Por fin terminó la extensa y agotadora acusación contra los 15 implicados por la comprada elección de Personera y Contralor de Neiva. Juez revalidó ayer la representación de víctimas en el sonado caso.
RICARDO AREIZA
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Con la prescripción a las espaldas, la Fiscalía puso punto final a la sustentación verbal de la acusación contra los concejales, servidores públicos y particulares, involucrados en la espuria elección de Personera y Contralor de Neiva.
Después de dos años, cuatro meses y catorce días de haberse presentado el escrito de acusación, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva anunció ayer la culminación de esta complicada fase y fijó sin derecho a reclamar las nuevas fechas de la audiencia preparatoria, la antesala del juicio oral que examinará la probable responsabilidad de los implicados en las conductas que se investigan.
Las tres diligencias en serie fueron programadas para agosto próximo días, antes de cumplirse los tres años de haber sido capturados en plena sesión, el 23 de agosto de 2018. Otros fueron detenidos en sus apartamentos o en sus oficinas particulares.
Víctimas
Antes, inusualmente, la bancada de la defensa del ex contralor José Hildebrand Perdomo y del comerciante Rened Cantillo se opusieron a que las víctimas (en este caso la administración municipal) se constituyera en parte dentro del proceso.
Aunque ya tenían esa categoría, la juez de conocimiento ratificó ayer el reconocimiento a la representación de víctimas a la Alcaldía de Neiva, constituida desde las audiencias preliminares.
“Si bien la apoderada del ente territorial no precisó el daño, tratándose de delitos contra la administración pública, lo pertinente es que se reconozca la calidad de víctima del Municipio de Neiva”, precisó la operadora judicial.
En estas condiciones, la abogada Martha Jimena Suárez Burgos, seguirá actuando en el proceso en calidad de apoderada de víctimas, en representación de la Alcaldía de Neiva.
Larga espera
Aunque la ley prevé términos perentorios para radicar, acusar y sustentar los cargos, la Fiscal 12 seccional sobrepasó con creces esos plazos precisos, entre otras razones por la complejidad del proceso, el volumen de elementos materiales de prueba y evidencias físicas legalmente recaudadas y el número de implicados.
El Código de Procedimiento Penal (artículo 175) establece que la Fiscalía dispondrá de 30 días para formular la acusación, contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación. Aunque se plazo se duplica por tratarse de delitos contra la administración pública, la morosidad es alarmante.
El escrito de acusación fue presentado el 20 de diciembre de 2018 (cuatro meses después de las capturas de los 15 involucrados) por la fiscal del caso, con toda la evidencia física legalmente recauda, entre otras, 33.000 interceptaciones telefónicas el principal soporte.
El juez inicial de conocimiento, Jorge Enrique Luna fijó la audiencia de acusación para el 5 de mayo de 2019.
Un día antes de la audiencia el fiscal de apoyo sorpresivamente solicitó el aplazamiento de la diligencia judicial.
Luego una audiencia de revisión de legalidad fue realizada el 26 de febrero de 2019. También se suspendió.
La audiencia de acusación fue reprogramada para los días 12 y 13 de diciembre de 2019. Luego se fijó para febrero siguiente y finalmente para el 13 de marzo de 2020, antes de la emergencia sanitaria, cuando sufrió un nuevo revés, por un impedimento de la juez titular.
Nulidad
Reasignada la competencia, la diligencia fue reprogramada para el 28 de septiembre de 2020 y luego se agendó para finales de noviembre y se continuó el 8 y 10 de marzo de 2021. Los abogados del ex contralor y del comerciante de café, pidieron la nulidad de la acusación argumentando que la verbalización fue incoherente, que la fiscal no precisó los cargos, ni las cuantías de los sobornos. Tampoco los beneficiarios, violando supuestamente, las garantías procesales.
Sin embargo, la juez Cuarto Penal del Circuito denegó la nulidad. La decisión fue notificada el 23 de marzo. “El escrito de acusación verbalizado por la Fiscalía, pese carecer de las cualidades de concreción y nitidez, sí contiene una relación clara de hechos jurídicamente relevantes”, manifestó la funcionaria.
Además, rechazó la nulidad por violación al debido proceso y derecho de defensa a los acusados, recordando que siempre han estado asistidos por su abogado y las audiencias se han tramitado legalmente.
Los dos abogados interpusieron el recurso, objeto de la apelación ante el Tribunal Superior de Neiva.
Espaldarazo
El 14 de abril pasado, la Sala Penal rechazó el incidente de nulidad y confirmó la validez del llamamiento a juicio.
La Fiscal 12 seccional, defendió la coherencia de la acusación y mantuvo incólumes los cargos como probables coautores de los delitos de cohecho por dar u ofrecer; cohecho propio; celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; obtención de documento público falso y destrucción, supresión y ocultamiento de documentos públicos, entre otros.
“Estas conductas de cohecho por dar u ofrecer se materializaron con el ofrecimiento realizado a los concejales que hoy se encuentran vinculados a la actuación penal. En ese concurso están los concejales que aceptaron el ofrecimiento y fueron acusados por cohecho”, precisó la fiscal al concluir la sustentación.
Esas sumas de dinero entregadas a los concejales ascendieron a un valor aproximado de 15 millones de pesos por concejal, cumpliendo los acuerdos secretos, pactados antes y después de la elección.
“Los sobornos no fueron aislados ni individuales. Desde las audiencias preliminares se dijo que fueron sobornos ofrecidos, aceptados y entregados a por lo menos estos diez concejales, en un ‘entramado de corrupción’ como está rigurosamente documentado”, subrayó Losano.
El procurador judicial, Gerson Avilés y la representante de víctimas, Martha Jimena Suárez defendieron la sustentación.
Hacia la prescripción
A pesar de las dilaciones propias del proceso judicial, en el umbral de la prescripción, la juez de conocimiento fijó para la primera semana de agosto el inicio de la audiencia preparatoria. Aunque fijó tres días seguidos, los abogados de la defensa, consideraron que en ese tiempo, no se alcanzará a evacuar, entre otras razones por el voluminoso material probatorio, que incluye 33.000 audios de interceptaciones telefónicas, 14.000 relevantes y otras 3.500 evidencias físicas.
Con la prescripción pisándole los talones en agosto próximo se realizará la audiencia preparatoria. Pero no alcanzarán las tres diligencias virtuales para evacuar todo el descubrimiento probatorio, que se hará valer en el juicio. Otra talanquera.
La mora judicial terminará desbocando la prescripción de la acción penal, especialmente para los particulares, aparentemente comprometidos en el pago de los sobornos y en otras conductas previas durante el cuestionado proceso para escoger Personera y Contralor.
Entre ellos el empresario, Rened Cantillo Álvarez, quien aportó los dineros y sirvió de puente para endosar por plata los votos de los concejales.
El comerciante fue acusado como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo, conducta que está a punto de prescribir.
Lo mismo ocurre con el médico Luis Antonio Medina, quien no ostenta la calidad de servidor público.