congelados por 43.644 millones, para un total de $51.457,9 millones de pesos al cierre de la vigencia han sido tomados para el pago de acreencias del programa de salud EPS-Sal de los servicios sociales afectando la prestación de los servicios.
La Caja cuenta con provisiones para el pago de contingencias en procesos judiciales por 21.033 millones de pesos, de las cuales no se encuentra provisión liquida para cubrir estas contingencias, toda vez que las cuentas de la EPS solo cuentan con 36,6 millones de pesos para poder cubrirlas.
Indicadores críticos
Por cada 70 pesos disponibles registraba 100 pesos de obligaciones de corto plazo. Ese indicador se deterioró el año pasado.
La pérdida operacional de la EPS al cierre fue de 73.383 millones de pesos, es decir, que la entidad perdió en promedio 6.365,3 millones de pesos cada mes.
El panorama de la caja de compensación frente a los programas de salud del régimen subsidiado y contributivo es crítico, según el análisis realizado por el Grupo Interno de medidas especiales, que sugirió la intervención.
Según el organismo de control, las acciones presentadas por la entidad para la contención de gastos y costos es muy poca frente al inatajable crecimiento de los indicadores.
“Este estado crítico de las finanzas solamente reitera el riesgo latente, de cesaciones de pagos o falta de oportunidad en los mismos”, concluyó la Superintendencia de Subsidio.
Y de esta manera “se debilita aún más la corporación con un capital de trabajo negativo por 166.238,7 millones de pesos, cuyo déficit aumenta sustancialmente frente al observado a diciembre de 2020 (-$124.987,9 millones), que reiteramos aumenta un seguimiento continuo de la forma en que se viene solventando el mayor volumen de obligaciones registrado frente al limitado disponible con el que cuenta”.
“Resulta inevitable concluir que por razón del programa de salud y las pérdidas acumuladas que viene presentando se está afectando de manera negativa y grave los recursos de la caja que tienen destinación específica, hacen parte del sistema de subsidio familiar y deben ser objeto de salvaguarda por parte de la Superintendencia”, acotó.
En riesgo continuo
Con los embargos de bienes y congelamiento de recursos que afectan actualmente los activos de Comfamiliar por más de 39.000 millones de pesos, evidentemente afecta el adecuado funcionamiento de la Caja y puede conllevar a una prestación insuficiente e inadecuada de los programas y servicios sociales que tiene a cargo, al existir la posibilidad de no contar con disponibilidad de efectivo para cumplir con su objeto social.
Los procesos jurídicos iniciados en contra de la entidad y con medidas cautelares sobre los activos de la Caja, tienen origen en su mayoría en las demandas instauradas por los proveedores o prestadores de servicios de salud.
“En estas condiciones la entidad, según el organismo, continuará expuesta a un riesgo permanente de afectación de sus recursos y activos”.
No es la panacea
Lo más preocupante: según el análisis previo para ordenar la intervención administrativa total, la escisión no es tampoco la panacea ni la tabla salvadora.
La eventual aprobación del plan de reorganización institucional (PRI), que incluye un procedimiento de escisión parcial del programa de salud (EPS), por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, no garantiza en sí mismo la recuperación de la EPS. Tampoco constituye una solución de corto plazo.
“Si bien está definida como una de las medidas de recuperación de esta unidad de negocios, la viabilidad para el desarrollo y ejecución de dicho plan depende de la concurrencia de diferentes circunstancias de índole administrativo, jurídico, contable y financiero, entre otros, lo que se dilata en el tiempo.
De acuerdo con la propuesta de reorganización, Comfamiliar debe asumir una cifra de endeudamiento de alrededor de 70.000 millones de pesos para el pago de los pasivos de salud, sin que tenga un respaldo financiero sólido para ello. La operación se sustentaría en un crédito que se sería cubierto con recursos del saldo de obras y programas de la caja, afectando, según la Supersubsidio, el objeto social de la entidad.
Incertidumbre
“Por lo anterior y de resultar viable el PRI, según lo decidido por la Superintendencia Nacional de Salud, deben cumplirse distintas etapas según lo establecido por la referida Superintendencia, lo que hace que su implementación sea incierta y de largo plazo, de manera que no puede considerarse, por ahora, como una medida efectiva que permita sacar a la corporación de la grave situación financiera en la que se encuentra actualmente con ocasión de las pérdidas por la operación de la EPS.
Salvamento
En estas condiciones, ante la grave problemática administrativa, financiera y jurídica por la que atraviesa Comfamiliar en especial su grave situación financiera, la Superintendencia de Subsidio Familiar ordenó las medidas de salvamento “necesarias y urgentes” para superar las circunstancias críticas de iliquidez y el riesgo en su patrimonio por los pasivos y pérdidas que viene acumulando en los últimos años el programa de salud.
Las amenazas siguen latentes. Durante la inspección realizada en marzo pasado, el organismo de control verificó el riesgo en el que se encuentra actualmente el patrimonio de la caja por las pérdidas que sigue registrando la EPS.
Por esa razón la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales recomendó la inmediata intervención, cuyos alcances y desenlaces, encierran en sí misma, un torbellino lleno de incertidumbres.