En jaque casetas del pasaje peatonal José Eustasio Rivera

El mobiliario urbano, instalado hace dos años, podrá ser desmontado, atendiendo una acción popular que restringió el uso comercial de ese espacio público. ¿Qué pasó con las obras del Malecón?

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

La suerte de las improvisadas casetas ubicadas por la Alcaldía de Neiva en el pasaje peatonal ‘José Eustasio Rivera’ se barajará la próxima semana.

El Tribunal Administrativo del Huila decidirá si ordena el desmonte inmediato de esas estructuras abandonadas como los solicitaron sus vecinos o preservará los 35 módulos instalados hace dos años en el corredor peatonal.

A menos de dos meses de iniciarse las fiestas del San Pedro, luego de dos años de suspensión por efectos de la pandemia, la corporación judicial, convocó de nuevo a las partes para examinar el cumplimiento de una acción popular que restringió el uso de ese espacio con fines comerciales o expendios de licor, clásicos en la temporada sampedrina.

La decisión se tomará en el trámite de un tercer incidente de desacato por el reiterado incumplimiento

de una acción popular fallada hace 19 años.

Atendiendo el incidente propuesto por Álvaro Díaz Zambrano, administrador de la Propiedad Horizontal del Edificio Sevilla y respaldado por los vecino, el magistrado Enrique Dussán Cabrera,

desarchivó el expediente y convocó a una nueva audiencia de verificación. La diligencia se surtirá de manera virtual el próximo 12 de mayo de 2022.

El magistrado requirió a la administración todos los soportes  y los actos administrativos expedidos que regulen el uso del suelo en este sector, lo mismo que las condiciones en que se entregaron las casetas, las certificaciones de paz y salvo y pago de impuestos de los adjudicatarios sobre el uso de estos espacios públicos. Y desde luego las certificaciones sobre los derechos de conexión de los servicios públicos.

Reconversión

El pasaje peatonal fue creado en 1975 como un paseo urbanístico para el disfrute del espacio público y no como un  albergue con fines comerciales. El pasaje peatonal fue adoquinado en el 2008 con la peatonalización de la Carrera Quinta y el ‘Camellón de la 14’.

Hace dos años fue convertido en  un improvisado ‘escampadero’ comercial, supuestamente, para reubicar a los artesanos ubicado en el Malecón. Sin embargo, los comerciantes se negaron a ocuparlos por las deficiencias encontradas y hoy están abandonos,

convertidos en nuevos focos de inseguridad.

Escampadero

Según los promotores del incidente, el escampadero fue instalado en junio de 2020 cuando comenzó la reconstrucción del ‘Malecón’ sobre la margen derecha del río Magdalena.

El albergue estaba destinado para ventas informales y según la administración, sería temporal.

“La realidad es que nunca funcionaron. Las casetas no fueron recibidas ni ocupadas por los supuestos beneficiarios. Hoy están ocupadas por habitantes de calle, usadas para consumo de bebidas embriagantes y consumo de sustancias alucinógenas.

Al reactivarse la temporada sampedrina en forma presencial, estos sitios serán utilizados para otros usos, distintos a los inicialmente proyectados.

Lo que sabemos es que la administración municipal las convertirá en castas estacionarias y no temporales”, como esta previsto.

“Además, en sus alrededores la alcaldía autorizó la apertura de tres bares, de propiedad de personas cercanas a la administración municipal. Estos gastrobares laboran hasta altas horas de la noche, siendo fuentes de escándalos y música estridente”,  sostuvo Díaz Zambrano durante una primera audiencia convocada por el magistrado Enrique Dussán Cabrera.

Las casetas costaron 184 millones de pesos y tendrán que ser desmontadas.

Cambios de uso

“Ese eje era utilizado para realizar caminatas, actividades lúdicas y biosaludables. Con esas casetas eso se acabó. A pesar de las restricciones, está siendo utilizado para otros fines, desconociendo los usos del suelo.

“Ahora quedó convertido en una porquería”, aseguró el señor Díaz Zambrano.

“Lo más lamentable: esas casetas fueron construidas a lo largo del pasaje, sin alumbrado público, sin servicios públicos, sin baños ni servicios sanitarios, lo que puede representar un problema de salubridad” explicó Martha Trujillo Moncaleano, vecina de Sevilla, quien coadyuvó la acción judicial.

“En verdad, este lugar es utilizado para actividades distintas a las legalmente autorizadas, no culturales, sino para ferias, incluso para actos políticos como ocurrió en días pasados promovidos por el grupo Primero Neiva que identifica a la Alcaldía de Neiva”, recordó Díaz Zambrano.

“Incluso para la realización de protestas, lo que ha significado que se destruyan los equipamientos”, acotó.

Detrimento

Los 35 módulos fueron ubicados de manera temporal mientras culminaba la remodelación del ‘Malecón’.

El  estrambótico mobiliario  costó 184 millones de pesos, dineros públicos perdidos porque las casetas no cumplieron el fin para el cual fueron creadas, lo que puede representar un detrimento patrimonial, teniendo en cuenta, que por su eventual temporalidad, serán desmontados.

Sin embargo, la directora de Convivencia, Ana Ruth Andrade, reiteró que las casetas serán temporales.

“Una vez se termine el malecón, serán reubicadas. Esperamos que se haga en los próximos días. Aspiramos a que a más tardar en enero hayan sido reubicadas”, precisó.

La funcionaria confirmó que las casetas no cuentan con servicios sanitarios ni baños públicos. Tampoco cuentan con los permisos de conexión del servicio de energía.

Las obras del remodelado Malecón siguen sin usarse.

Malecón

Según la Gobernación del Huila, encargada del Malecón, las obras fueron terminadas, pero no están operando.

El contrato venció el10 de diciembre de 2021, sin que se haya reactivado. Hoy están con un encerramiento provisional, sin uso y en condiciones, que no podrán usarse durante las fiestas sampedrinas. ¿Qué pasaría?

Desacatos

Por el uso indebido del suelo, el Tribunal Administrativo del Huila tramitó  en el pasado reciente otros dos incidentes de desacato que terminaron con sanciones.

El primero fue resuelto mediante auto de mayo 20 de 2009. El segundo fue admitido en abril de 2010 y terminó con una sanción  a la Alcaldía de Neiva y a la Gobernación del Huila por incumplir con el fallo judicial.

Las dos entidades fueron condenadas a pagar una multa de diez millones de pesos con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos

Pacto incumplido

El fallo que aprobó el pacto de cumplimiento fue firmado el 27 de agosto de 2003. La sentencia aprobatoria prohibió el uso del espacio público que corresponde al sector comprendido entre el Centro de convenciones y sus alrededores incluidos el pasaje José Eustasio Rivera, para la ubicación de casetas destinadas al expendio de bebidas alcohólicas y/o alimentos.

La Gobernación del Huila se comprometió a reglamentar el uso del espacio público correspondiente a la plazoleta y entorno del Centro de convenciones José Eustasio Rivera a más tardar el 26 de agosto de 2003. Nunca lo hizo.

Según el pacto, este espacio no sería utilizado para orquestas, animación de verbenas públicas, fiestas, destinación de casetas para expendio de licor o comidas.

De igual forma la Alcaldía de Neiva se comprometió a prohibir el uso indebido del espacio público en este mismo sector y a ejercer los debidos controles para impedir un uso distinto como la ubicación de casetas, carpas, canecas, destinadas a la distribución o expendio de bebidas alcohólicas y/o de alimentos y deberá controlar de manera efectiva dichas ventas ambulantes a través de la Policía Nacional.

El procurador judicial David de La Torre, demandó de las autoridades competentes el acopio de la información sobre el estado del cumplimiento y demandó de la comunidad las evidencias sobre el incumplimiento.

El magistrado Enrique Dussán Cabrera ordenó a la administración municipal y a la Gobernación del Huila, el reporte sobre el cumplimiento y reglamentación de la zona, exigió de la Policía las medidas de control, para determinar si amerita la apertura del tercer incidente de desacato por incumplir el fallo judicial y por lo tanto el desmonte del improvisado mobiliario.

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