Francisco José García Lara
Cada cierto tiempo somos sacudidos por noticias de asesinatos en atracos callejeros, de los cuales generalmente son víctimas personas jóvenes.
Después nos enteramos que sus victimarios son reconocidos criminales que merodeaban la zona y cuyas andanzas eran conocidas por las autoridades, sin que se conociera ningún tipo de acción para prevenir su actuar delincuencial.
En algunas ocasiones la agilidad para su captura y judicialización sorprende, en otras, la gran mayoría, la impunidad se convierte en cómplice del hecho.
Es frecuente que los habitantes de un barrio conozcan donde se expende droga o quienes cometen los delitos, pero prefieren callar por temor, complicidad con el vecino o porque de antemano saben que la autoridad no actúa, generando un tácito respaldo al delincuente de parte de sus potenciales víctimas.
Nos acostumbramos a la violencia, a que asesinen ciudadanos por un celular, una moto, una joya o por cualquier otra cosa, el dolor y la indignación es momentáneo, la sociedad manifiesta brevemente su solidaridad, pero no se toman medidas reales para impedir que alguien más pase por la misma situación.
Los delincuentes se movilizan libremente y a sus anchas, bien sea porque las autoridades no los capturan, o porque sometidos a la justicia, la fiscalía y la rama judicial asumen un rol pasivo, y amparándose en procedimientos, acuden a la controversial excusa de la protección de los derechos del bandido, sin considerar siquiera que tienen una real función social para poner tras las rejas a quienes son consumados delincuentes, y por tanto, son un peligro para la sociedad.
Los colombianos estamos a merced de los bandidos, se echa de menos una política de estado seria y eficiente, ante un hecho aberrante como el asesinato de un ciudadano, los representantes de este reaccionan con frases comunes y rimbombantes, hasta tal punto, que es verdaderamente vergonzoso ver alcaldes y comandantes de la policía dando declaraciones cuando se comete un asesinato, carentes de ideas y de estrategias para enfrentar la delincuencia, reflejo de su inutilidad o poco interés para cumplir con su función constitucional de proteger la vida y bienes de sus gobernados.
El estado es un complejo aparato burocrático, impotente para controlar a los criminales, lo que implica que únicamente nos queda como opción encomendarnos a la protección del ángel de la guarda, estamos obligados a acudir a lo celestial, porque lo terrenal, o sea el estado, hace rato dejo de funcionar, hasta el punto de que, aunque sabemos que ahí está, no podemos afirmar con certeza que exista.