Cada día crecen las preocupaciones sobre el futuro de Colombia. Gustavo Petro está dedicado por completo a una estrategia que ha denominado “golpe de Estado”. Su objetivo: erosionar la institucionalidad y asegurar su permanencia en el poder a cualquier costo. Lo que antes parecían simples especulaciones, hoy se revela como una amenaza tangible. Petro es plenamente consciente de que ese supuesto “golpe” es un sofisma, un paso en su libreto para llevar a cabo sus propósitos oscuros, mientras polariza el país constantemente.
Entre tanto, su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, intenta distraer con la propuesta de un “acuerdo nacional”. Pero este llamado enfrenta varios problemas fundamentales. Primero, Petro es el mayor obstáculo de dicha propuesta, por su actitud confrontacional que impide cualquier posibilidad de acuerdo, con los potenciales participantes del mismo. Segundo, la crítica situación de seguridad en el país no se resuelve con un acuerdo, sino con la acción decidida de la Fuerza Pública, responsabilidad que recae sobre el propio Petro. Y, tercero, los puntos planteados por Cristo como base del acuerdo no son discutibles; son mandatos constitucionales que el gobierno está obligado a cumplir.
En lugar de acuerdos vacíos, lo que se necesita es un gobierno que respete la Constitución, la ley y que inspire confianza. La estrategia de ideologizar la agenda nacional y de manipular las instituciones para obtener beneficios particulares está debilitando al Estado de manera alarmante. Y mientras esto ocurre, los problemas del país continúan agravándose.
En este ambiente caótico, propiciado por el mismo gobierno, el ministro Cristo hizo una revelación preocupante esta semana. En una entrevista radial, reconoció que las elecciones de 2026 están en riesgo debido a las amenazas de los grupos armados. Es alarmante escuchar de un alto funcionario del gobierno que la democracia está amenazada, sobre todo cuando Petro, responsable de la seguridad nacional, ha priorizado diálogos interminables, sin condiciones ni resultados con las organizaciones criminales que atentan contra la nación, descuidando el control territorial y el orden público de forma sospechosa.
Los huilenses, al igual que la mayoría de los colombianos en diversas regiones, somos testigos de esta realidad. Hemos denunciado el aumento descontrolado de la extorsión, el incremento del secuestro, la reaparición de retenes criminales en carreteras, como el ocurrido entre Suaza y Florencia, el reclutamiento de menores de edad, como el caso de las niñas reclutadas en La Plata por las Farc, y los ataques a estaciones de policía, como el de Nátaga. Estos no son relatos inventados; son hechos concretos de la grave situación que padecemos.
Ante este panorama y las declaraciones de Cristo, resulta inquietante que el primer punto del “acuerdo nacional” sea, “respetar el calendario electoral y las reglas democráticas”. Es inconcebible que el gobierno promueva un acuerdo para cumplir con sus deberes constitucionales y proteger nuestra democracia.
Los colombianos debemos exigir claridad y, sobre todo, un compromiso firme del gobierno en el cumplimiento de sus responsabilidades. Es inaudito que el presidente de la República pida un acuerdo para respetar la democracia y proteger sus instituciones. Las elecciones, por ningún motivo, pueden estar en riesgo.