Bastante mal le hacen al Estado de Derecho – y dan pésimo ejemplo ante el resto de sus conciudadanos – personajes de altísimas responsabilidades públicas, políticas y sociales cuando eluden el cumplimiento de las mínimas obligaciones, una de ellas acatar las decisiones de la Justicia, someterse a sus decisiones y acudir, cuantas veces sean requeridos, a rendir cuentas de sus actuaciones. Bastante mal le hacen al Estado de Derecho – y dan pésimo ejemplo ante el resto de sus conciudadanos – personajes de altísimas responsabilidades públicas, políticas y sociales cuando eluden el cumplimiento de las mínimas obligaciones, una de ellas acatar las decisiones de la Justicia, someterse a sus decisiones y acudir, cuantas veces sean requeridos, a rendir cuentas de sus actuaciones. No es por supuesto la primera vez, y seguramente no será la última, que el país observa a una personalidad evadir la acción de la justicia alegando ser víctima de una supuesta “persecución política”, frase ya convertida en consuetudinaria excusa de quienes se consideran eximidos de la responsabilidad de someterse a una de las ramas del poder público. El episodio del ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, sumado al discutible asilo concedido a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, constituyen dos negativos ejemplos de altos protagonistas que, sin que hubiesen cambiado las condiciones del Estado, afirman y vociferan ahora que esa estructura jurídica que ellos representaron y defendieron no les sirve, no les otorga garantías, no es de su confianza. Como si los jueces de hace poco más de un año, y los fiscales y los procuradores, no fuesen los mismos; como si las normas que ellos mismos impulsaron, promovieron o respaldaron no tuviesen las mismas letras hoy. No se trata aquí, vale precisarlo, de señalar que el señor Restrepo, hombre de altísimas calidades intelectuales, o la señora Hurtado sean o no responsables de lo que la Justicia les endilga. Gozan aún de la presunción de inocencia, tienen derecho a un abogado de confianza o del sistema de Defensoría Pública si no pudiesen costear el primero, las normas y el Estado de Derecho les garantizan el debido proceso, sus respectivos procesos son públicos, abiertos, con una especie de veeduría ciudadana a través de los medios de comunicación. Tienen a la mano, por su misma condición de personajes, la posibilidad de refutar las acusaciones que se les hacen. En fin, no hay excusa jurídica válida para escapar a la acción de la Justicia. Restrepo y la señora Hurtado, junto con sus familiares, amigos cercanos y otros tantos que les rodean, deberían sopesar la alta responsabilidad que les cabe ante la sociedad colombiana. Ellos fueron depositarios de cargos del más alto nivel, tuvieron el manejo de delicados asuntos para el país y, por ello mismo, constituyen parte del reducido grupo de ciudadanos que deben dar el mejor ejemplo de acatamiento a las normas y a las determinaciones de los jueces. Sin dejar de lado el fuerte debate ideológico y político que rodea sus casos, los dos hoy reos de la Justicia están a tiempo de enmendar esos malos pasos, de acudir como todo buen colombiano al llamado de sus investigadores y juzgadores, y con ello tener la autoridad moral suficiente para mirar de frente a su entorno más cercano, y a la Nación misma, y hacerse cargo de las consecuencias de sus actuaciones. “Dura lex, sed lex” promulgaron los estudiosos romanos del primigenio derecho que hoy nos domina. “No es por supuesto la primera vez, y seguramente no será la última, que el país observa a una personalidad evadir la acción de la justicia alegando ser víctima de una supuesta “persecución política”.. EDITORIALITO Como todos los grandes artistas, Faustino Sandoval, una figura emblemática de las fiestas del San Pedro, murió sin ninguna protección, más allá que la ofrecida por su familia. Pese a los aportes, partió al otro mundo sin reconocimientos.