Gobernantes y dirigentes políticos y gremiales, deberían apersonarse de los efectos, y reclamo de legítimos derechos sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Por la actitud asumida hasta el presente, demuestran que no les interesa, el desarrollo, el progreso y defensa de los intereses de la región. Ese proyecto responde a la decisión dictatorial y perversa, del gobierno de Uribe, sin petición ni conceso de los huilenses. Nuestra actitud sumisa, oportunista y cómplice, lo garantizó. La multinacional Emgesa, como cualquier multinacional, pescó en río revuelto y ganó. Gobernantes y dirigencia regional, supieron que era unipropósito. Guardaron silencio. Solo producirá energía y utilidades para la multinacional. Para el Huila absolutamente nada distinto a efectos dañinos. Las cifras engañosas que vociferan los representantes de Emgesa y que tácitamente, gobierno, autoridades y gremios avalan, deben ser analizadas y deben corresponder a lo que el ordenamiento legal obliga. No menos. Aunque sea por curiosidad, gobernantes y dirigentes del Huila, deberían conocer la posición única y los criterios que primaron unánimemente, entre la dirigencia paisa, para defender los intereses de Antioquia, respecto a la construcción, operación, beneficios económicos y destino futuro de Hidroituango. Autoridades y gremios deben vigilar el cumplimiento de la ley, al respecto y exigir al gobierno central, que sus subalternos acaten la ley y hagan cumplir lo estipulado en la Licencia Ambiental. No es razonable, después del desarrollo alcanzado por el proyecto, pretender obligar la suspensión definitiva del proyecto. Pero debe tenerse en cuenta, que de parte del gobierno, no hubo regulación en la concepción y definición del alcance del proyecto. La multinacional lo impuso como se le dio la gana. En el proceso de construcción quiere hacer lo mismo. A las autoridades y a la dirigencia política y gremial les interesa un bledo. Los afectados directamente, protestan, en muchos casos por cuestiones baladíes. Ellos no disponen de un universo de conocimientos suficientes, que les permita entender, el alcance de sus reclamaciones y el contexto político-económico, que protege a la multinacional. Por lo visto, quienes los asesoran tampoco. Pero el gobierno, debe obligarla a que cumpla con las leyes nacionales, en todos los sentidos. Aun es tiempo de exigirle al gobierno, atender los reclamos técnicos y legales, sobre el proyecto. La dirigencia política y gremial, debería ser consciente, de que debe defender los intereses regionales y de los afectados directamente. Técnicamente, es posible analizar y modificar parámetros del proyecto, que al lograrlo, reducen los daños, sin afectar el potencial eléctrico del proyecto. La Asamblea de Huila, concejos y gremios, no actúan. ¿No entienden? Es tiempo de actuar. Se requiere responsabilidad, de gobernantes y dirigentes.