El ministro de Salud Alejandro Gaviria anunció que la medida “garantizará en el mediano plazo, en algunos meses, una mayor facilidad para que los usuarios se pasen de una a otra” sin que estén obligados a permanecer un largo tiempo para trasladarse. No obstante se tendrá una cláusula mínima. En todo caso será más flexible, disminuyendo los tiempos de permanencia.
Actualmente para poder cambiarse de EPS el cotizante, es necesario que tenga 12 meses de cotización en la EPS actual (Decreto 1406 de 1999, art. 44). Si tiene beneficiarios tendrán el mismo tiempo de cotización mínima que se cuenta desde el momento que ingresaron como beneficiarios.
El anuncio fue hecho durante la firma de un convenio con la Defensoría del Pueblo dirigido a brindar a los ciudadanos una mayor y mejor información sobre los derechos y deberes que tienen como usuarios del sistema, el desempeño de las EPS y la evaluación que otros usuarios dan a las mismas.
Ranking
En el mismo acto se reveló de desempeño de las EPS.
En la primera encuesta sobre percepción se evaluaron tres rangos (respeto a los derechos de los usuarios, evaluación por parte de los usuarios y procesos y resultados de la atención en salud). En este orden se rajaron en el régimen contributivo, Humanavivir y Golden Group. En el régimen subsidiado, las EPS que tuvieron puntos más bajos en los mismos tres rangos fueron Comfacundi, Caprecom, Saludvida y Capital Salud. Comfamiliar del Huila obtuvo una calificación en la prestación de servicios medio-bajo.
Entre las entidades que tuvieron buena aceptación por parte de los usuarios se encuentran Compensar, Sanitas y Cafesalud y Comfenalco por el régimen contributivo, y Multaser, Confamiliar Cartagena y Cafesalud por el régimen subsidiado.
Gaviria Uribe aseguró que esta herramienta “permitirá que las entidades con baja calificación en las encuestas de percepción, que se realizarán anualmente, tengan la oportunidad de trabajar para mejorar su servicio”.
Según la Defensoría del Pueblo, el año pasado llegaron cerca de 420 mil tutelas a la Corte Constitucional, de las cuales 116 mil correspondieron a reclamaciones por malos servicios de salud.
