Sorpresivamente el juicio oral por el fraude financiero en la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila) fue reprogramado para el próximo año, atizando la prescripción.
RICARDO AREIZA
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Cuando se creía que el fraude financiero en la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila) estaba próximo a sellarse, un sorpresivo aplazamiento del juicio oral, puso en duda su pronta terminación.
A pesar del abundante material probatorio y la evidencia legalmente recaudada, así como la confesión plena de uno de los principales responsables, el juicio se reprogramó para el próximo año, lo que puso en alerta a la bancada de la defensa.
Y no es para menos. Claudia Liliana Espitia Garrido, quien tiene una orden de captura internacional, es procesada por el delito de hurto agravado y falsedad en documento privado.
La demora en el proceso, por los delitos cometidos desde septiembre de 2012, comenzó a bordear la prescripción de la acción penal por lo menos en la falsedad de documentos. “No tiene sentido dilatar más este proceso”, alegó la defensa.
Las mismas conductas fueron imputaron a otras cinco personas, aparentemente comprometidas en la irregularidad, y tampoco ha sido posible, avanzar en este caso.
Desde que se inició el juicio, solo se ha escuchado a dos testigos de la Fiscalía, faltando el resto de testigos de las partes. Además, en medio del juicio oral, se aspiran a incorporar nuevos testimonios, como una clara estrategia dilatoria de la defensa.
Aun así, el juicio oral debió interrumpirse. Cuando se pensaba que ayer mismo podría dictarse una nueva sentencia, el proceso se suspendió hasta finales de abril de 2021.
La apretada agenda del despacho judicial y la carga adicional de procesos de alto impacto que le correspondió asumir por impedimentos de los jueces de conocimiento, pusieron este caso, en la orilla del abismo.
La prueba técnica
La confesión del auxiliar contable, quien manipuló el sistema contable y el material probatorio sobre los cheques girados y cobrados, debidamente documentados en el primer fallo, no fueron suficientes para agilizar el proceso.
Ahora se sumó la prueba técnica que demostraría documentalmente la responsabilidad de la señora Espitia Garrido.
“No hay duda que se trata de la huella de la procesada. Se encontraron once puntos de coincidencia. Hay certeza plena que el registro dactilar corresponde a la misma persona, no hay ninguna posibilidad que las huellas examinadas correspondan a otra persona”, declaró Rosa Fanny Quimbaya, experta en grafología, quien realizó la verificación de los documentos, entregados en una bolsa de manila, con cadena custodia, debidamente sellados y rotulados.
Los cheques originales suministrados por los bancos reposan actualmente en el almacén de evidencias de la Fiscalía, como pruebas irrefutables que incriminan a la procesada, como la persona que los suscribió, selló y luego cobró.
“En los documentos aparecía la firma y la huella de Claudia Liliana Espitia. Era una huella nítida, apta para estudio. Analizada la impresión dactilar junto a la firma y cédula se concluye que estas corresponden a la señora Espitia Garrido”, insistió en la audiencia virtual.
El abogado de la procesada insistió en demostrar que el informe de grafología tenía supuestas inconsistencias técnicas y que muchos de los rasgos, aparentemente no coincidían con los registros dactiloscópicos de la procesada.
El fraude
A pesar de los reportes de las instituciones bancarias y la evidencia recolectada quedó en evidencia la forma como se realizó el fraude. El propio Karol Jovanny Becerra, encargado de alterar el sistema contable, reconoció su responsabilidad y la forma como se realizaron las transacciones irregulares, así como el rol de la señora Espitia Garrido, quien se encargó del giro y cobro.
En el expediente aparecen como evidencia probatoria los 391 cheques girados irregularmente, firmados y sellados fraudulentamente. De estos títulos 332 pertenecen a una cuenta corriente del Banco Caja Social y 59 cheques a otra cuenta corriente del Banco de Colombia.
Los títulos valores fueron expedidos manualmente entre septiembre de 2012 y abril de 2013, como lo declaró el principal testigo, encargado de manipular el sistema contable.
El fraude financiero hasta el momento fue cuantificado en 1.889, 48 millones de pesos. Inicialmente, con otras anomalías contables denunciadas por la revisoría fiscal, la cifra era superior.
Por supuestos pagos de horarios fueron girados entre el 16 y el 18 de enero de 2013 varios cheques con información falsa.
Las maniobras
El auxiliar contable, condenado en sentencia anticipada, corroboró las demás evidencias.
Los comprobantes de egreso aparecen con nombres falsos, cédulas inexistentes o números adulterados.
Los valores oscilan entre 3,2 y 4,9 millones de pesos, con registros internos intercalados, supuestamente autorizados por el rector de la institución, cuya firma fue suplantada. Los cheques aparecen endosados y cobrados por ventanilla por la señora Espitia Garrido sin reparos por parte de las entidades financieras.
Desde que se destapó el escándalo LA NACIÓN tuvo acceso a la relación de los documentos falsificados y les hizo el debido seguimiento demostrando la forma como fueron manipulados.
El primer cheque corresponde a Claudia Liseth Arévalo (nombre y cédula inexistentes). El segundo fue girado a José Alfredo Rengifo. El número de la cédula, expedida en Neiva, corresponde a Miguel Ángel Bello Motta. El mismo nombre aparece cobrando otro cheque pero con otro número de cédula.
En otro cheque aparece como beneficiario Marco Antonio Rincón Polo pero el número de cédula no existe. El número del documento aparece registrado a nombre de Rodrigo García de la Salas, de Barranquilla, ya fallecido.
La cédula fue cancelada por muerte, según Resolución No. 1975 del año 2013 según lo certificó la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Por supuestos arrendamientos y construcciones fueron girados en la primera semana de mayo de 2013 cinco cheques, con información falsa, por un valor de 24,52 millones de pesos.
Los cheques corresponden a la misma chequera de la misma serie, sólo que los beneficiarios no existen. Todos aparecen con suplantación de identidad. José Felipe Riaño Benavides y Faiver Alfonso Rendón Maldonado no aparecen en el banco de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Por supuestas afiliaciones y sostenimiento se giraron 11 cheques por 55.482,600 pesos entre el primero de marzo de 2013 y el 21 de junio del mismo año. Bajo este rubro se giraron once cheques curiosamente a personas naturales y no a las instituciones. Los títulos corresponden a tres chequeras de la institución, pagados por la entidad bancaria, sin inconvenientes.
Entre otros beneficiarios aparecen Sandra Marcela Coronado con cedula falsa (36142378) como destinataria de un cheque por 4,9 millones de pesos. Katalina del Pilar Hurtado Portela nombre ficticio con cédula falsa (36863076) aparece cobrando otro cheque por 4,9 millones.
Andrea Cecilia Prieto (nombre ficticio) cobró un cheque por 4,7 millones. El documento expedido en Bogotá pertenece en realidad a Diana Marcela Rojas Bohórquez, empleada independiente.
Por concepto de seguros en el mes de abril de 2013 aparecen registrados cuatro cheques por la suma de 17,06 millones de pesos de una misma chequera.
Curiosamente los giros se realizaron a personas naturales y no a compañías de seguros, como era lo correcto. No obstante, fueron cancelados por la entidad bancaria, a personas particulares, sin ningún reparo. Varios funcionarios o gerentes de empresas comerciales, supuestamente beneficiarios de los giros, los desmintieron en versiones libres realizadas por la Fiscalía.
Las mayores erogaciones se imputaron al rubro ‘gastos diversos’, con las mismas características de los giros anteriores. Todos fueron hechos presumiblemente a personas naturales inexistentes, o con suplantación de identidad. No presentaban soportes, tienen la misma secuencia interna y corresponden a varias chequeras.
Los cheques no sobrepasaron los siete millones de pesos (para eludir el control financiero) y, como en los casos anteriores, fueron pagados sin objeciones por las entidades bancarias.
En todos aparecía la firma y huella de Espitia Garrido, técnicamente probada. Aunque su abogado le impugnó credibilidad al peritaje, la Fiscalía reiteró el señalamiento como la probable responsable.
“No hay ninguna duda, no hay posibilidades de que se trate de otra persona la que firmó y estampó su huella”, destacó Rosa Fanny Quimbaya, quien realizó el estudio grafológico.