En Colombia para el año 2022 según fuentes oficiales se presentaron 542.983 accidentes de trabajo, con un promedio superior a los 1.500 accidentes diarios, y fueron diagnosticadas 31.572 enfermedades laborales, es decir, un promedio diario de 87 nuevas enfermedades, ello, sin olvidar la alta tasa de subregistros, derivados entre otros, de la informalidad en la vinculación laboral, la omisión en el reporte de estos eventos por parte de los empleadores y los trabajadores, y las fallas en los procesos de calificación de origen y de pérdida de capacidad laboral, dentro de los cuales, tanto el empleador como la ARL son Juez y parte dentro del proceso; situaciones que dificultan obtener los cifras reales, sin embargo a pesar de estas circunstancias, es constante el incremento en las estadísticas de accidentalidad sobre todo, mostrando que los esfuerzos por parte de los actores en la prevención y mitigación no han sido suficientes, pese a la expedición de una serie de normas de índole legal, entre ellas la Resolución 3050 de julio del año 2022 emitida por el Ministerio del Trabajo, mediante la cual se adopta el Manual de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional de los Trabajadores afiliados al Sistema de riesgos Laborales.
En efecto, dentro de la citada normatividad se estableció una serie de procesos y procedimientos necesarios para alcanzar la rehabilitación integral de los trabajadores luego de haber sido diagnosticada una enfermedad o haber sufrido un accidente de trabajo, los cuales deben ser adoptados y acatadas por cada uno de los actores que intervienen en el asunto, es decir, la ARL, la IPS, los empleadores, los trabajadores, los contratistas, los contratantes y el Ministerio del Trabajo, mediante la implementación de atenciones médicas y prestacionales, desarrolladas bajo principios de calidad, continuidad, integralidad, y oportunidad, con la garantía en el cumplimiento en los tiempos del proceso de rehabilitación integral, así como también, la salvaguarda de la participación del trabajador en el proceso de rehabilitación, y el deber de este último y del empleador de acatar las recomendaciones y restricciones medicas al momento del reintegro, entre otros procesos que se encaminan a generar una participación activa de los actores, quienes actúan como veedores.
Contrario a lo descrito en los párrafos anteriores, previo a ingresar al proceso de rehabilitación integral, los trabajadores tienen que sortear una realidad totalmente diferente, iniciando por el trámite de definición y aceptación del origen de los diagnósticos, el cual se torna engorroso, al estar en cabeza del empleador y la ARL la construcción de las pruebas del proceso de calificación, actores a quienes no les conviene en ninguna medida que resulten diagnósticos de tipo laboral por la responsabilidad que acarrea la misma; de ello se deriva la segunda situación, la cual se genera ante la controversia del origen, pues si bien, está definido desde el punto de vista legal quien debe proporcionar los servicios médicos asistenciales y económicos, se genera un titubeo que termina perjudicando la rehabilitación del trabajador; aunado a ello, dentro de la prestación de los servicios médicos, se avizora una inadecuada prestación, pues los mismos no se realizan dentro del término oportuno y no se garantiza un tratamiento integral, ante la omisión del servicio de traslado y manutención para atender los procedimientos médicos fuera de su lugar de residencia, realidad que se le suma la dificultad en los permisos por parte del empleador para asistir a las consultas, quien a su vez, es poco receptivo de las recomendaciones, restricciones y órdenes de reubicación laboral.
Es decir, en el país para sortear con éxito el reintegro laboral de los trabajadores tras sufrir accidente de trabajo y enfermedades laborales es importante realizar los ajustes y correcciones para identificar plenamente y con imparcialidad las victimas reales de estos eventos y así ser beneficiarios de este manual de Reincorporación Laboral y Ocupacional.