El traslado a las 26 Zonas Veredales de Transición (ZVT) de los combatientes de las FARC representa la esperanza por la construcción de la paz. A pesar de los tropiezos que ha tenido este proceso de justicia transicional debido a una férrea oposición de algunos sectores de la población, al triunfo del No en el plebiscito, a la acción de unas élites políticas y económicas temerosas y a la publicación por los medios de comunicación de varias mentiras sobre el alcance de lo pactado en la Habana, parece que hay un sentimiento en el ambiente: es fundamental apostarle al camino de otra Colombia más justa, sin corrupción y donde se pueda avanzar hacia un desarrollo alternativo y acorde a las circunstancias particulares del país. Ese sentimiento es, quizá, el que ha permitido que la rueda del proceso continúe con su avance.
Entre tanto, lo que más sigue preocupando a las fuerzas opositoras al proceso, especialmente a quienes integran el Centro Democrático (CD), es no poder ver a los excombatientes subversivos pagando largas condenas tras las rejas de la justicia ordinaria. Esta visión demuestra el apego de esos sectores ideológicos a un derecho de corte punitivo, preocupado, principalmente, por el castigo.
Autores como Michel Foucault ya han advertido que la ansiedad por aplicar el castigo como justicia en una sociedad lleva tras de sí intereses políticos de segmentos de la población que buscan perpetuar su poder aislando a quienes les resultan molestos. Se alude así a la justicia para pedir privación de libertad –venganza –sin preguntarse, tan siquiera, cuál es el fin del encierro en un país de cárceles hacinadas donde, a pesar de eso, la delincuencia no disminuye sustancialmente. La cárcel es un mecanismo de control efectivo que busca excluir a algunos individuos que piensan cosas que se salen de lo establecido. No obstante, hay algunos que afirman que la cárcel sí resocializa.
Es raro que los opositores al proceso no se expresen con tanta euforia por otros temas que también tocan este asunto. Por ejemplo ¿por qué no se denota una preocupación por la materialización de la restitución de las tierras despojadas? ¿Por qué no se observa una vehemencia a la hora de pedir por la efectiva reparación a las víctimas del conflicto? ¿Por qué estos sectores no han condenado los asesinatos de varios líderes sociales en lo que va corrido del año? Ha hecho falta que asuman de manera seria el flagelo de la corrupción. Los recientes escándalos –como el caso Odebrecht –revelan que la corrupción es otro campo de guerra por acabar.
